A efectos de las obligaciones que impone el derecho internacional, España parece seguir un comportamiento un tanto errático. No hace muchos días, Carlos Slepoy y Matías E. Garrido denunciaban en un artículo de prensa el comportamiento de España con los ciudadanos de países latinoamericanos, ciudadanos que son tratados con una evidente falta de reciprocidad con […]
A efectos de las obligaciones que impone el derecho internacional, España parece seguir un comportamiento un tanto errático. No hace muchos días, Carlos Slepoy y Matías E. Garrido denunciaban en un artículo de prensa el comportamiento de España con los ciudadanos de países latinoamericanos, ciudadanos que son tratados con una evidente falta de reciprocidad con respecto a los ciudadanos españoles que viajan a aquellos países. Esto significa, denunciaban Slepoy y Garrido, una falta de respeto de España por los tratados que firma con otros países y que obligan tanto a la reciprocidad de trato como a la buena fe. ¿Se está convirtiendo España en lo que se ha dado en llamar un «Estado gamberro»?
En el asunto de los crímenes del franquismo el asunto es aún más peliagudo. El manto de silencio con el que se ha querido cubrir la peor etapa de la historia de España revela no sólo una falta de voluntad política del Estado español por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino una preocupante cobardía por parte de la clase política. Pero cuando este silencio está siendo desgarrado por la emergencia de tantos datos que van saliendo a partir de las investigaciones de historiadores, cuando ya es imposible desconocer la magnitud de los crímenes cometidos durante el genocidio de Franco y sus compinches, todavía las capas dirigentes de este país no son capaces de dar un paso adelante mirando de frente el asunto y cumpliendo con la legislación internacional en materia de violaciones de derechos humanos, que es clara y de obligado cumplimiento por parte del Estado. El escándalo internacional de la persecución del juez Garzón por considerar que investigar de forma efectiva y exhaustiva violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales es prevaricar, es mayúsculo. No se comprende fuera de España lo que está ocurriendo aquí. Por un lado, está la injerencia y perturbación a la independencia judicial que ello supone, tal y como resaltó en su día la Comisión Internacional de Juristas y más recientemente la American Bar Association. Por otro lado, la ilegal invocación de la Ley de Amnistía de 1977 para blindar estos crímenes es un bochorno internacional. En todo caso, parece sorprendente que nuestro Alto Tribunal, a estas alturas de evolución del Derecho Penal Internacional, sostenga e impulse una interpretación impropia del derecho que preconiza la exclusión de responsabilidades ante graves violaciones de los derechos humanos constitutivas de delitos bajo el Derecho Internacional y perpetúa la impunidad; interpretación que, por otro lado, podría generar responsabilidad internacional del Estado español por violación de las obligaciones que incumben al estado, de acuerdo al Derecho Internacional.
El Comité de Derechos Humanos ha instado a España a que no se aplique esa ley en nuestros tribunales como una ley de punto final, completamente incompatible con el derecho internacional al pretender amnistíar crímenes de lesa humanidad. Igualmente, ha recomendado la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. El Comité contra la Tortura también ha recomendado adoptar medidas tendentes a asegurar que los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha recordado al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, que los Estados tienen el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada; deber que choca frontalmente con la aplicación de la amnistía, que a lo que lleva es a perpetuar la impunidad.
Lo que queda absolutamente claro para las Naciones Unidas (cuyo s acuerdos de paz por ejemplo, nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos ) y para organizaciones de defensa de derechos humanos del prestigio de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (red internacional que agrupa a 155 organizaciones de 100 países), es que esta ley es contraria al derecho internacional y no puede invocarse para dejar impunes crímenes de derecho internacional, como es el caso.
Pero todavía hay más con respecto a los que esgrimen la Ley de Amnistía de 1977. Para empezar, la propia Constitución Española determina en su artículo 61.i que no podrán autorizarse indultos generales, de tal suerte que la amnistía necesariamente ha desaparecido del Código Penal como forma de extinción de la responsabilidad penal. Por otro lado, según el artículo 9 de la Ley de Amnistía corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales la aplicación de la amnistía, y, por el momento, ni se ha solicitado expresamente tal aplicación ni se ha atribuido a personas concretas la responsabilidad penal de actos «de intencionalidad política» para, posteriormente, declarar extinguida esa responsabilidad. Y todo ello, porque tales cuestiones requieren de un proceso judicial que es lo que precisamente se ha pretendido evitar a toda costa. Hay que retorcer hasta lo indecible la legislación internacional, la Constitución Española y la propia Ley de Amnistía para la inadmisión que pretenden los defensores de la impunidad con la complicidad del Estado, parte de los fiscales y magistrados, y buena parte de la clase política.
En cuanto a la «amnesia», el olvido -en este caso intencionado- de las víctimas del franquismo debería cubrir de vergüenza a una clase política que se pretende «demócrata». Parece que hemos olvidado que España es parte del sistema de protección de los derechos humanos al ser miembro de las Naciones Unidas (fue admitida en dicha organización el 14 de diciembre de 1955), por lo que el Estado español es responsable internacionalmente desde esa fecha por la infracción de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas de 1945, cuyo artículo 55 establece que se promoverá el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, así como la efectividad de tales derechos y libertades.
Dejar que la historia franquista describa a los que defendieron el régimen legal y legítimo como alimañas y no responder adecuadamente, o sea, poniendo las cosas en su sitio sencillamente, revela una pusilanimidad incompatible con la reivindicación de un régimen democrático. Hay que recordar aquí la penosa versión que reciben los escolares españoles sobre la historia de la guerra civil y el franquismo. En absoluto les queda la idea, a partir de los textos escolares, de que España ha pasado una de las peores dictaduras que se hayan dado en la historia de la Humanidad.
Por último, cabe hablar metafóricamente de «paramnesia». La paramnesia es una patología consistente en la elaboración falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros, y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo -de impunidad- a otros procesos transicionales han sido operaciones dirigidas desde arriba destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. El trabajo de historiadores y periodistas rigurosos que trabajan como una solvente base documental así lo demuestra. El mito de una transición plácida ha sido desmontado por periodistas como Alfredo Grimaldos o Mariano Sánchez Soler, que han rastreado la prensa de la transición para poner en evidencia que el número de muertos en esa época fue bastante superior al del período republicano, y hay que recordar que el golpe de estado de 1936 se justificó en base a la necesidad de poner orden en una sociedad convulsa y violenta. Más lo fue nuestra transición «ejemplar», quién lo diría, y aún tenemos varios miles de fosas comunes entre nosotros 35 años después.
Pedro López López. Profesor de La Universidad Complutense y activista de derechos humanos.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Profesor de La Universidad de Castilla-La Mancha. Autor de «Los niños robados del franquismo. Crimen contra la Humanidad».
Lydia Vicente Márquez. Abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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