Zonas vírgenes, concesiones atractivas y legislaciones ambientales débiles impulsan a compañías mineras transnacionales a buscar nuevas opciones de exploración y explotación de oro en América Central. Con el pretexto de la globalización y el fomento a la inversión, los gobiernos centroamericanos ofrecen a las mineras concesiones por 15 y 30 años, y el pago de […]
Zonas vírgenes, concesiones atractivas y legislaciones ambientales débiles impulsan a compañías mineras transnacionales a buscar nuevas opciones de exploración y explotación de oro en América Central.
Con el pretexto de la globalización y el fomento a la inversión, los gobiernos centroamericanos ofrecen a las mineras concesiones por 15 y 30 años, y el pago de impuestos de uno o dos por ciento sobre el total explotado. Estas ventajas colocan al istmo como un importante destino para iniciar una segunda «fiebre del oro».
Más de 23 regiones mineras vírgenes fueron identificadas en América Central, según informes de las compañías. Las trasnacionales más interesadas en invertir son mayormente canadienses y estadounidenses y quieren desarrollar más de 250 proyectos allí.
Pero ahora los gobiernos y las empresas mineras enfrentan la resistencia de las comunidades afectadas, que reclaman el derecho a la información.
A esta cruzada se sumaron líderes religiosos católicos que lideran fuertes protestas y movimientos en Honduras y Guatemala por los efectos ambientales y sanitarios de la explotación minera.
En Honduras, el movimiento más fuerte se concentra en el occidente del país. Le siguen los pobladores del central Valle de Siria, donde opera la minera Entremares, de capital canadiense, fuertemente cuestionada por sus técnicas de explotación a cielo abierto e investigada por ocasionar –según denuncias– enfermedades en la piel entre los habitantes de la zona.
Según la secretaría hondureña del Ambiente, más de 60 por ciento del territorio del país es apto para la explotación y exploración minera. Actualmente, organizaciones sociales agrupadas en la Alianza Cívica propugnan reformas a la ley de minería de 1998, pero éstas están retenidas en el Congreso legislativo por presiones de las empresas mineras.
Las protestas de oposición crecen no sólo en el occidente y centro del país, sino también en el sur. Según el sacerdote Germán Cálix, que encabeza las reformas, 31 por ciento del territorio fue concesionado a las mineras, con 84 permisos otorgados y otros 188 en lista de espera.
En Guatemala, la presencia del proyecto minero Marlin, de la canadiense Gladis Gold Limited, en el occidental departamento de San Marcos, enfrentó a los pueblos mayas con las autoridades, culminando con la muerte de una persona en 2005.
Nele Deprez, de la organización guatemalteca Ceiba, dijo a Tierramérica que «el conflicto y la indignación social (por el proyecto Marlin) persisten». Pese a la oposición, el gobierno otorgó 226 licencias de exploración y 316 de explotación minera.
En Guatemala, organizaciones como Ceiba y Madre Selva apoyan la lucha de los pueblos indígenas, donde tienen su principal asiento las mineras. Los habitantes argumentan que estas empresas llegaron sin informarles y violando convenios humanitarios internacionales.
En una consulta popular realizada en la última semana de julio, 29.266 pobladores rechazaron la minería a cielo abierto en casi 100 comunidades indígenas del occidental departamento guatemalteco de Huehuetenango.
No es casual que los problemas de Honduras y Guatemala inquieten también a El Salvador. Aunque allí no existe actualmente una explotación minera como tal, «queremos impedirla porque vimos sus efectos en otros países como Honduras, Perú y Guatemala», dijo a Tierramérica David Pereira, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social.
Andrés Mckinley, de Oxfam Internacional en El Salvador, declaró que en ese país existen 36 concesiones de exploración y una de explotación que no se activó.
Este permiso de explotación fue otorgado a la canadiense Pacific Rim para operar en el cantón San Francisco El Dorado, en el central departamento salvadoreño de Cabañas, explicaron Pereira y Mckinley en diálogo con Tierramérica.
Hace un mes, el ministro salvadoreño del Ambiente, Hugo Barrera, opinó –a título personal– que la minería de metales no es compatible con el desarrollo de su país. Pero ahora parece haberse retractado: el 23 de julio dio luz verde para que las mineras «fomenten» el desarrollo en El Salvador.
Los pobladores de la región de Cabañas, donde operaría la única mina de explotación por ahora aprobada, están preocupados pues aún tienen frescas las secuelas de destrucción que la única minera que funcionó hace 50 años dejó en la comunidad de El Divisadero.
En un encuentro convocado por la organización anticorrupción Probidad, Irene Mendoza, de la localidad de Los Llanitos, en el salvadoreño departamento de Cabañas, expresó: «Pronto, nosotros también nos quedaremos sin agua».
En marzo, el Tribunal Latinoamericano del Agua emitió una sanción moral contra Nicaragua, El Salvador y Guatemala por permitir la exploración y explotación minera sin medir los impactos ambientales y violentar convenios internacionales, especialmente de los pueblos tribales.
En Nicaragua, la empresa canadiense Desminic, que opera en la meridional región costera de Chontales, fue denunciada por propiciar altos niveles de contaminación en el río Mico, según el Centro Humboldt, que demandó a esa compañía al constatar enfermedades dermatológicas y caída del cabello en los pobladores y malformaciones genéticas en bovinos.
En Costa Rica existe una moratoria a la minería de cielo abierto, a la que este año se sumó Honduras, ante las presiones sociales que en 2005 obligaron al cierre de una minera al sudoeste del país.
De acuerdo al movimiento World Rainforest, Panamá también se volvió suelo atractivo para las mineras canadienses, la mayoría de cuyas concesiones fueron otorgadas en tierras indígenas. * La autora es colaboradora de Tierramérica. Con aporte de Jorge Grochembake (Guatemala). Este artículo fue publicado originalmente el 5 de agosto por la red latinoamericana de Tierramérica.