La pandemia del COVID-19 ha golpeando a nuestro país con una violencia descarnada y, de una manera especialmente cruda, a los mayores. La cifra de víctimas mortales resulta difícil de digerir y mucho más cuando, dadas las circunstancias, ha sido imposible pasar el duelo a la manera que se acostumbra y necesita. Mención particular cabe hacer al elevado número de contagios y víctimas mortales entre los profesionales sanitarios que afrontan en primera línea la batalla en unas condiciones de carencia y precariedad extremas, resultado, a un tiempo, de una década de deterioro de la sanidad pública y a las limitaciones de un proceso aún más largo de deslocalización de actividades productivas que ha mermado la capacidad de aprovisionamiento de medios básicos. La globalización capitalista y las políticas neoliberales, constitucionalizadas en los últimos años, conforman un cóctel de consecuencias cuyo desastre solo ha sido posible contemplar en toda su magnitud por culpa de una situación como la que estamos viviendo. Una vez más, han sido los trabajadores y trabajadoras (enfermeros/as, médicos, celadores/as, personal de limpieza, lavandería, etc., sin olvidar al personal de residencias de mayores) quienes han mantenido en pie un sistema deliberadamente menguado. Vaya a todos ellos y ellas, y particularmente a quienes han “caído”, un reconocimiento en línea con el que una población consciente del valor de las cosas importantes brinda cada tarde a las ocho.
Sería difícil nombrar aquí a todos esos sectores de trabajadores y trabajadoras que han mantenido la vida en marcha durante las siete semanas que ha durado la fase más dura del confinamiento, ya sea en los denominados sectores esenciales o jugando el papel de contención de la pandemia desde casa, a costa de muchos sacrificios. Es importante señalar, dentro del ámbito doméstico, el papel de aquellas personas que se encargan de las siempre invisibilizadas tareas de cuidados y que suelen recaer sobre las espaldas de mujeres de todas las edades. No son pocos los aplausos que se les adeudan y se les adeudarán siempre.
Para quienes vivimos de nuestro trabajo, la contención de la pandemia en casa supone un esfuerzo marcado por el coste económico y social de una crisis cuyas dimensiones solo empiezan a entreverse. El gobierno ha tomado una serie de decisiones encaminadas a minimizar el impacto inmediato sobre amplios sectores populares, bajo el principio de que esta crisis “no las paguen los mismos” que pagaron después de 2008. Se trata de un proyecto todavía inacabado. Ahora, metidos ya en la fase que llaman de “desescalada”, va pasando a primer plano la cuestión del “a partir de ahora”, de eso que se llama la “reconstrucción” del país; la salida a una crisis que la pandemia del COVID-19 ha venido a acelerar dramáticamente y el terreno donde se juega el futuro de las clases populares y se dirime si “re-construcción” significa una consolidación de las bases económicas actuales (también detrás de la expansión de la pandemia y de las debilidades en la respuesta a la misma) o más bien, se abre paso a un modelo orientado a la superación de la precariedad de quienes sostienen la vida con sus manos, hacia la relocalización y reorientación de actividades productivas y el blindaje de lo público y los derechos sociales como garantía de ejercicio de la democracia frente al gobierno autoritario de “los mercados”.
La coincidencia del coronavirus y la recesión económica capitalista ha quebrado el papel asignado por la UE y la globalización a España en general y a una Andalucía, en particular, especializada en la devaluación salarial, la exportación de bienes de bajo valor añadido, el turismo, el consumo irracional de recursos naturales no renovables y una gigantesca economía sumergida, muy superior esta última a la media nacional, y que explica, junto con el diferencial de caída en la afiliación a la seguridad social en el último mes (la comunidad que más cae), que la quiebra económico-social que se produce tenga una profundidad tan dramática. En anteriores artículos (Andalucía tras la sentencia de los ERE en la crisis de la Europa alemana y Andalucía y la España periférica en la construcción de un país distinto) algunos de los aquí firmantes nos hemos ocupado de algunas de las consecuencias de ese papel, y volveremos más adelante sobre ello.
A la llegada de la pandemia, todo un modelo de organización económico-social ha mostrado sus límites, en primer lugar, en dos grandes escenarios:
- Los recortes impuestos a la sanidad pública española ascienden, según distintas fuentes, a un arco que va entre los 15.000 y los 21.000 millones de euros en la última década, materializándose ello en la pérdida de miles de profesionales sanitarios (muchos de los cuales se han ido al extranjero o a trabajar en la sanidad privada en peores condiciones) y en la precariedad laboral, en bajas sin cubrir, en listas de espera insoportables, cierre de camas hospitalarias (o plantas enteras), merma de la atención primaria y “externalización” de servicios como limpieza, cocina o lavandería de los hospitales. Entretanto, ha aumentado el gasto sanitario de los hogares y, con ello, desde luego, el volumen de negocio de la sanidad privada, junto al de las grandes empresas adjudicatarias de los servicios referidos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) ha consolidado esta dinámica con una expresión muy palpable en Andalucía; desde su aprobación, la Junta se convirtió en campeona de la disciplina presupuestaria al precio de encabezar también la lista de las comunidades que más recortaban en gasto sanitario, y ello partiendo ya de una baja inversión por habitante. Mientras, el gasto en seguros privados no ha parado de crecer en los últimos años, por no hablar de la proliferación, ante el abandono de los servicios sociosanitarios, del negocio alrededor de las residencias de mayores, lugar de fallecimiento de más de la mitad de las víctimas (incideremos sobre ello en la segunda parte de este artículo).
