El miércoles 5 de octubre, el pleno del Senado aprobó una ley, para la creación del Fondo de Compensación a las víctimas de las fibras del amianto asesino, histórica reivindicación de ASVIAMIE (Asociación vasca de víctimas del amianto) y de las confederaciones sindicales de CC OO y UGT entre otros. Lejos queda el año 2013, en el que el Parlamento Vasco acordó crear una Comisión de Trabajo para dicho fin e incluso lo aprobó por unanimidad. En esa Comisión de Trabajo participé como responsable sindical en la negociación de la Estrategia de Seguridad y Salud del Gobierno Vasco en el marco del Consejo del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN), que asume el objetivo de su creación. Ahora espero la pronta publicación en el BOE y la elaboración del reglamento de aplicación por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo máximo de 3 meses Que dicho reglamento se elabore, manteniendo el espíritu de la ley, garantizando un procedimiento adecuado para las solicitudes y con cantidades económicas similares, a las que hoy en día se obtienen por la vía judicial.
La victoria social que hemos logrado y la repercusión mediática me genera un sabor agridulce; satisfacción enorme porque muchas víctimas van a lograr una cierta reparación del daño causado y tristeza recordando los compañeros/as que hemos perdido en este periodo. Personas como Eusebio Pabola, militante y delegado sindical de CC OO en Montero Kaefe, un pionero en la lucha sindical contra el amianto que acabo con su vida. Él me convenció a principios del siglo sobre la importancia de una asociación de víctimas, como agrupación de afectados del amianto. Tampoco puedo olvidar a Ezequiel Illarramendi y otros, que en su fase terminal, pusieron voz y rostro a los titulares de prensa o EITB, denunciando el engaño al que estuvimos sometidos trabajando con el cancerígeno amianto, siendo condenados a una muerte prematura. Tampoco olvido a las viudas hambrientas de justicia, ni a las amas de casa, que fallecieron a causa de un raro cáncer, el mesotelioma o cáncer de pleura, al resultar contaminadas lavando la ropa de trabajo de familiares, porque las empresas incumplían la obligación más elemental, como lavar la ropa. No puedo ignorar a la madre de Juanmi Gutiérrez, difunto director del documental La Plaza de la música. Historias del amianto, que falleció por un cáncer pleural, porque frente al balcón de su domicilio en Errenteria, donde salía a secar la ropa o cuidar sus flores, inhalaba las fibras asesinas, expulsadas por el ventilador de la empresa Productos Aislantes Paisa, ventilador colocado, como solución más barata, para reducir el ambiente tóxico en su interior por el lijado de las piezas de baquelita o para desactivar las protestas obreras contra la toxicidad laboral.
Aunque tarde, podemos lograr el reconocimiento de los crímenes causados, dado el desprecio de empresas, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y autoridades, a la necesaria protección de la salud de sus empleados, comenzando a dar pasos tendentes a la reparación del daño causado. Bienvenida sea, por tanto, la creación del Fondo de Compensación para las víctimas de amianto, que, sin duda, no resolverá todas las injusticias a las que nos enfrentamos los enfermos del amianto, pero podría resolver la injusta desigualdad entre las víctimas ante la reparación de sus daños. Desigualdades: si la empresa infractora o sucesora continúa viva se le puede exigir responsabilidades o arrancarle indemnización por daños y recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad, pero después de 40 años muchas empresas desaparecieron, imposibilitando las reclamaciones de indemnización; incluso es posible (por el deterioro de la negociación sectorial) que la pensión derivada por enfermedad profesional resulte inferior a la de jubilación.
Cuando a alguna de las viudas de los muertos por el amianto les han interpelado personas conocidas y han tenido que escuchar, junto al pésame, frases como “por lo menos, cobrarás un dineral”, la rabia y ansiedad que les ha generado es enorme, por la injusta falta de reparación. Esperamos que el Fondo de Compensación posibilite a partir del 2023, una cierta reparación del daño causado. La situación es todavía más injusta, para quienes enfermaron por limpiar la ropa familiar o resultado de la contaminación ambiental o laboral, sin pruebas de la exposición, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional, ni indemnización, ni recargos.
Hay que tener en cuenta, que tratándose de enfermedades que normalmente aparecen 30, 40 o 50 años más tarde de la exposición cancerígena y que la mayoría de las empresas,
no se registraron, ni registraron a sus trabajadores expuestos ante la autoridad laboral, es decir, no existe constancia en OSALAN (o en RERA -Registro de Empresas con Riesgo de Amianto- en el resto del Estado español) de dicha exposición laboral. Por tanto, resulta muy complicado conseguir pruebas o testigos (sobre todo tras diagnosticarte un cáncer) de la exposición al amianto o la infracción empresarial, obstaculizando el reconocimiento del origen profesional de la enfermedad.
Este es uno de los aspectos que más nos diferencia de otros colectivos de víctimas, es decir, acerca de la importancia de conseguir el Fondo de Compensación, al estar mayoritariamente orientadas a reclamar a las grandes empresas: Uralita, Naval, Metro… realidad, bastante diferente a la vasca, donde los enfermos aparecen como setas en el amplio tejido industrial vasco, con grandes y pequeñas empresas o subcontratas implicadas. Por ejemplo, mientras que en 2014 OSALAN tenía registrados 5.754 personas con derecho a vigilancia sanitaria especifica por haber estado expuestos al amianto en Euskadi, en diciembre pasado, los registrados hemos llegado a 11.898 personas, cifra que aumenta sin cesar por nuestra actividad a ras de tierra, como hormigas, incorporando de uno en uno al listado.
