El acuerdo del PSOE y Unidas Podemos (UP) para formar un Gobierno de coalición es, en principio y si llega a cristalizar, una buena noticia. Lo es más por aquello que parece evitar de entrada, que por las expectativas a futuro. El horizonte se presenta de hecho bajo el signo de la incertidumbre y la […]
El acuerdo del PSOE y Unidas Podemos (UP) para formar un Gobierno de coalición es, en principio y si llega a cristalizar, una buena noticia. Lo es más por aquello que parece evitar de entrada, que por las expectativas a futuro. El horizonte se presenta de hecho bajo el signo de la incertidumbre y la inestabilidad en un marco previo de profunda involución.
Como los números no dan para un gobierno del PP apoyado en la derecha fascista y C’s, ese acuerdo bloquea la eventual alternativa de un gobierno PSOE lastrado por un pacto con la derecha. Ello habría supuesto un a limitación de los derechos sociales ante el panorama de desaceleración económica, un neonacionalismo español rampante y más involución en dirección preconstitucional.
Hacia ahí apuntaban algunas amenazas y decisiones recientes del Gobierno de Sánchez: Los vetos a determinados debates de los parlamentos autonómicos, la intervención de webs sin orden judicial, la inserción de las convocatorias de referéndums en el Código Penal, un nuevo 155 expreso, operaciones de deslegitimación de soberanismos emergentes, etcétera. Todo ello iba en línea con el bandazo d el Tribunal Constitucional en 2010 cuando rompió en Catalunya una regla de oro del principio de la separación de poderes y del Estado Autonómico: el respeto al veredicto popular de un referéndum estatutario celebrado tras su paso por las Cortes.
El alivio por el acuerdo, por otra parte, no descansa en la seguridad de su desarrollo. El abrazo entre Sánchez e Iglesias, lejos de transmitir energía y vocación de proyecto, parecía representar un gesto de auxilio mutuo en horas bajas, un apoyarse para no caerse. Entre los dos se dejan casi 1,4 millones de votos respecto de las elecciones de abril, que no se compensan con los 554.000 recogidos por el Más País de Errejón.
Algunas concesiones obtendrá UP, que es quien más arriesga. Se juega su ser o no ser, su futuro. Hace meses pudo haber optado por un apoyo parlamentario condicionado al acuerdo sobre un Programa de Gobierno que le dejara autonomía para vigilar su cumplimiento. Y, sobre todo, le hubiera dado un rol de alternativa. Ahora las posibles concesiones explícitas a UP no parece que puedan ser de gran calado, mientras asume un a responsabilidad de Gobierno que le compromete. Cabe vaticinar que el programa irá más en una línea social-liberal que socialdemócrata, más de acuerdo con no tocar las bases del Estado de las Autonomías que de amparar la expresión democrática de las reivindicaciones nacionales vascas y catalanas. Nos gustaría equivocarnos.
Marco de fondo
Los polvos de la Transición se han convertido en los lodos de la involución. Estamos instalados en una onda larga involucionista que pone en crisis política, constitucional y social algunas bases del régimen del 78. No sabemos si va a saldarse con una progresión hacia adelante -regeneración y democracia- o hacia atrás -restauración, vetos y bipartidismo-.
Ese proceso involutivo ya comenzó a expresarse tempranamente en los 80 con la LOAPA y el terrorismo de Estado; en los 90 con las leyes de excepción antiterrorista; en el primer decenio del siglo con la negativa a tramitar y negociar el Plan Ibarretxe y el derecho a consulta. En la última etapa la secuencia es frenética: Ley Mordaza omnibus como respuesta a las secuelas del 15-M; conjunto de tropelías contra las instituciones catalanas y sus representantes, con especial protagonismo del Gobierno paralelo de los Jueces, a modo de nueva Inquisición, esta vez de corte nacional-español.
El historial del PSOE al respecto no es precisamente brillante. Forma parte de las columnas del «régimen del 78» que sólo reconoce la existencia de una nación, la española; que impuso la Monarquía; que impidió la depuración del régimen anterior y la educación democrática; y que formalizó la desmemoria y la impunidad sobre el franquismo.
Ciertamente el marco es difícil, minado por la agresividad de las derechas y su coro mediático, por la abierta hostilidad de las fuerzas económicas y por la discrecionalidad conservadora de la alta judicatura, promotora de una «democracia militante» que impone la adhesión a una determinada lectura de la Constitución.
Como contrapunto, a penas se ha subrayado otro dato de fondo. Junto al despertar de la derecha fascista, en el 10-N han eclosionado los soberanismos nacionales. Suman 35 escaños. A ellos hay que añadir otros cuatro partidos periféricos (sin incluir a Navarra Suma). La declaración de Llotja de Mar que firmaron muchos de ellos aparece como parte de un programa común.
Un programa necesario
Tras aquel abrazo, lo previsible es un Gobierno frágil y una coyuntura inestable que se irá resolviendo a salto de mata, con riesgo de naufragio. Sin embargo, esa tendencia podría transformarse desde un acuerdo programático amplio y audaz de una nueva mayoría solvente, basada en las mejores tradiciones democráticas y participativas. Está en manos del PSOE hacerlo o no, y del resto exigirlo, incluso más allá del pase más o menos forzado de la investidura.
Hay algunas líneas para ese programa: la pedagogía antifascista, la democratización del Estado (revisión de la ley Mordaza, amnistía a catalanes y catalanas encarceladas, desjudicialización de la política, agenda vasca, respeto a los derechos sociolingüísticos…), derechos sociales (revisión de las reformas laborales anteriores, educación, sanidad, salario mínimo, pensiones, temporalidad..), administración económica pro-activa con apuesta por el I+D+I y nuevos sectores, nueva fiscalidad con incidencia en grandes patrimonios y las transnacionales bancarias o tecnológicas que evaden impuestos… y curso a consultas democráticas.
Traído ese acuerdo a Euskal Herria, ponemos el acento en dos temas centrales y urgentes. El Parlamento Vasco espera para el 30 de este mes el informe de la comisión de expertos sobre el nuevo estatus para la Comunidad Autónoma de Euskadi. Decenas de personas presas, sus familiares y miles de allegados, esperan del Gobierno español una nueva política penitenciaria, en la idea de ir vaciando las cárceles. Son incógnitas que propugnamos despejar en el sentido del derecho a decidir y de los derechos humanos, respectivamente.
Ramón Zallo y Xabier Oleaga, en nombre de Demokrazia Bai
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