- La pérdida de tejido industrial propio, especialmente en Andalucía (con un desmantelamiento intensivo entre 2000 y 2009, coincidiendo con la “época de los ERE”, y aun sostenido después de la crisis de aquel año) está directamente relacionada con la escasa capacidad de atender las necesidades de provisión de materiales básicos para afrontar la pandemia. La especialización de nuestro territorio, en el marco de la globalización, ha conllevado la deslocalización de actividades productivas, ya sea al norte de la UE o a países con bajos salarios, según el tipo de actividad. España ha tenido que entrar en la jungla de los mercados globales en busca de materiales esenciales, siempre con dificultades y en ocasiones con resultados indeseables. Todo ello después de que en un primer momento, Alemania hubiera decretado la prohibición de exportar mascarillas a sus socios, en una de las más irónicas expresiones recientes de “espíritu comunitario”, sobre todo si tenemos en cuenta que el crecimiento de la producción industrial alemana (y, por tanto, de su capacidad de respuesta) ha tenido como condición la caída de la misma en países como Italia o España en los últimos veinte años.
De repente nos hemos dado cuenta de los límites de muchas cosas y de la importancia de otras tantas. Nos hemos hecho conscientes de la importancia de una sanidad pública bien financiada y equipada, que cuide de las condiciones de quienes la sostienen con su trabajo y de quienes se ven obligados a hacer uso de ella. Hemos podido percibir, también, la urgencia de tener una capacidad productiva propia para fabricar bienes de uso necesario, eludiendo la dependencia de los mercados globales sostenidos en la deslocalización. Es interesante ver cómo surgen iniciativas por parte de empresas locales, en coordinación con otras instituciones y grupos de voluntarios, para producir viseras protectoras, mascarillas o respiradores, a lo que se unen plataformas solidarias que, además de la fabricación y distribución de estos medios, organizan servicios para atender las necesidades en los barrios populares más castigados.
La cuestión, ahora, sería definir cuál es el papel de Andalucía en un programa de salvación y de cobertura de los bienes necesarios para la población española en estas condiciones, ahora que el país requiere de una nueva orientación (fuerte inversión en y planificación del sistema sanitario público, impulso a la re-localización productiva mediante la reindustrialización de comarcas,…) necesariamente pareja a un cuestionamiento de las bases, ahora en crisis, sobre las que se ha sustentado la organización de la economía del país en las últimas décadas.
Las resistencias son fuertes. La mencionada crisis provoca una inevitable toma de posiciones que se expresa en la grosera ofensiva por parte de las derechas políticas y de importantes sectores económicos y mediáticos que dicen advertir contra el “estatismo”. Lo que entienden por ello no es otra cosa que la posibilidad (y la necesidad socialmente sentida) de que la población pueda recuperar esferas de organización de la economía y los servicios públicos que han sido sustraídas a las demandas sociales; anatema en el marco de la gobernanza europea y defensas en guardia en las elites del país. Si esta tensión es la que recorre de fondo el grueso de los aspavientos de nuestros días, habrá que estar atentos al desarrollo y los contenidos de eso que se viene llamando “nuevos Pactos de la Moncloa”, no vayan a encaminarse a un dilema de susto o muerte.
De fondo aparecen los debates en el seno del Consejo Europeo, donde hasta ahora solo se ha podido concretar una serie de medidas de cortísimo alcance. Destaca eso de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) facilite que, “solo mientras dure la pandemia”, España pueda acceder, sin contrapartidas de recortes, a préstamos por una cantidad no muy superior al conjunto de los recortes sanitarios aplicados, en la última década, por exigencia de, entre otros, el mismo MEDE. Para eso que se ha venido a llamar “reconstrucción europea” solo una declaración de intenciones pero con la garantía, para los países del norte, de que las propuestas que más les incomodan desaparecen de la agenda. Cuesta imaginar que unas instituciones que llevan casi tres décadas asentando un modelo que blinda determinadas políticas económicas, poniéndolas fuera del alcance de los gobiernos elegidos en las urnas, se avenga no solo a renunciar a esas políticas sino también a que los distintos estados puedan organizar las necesidades de sus economías y sus poblaciones de manera soberana y en términos de cooperación en lugar de subordinación. El presidente del Partido Popular Europeo (un español) ya avisaba en una entrevista de que la “solidaridad europea no será gratis”, esto es, que se nos exigirían ajustes y castigos, que da igual lo que la gente vote, y no solo lo avisaba sino que lo defendía. Las elites de este país encuentran un filón en la garantía de políticas que favorecen a sus intereses por parte de instituciones supranacionales. El conflicto en el seno de la UE será duro, no ha hecho más que empezar y requerirá de una posición firme en defensa de la identidad entre intereses nacionales e intereses sociales en unos cuantos países del sur.
Surge, en este marco, la necesidad de emprender una propuesta pública que siente las bases, con concreción, de la aportación desde Andalucía a una idea de patria con justicia, que tenga como núcleo la protección del sistema de salud en sentido amplio (incluyendo ahí determinantes como el empleo, la vivienda, el medio ambiente, etc.) y que se pacte con actores sociales, políticos, sindicales, científicos y culturales comprometidos en propiciar la movilización popular en torno a un proyecto de país distinto, atendiendo además al llamamiento de las Mareas Blancas de Andalucía para generar un “frente amplio”. Abundaremos sobre ello en la segunda parte de este artículo.
José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico, antiguo trabajador de Santana Motor y cooperativista.
Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones del pasado 10-N.
Rosa Rico Rubio, miembro de la Marea Blanca de Jaén
Sebastián Martín Recio, miembro de la Marea Blanca de Sevilla