Aun con la creación de un Fondo de Compensación y que las numerosas víctimas puedan acudir al mismo, soy firme partidario de continuar presentando demandas de daños contra las empresas, siempre que sea posible.
Que sea posible una reparación del daño a partir de un fondo público es resultado de la lucha perseverante de las víctimas del amianto, una Asociación constituida por abuelos/as, más o menos enfermos y viudas, que ha sido capaz de mantener dialogo, tejiendo amplias alianzas, con las diferentes fuerzas sindicales o políticas y que ha demostrado que la lucha perseverante da sus frutos.
Hay que continuar luchando con nuevos retos
Pese a la prohibición de la comercialización del amianto en 2002 en el Reino de España, las enfermedades y muertes por el mismo, seguirán aumentando dado el periodo de latencia. Además, mientras no se produzca una prohibición mundial y se ponga en marcha un plan para la erradicación e inertización del amianto instalado en tejados industriales, viviendas, tuberías, jardineras y cobertizos o instalaciones ganaderas antes de 2032, cumpliendo así el compromiso europeo, hay que enfrentarse a nuevos retos y tomar nuevas medidas.
– Retos y deberes para los Ayuntamientos. La gran mayoría del fibrocemento instalado, tiene caducada su vida útil (tras más de 40 años), suponiendo un grave riesgo ambiental y para la salud pública por desprender fibras cancerígenas invisibles, que serán inhaladas por la ciudadanía, generando una segunda oleada de cáncer por contaminación ambiental del amianto. Por esta razón, los Ayuntamientos que serán elegidos él próximo mes de mayo, deben asumir el compromiso de realizar un inventario municipal del amianto instalado, poniendo en marcha un plan para erradicar el cancerígeno, comenzando por las escuelas y edificios públicos y controlando la actividad de los “piratas”, que ilegalmente retiran materiales de fibrocemento, sin medidas de prevención, poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores y la ciudadanía, generando vertederos incontrolados de residuos peligrosos en él campo.
– Revisar el criterio de acreditación de las empresas de desamiantado. El pequeño tamaño de la mayoría, la escasa formación, unido a la ausencia de recursos preventivos, hacen imposible el control y garantías de seguridad en la retirada, en especial tras las nuevas exigencias europeas. Que hayan empezado la aparición de enfermos graves en personas de 40 años en el sector, son indicativos de intensa exposición, requiere la adopción de medidas rigurosas.
– Aumentar la presión social sobre los profesionales sanitarios y los Servicios de Prevención, para que cumplan con las exigencias del artículo 5 del Decreto 129972006, comunicando “sospecha” cuando diagnostiquen una enfermedad incluida en dicho Decreto y que pudiera tener un origen profesional. De dicha comunicación, depende en gran parte la visualización y reconocimiento de las enfermedades profesionales, su prevención y evitar que la sanidad pública corra con gastos hospitalarios, que corresponden a la contingencia profesional que normalmente debe ser cubierta por las Mutuas.
– Finalmente, todas las personas que trabajaron directamente o en ambientes donde se manipulaba el amianto, deben reclamar su inscripción en el listado de trabajadores expuestos, incluso si, después de años, no perciben síntomas de afección respiratoria. Las enfermedades del amianto (como las derivadas de otros cancerígenos laborales) son traidoras, aparecen cuando menos te la esperas, dejándote sin fuerzas para reaccionar. En mi caso particular, la detección precoz de la asbestosis o fibrosis pulmonar crónica ha sido posible después de transcurrir unos 40 años de la exposición, gracias a la vigilancia sanitaria por figurar en el registro de OSALAN como trabajador expuesto.
Resulta evidente, que durante más de un siglo, gran parte del sindicalismo, las autoridades y la propia sociedad, han despreciado los avisos que inspectoras de trabajo británicas, como Lucy Deane, alertaban en 1903, sobre los riesgos del amianto o las emitidas por el Congreso de los sindicatos británicos en 1932. Y hay que añadir que la propia legislación laboral vigente durante la dictadura franquista, ya en 1947 reconocía la asbetosis como enfermedad profesional o que, 10 años más tarde, prohibía a los jóvenes menores de 18 y mujeres de 21 y que en 1978 la legislación, a través del Decreto 1995/1978 -que recogía el cuadro de enfermedades profesionales en el marco de la Seguridad Social-, incluía al mesotelioma pleural y al cáncer de bronquio y pulmón como enfermedades profesionales derivadas del amianto.
Ha sido necesario que las víctimas del amianto se organicen, denunciando la situación y lograr importantes condenas a las empresas por sus infracciones, obligándoles a pagar importantes indemnizaciones, logrando que la sociedad tome conciencia de los riesgos cancerígenos en él trabajo, que aun cuando no matan al instante, como las caídas de 10 metros de altura, conllevan 10 veces más muertes obreras y que, si seguimos sin hacer caso a los riesgos ambientales del amianto instalado, serán muchas más. El camino marcado por la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (ASVIAMIE) debe seguirse con los afectados por la Sílice, Humos diésel, Cromo, Cadmio…
Jesús Uzkudun Illarramendi, Activista en defensa de la Salud laboral y portavoz de ASVIAMIE