La Revolución Industrial comienza en Europa a mitad el siglo XVIII y comienzos del XIX. Durante la misma, las mujeres y los niños y niñas acudieron en masa a las fábricas por la llamada de la producción masiva. En el Estado español, esta Revolución Industrial vino además acompañada de un reparto desigual de las funciones […]
La Revolución Industrial comienza en Europa a mitad el siglo XVIII y comienzos del XIX. Durante la misma, las mujeres y los niños y niñas acudieron en masa a las fábricas por la llamada de la producción masiva. En el Estado español, esta Revolución Industrial vino además acompañada de un reparto desigual de las funciones para varios territorios.
El norte fue el eje principal de la industria, destacando la textil y siderúrgica. Madrid asumió las funciones burocráticas del estado y Andalucía la principal abastecedora de mano de obra barata. En 1856 Andalucía era la segunda región en grado de industrialización gracias a la cerámica, alimentación, química y metalurgia; a partir del 1915 sus pilares industriales se redujeron a la química y alimentación. De este hecho podemos sacar algunas conclusiones.
El histórico argumento de que en Andalucía no era posible la industrialización no es real. Si bien es cierto que Andalucía fue menos fructífera en comparación con el resto de lugares, esto no fue una cuestión propia ni de la tierra ni de sus posibilidades. Más bien fue un expolio por parte de la burguesía tanto a nivel estatal como de la burguesía más parásita, la andaluza. Esto condenó a Andalucía a su papel histórico de exportadora de mano de obra.
La desamortización eclesiástica (1836) propició que las noblezas terratenientes, los grandes arrendatarios y la burguesía comercial se apropiasen de las grandes extensiones de tierra. En 1855, una segunda desamortización (esta vez civil) hizo que otra cantidad de grandes tierras pasara a manos de terratenientes, convirtiendo al poco campesinado que aún poseía tierras en asalariado. Esta misma burguesía, terratenientes y arrendatarios, era la que invertía las ganancias derivadas del pueblo andaluz en las industrias del resto del Estado. Poco a poco se fue produciendo un expolio de la riqueza de Andalucía, unas condiciones laborales paupérrimas -hasta el punto que era más rentable contratar mano de obra casi esclava para el campo que invertir en maquinaria- y la concentración en pocas manos de las grandes tierras.
Según el Sindicato Obrero del Campo (SOC) y el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), en Andalucía hay ocho millones de hectáreas. De estas, el 50%, cuatro millones, está en manos del 2% de propietarios. Los terratenientes, la Junta de Andalucía y el Estado poseen fincas de cultivo que están abandonadas en baldío, con una media de 25.000 hectáreas por finca.
Analfabetismo
Los últimos siglos han dejado en Andalucía un importante grado de analfabetización, un récord en el paro juvenil y un paro femenino de un 33%, diez puntos más que la media estatal de paro femenino. Según estudios del INE, el 70% del analfabetismo español lo concentran las mujeres y el 18,05% de la población andaluza se considera analfabeta o sin estudios, de la cual la gran mayoría son mujeres.
Este hecho deriva de la necesidad de trabajar en el campo, ligado a una pobreza incipiente y a la doble responsabilidad que históricamente han tenido las mujeres, la reproductiva y la productiva. Las próximas generaciones actualmente se encuentran con un 50% de paro juvenil -el mayor a nivel europeo y el mismo que Palestina- del cual la mayoría también son mujeres.
Si sumamos a todo esto que el salario medio de Andalucía, junto a Murcia y Extremadura, es un 40% inferior al de Madrid o Catalunya, podremos percibir el nivel de vida del pueblo andaluz. Según datos de la Junta de Andalucía, más del 90% del territorio se considera rural, a lo que tenemos que añadir el éxodo paulatino que se viene produciendo desde la crisis al medio rural por falta de recursos económicos en la cuidad. Esto nos puede hacer una idea de las personas que trabajan el campo, y aquí entran en escena las jornaleras.
Hasta hace relativamente poco, las mujeres tenían que ir acompañadas de un hombre para ir a trabajar al campo debido a la supuesta desigualdad física. Después de haber sido superada esta discriminación aparece otra aún mayor. A causa de la caída de la cosecha, el trabajo falta más que nunca, y son los hombres los primeros en ser contratados. Además, esta disminución del trabajo ha ocasionado que la mayoría de las mujeres no puedan cumplir las 35 peonás necesarias para conseguir el PER, en caso de tener familia, y las 53 en caso de no tener cargas familiares.
Desde los años 90 y hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, los jornaleros abandonaron el trabajo agrícola para trabajar en la construcción. Durante ese periodo, los propietarios de las tierras acudieron a las masas de mujeres y a las personas migrantes de los pueblos para trabajar peonadas en las campañas. En estos años muchas mujeres consiguieron independencia económica. Ahora, sin embargo, los majieros, intermediarios que buscan las cuadrillas, y los dueños de las fincas dicen que hay muchos hombres en paro y que el trabajo es para ellos. María Calderón, jornalera, corrobora que «no contratan mujeres ahora porque los hombres cargan más. Es una discriminación en toda regla».
Este tipo de discriminación aumenta más si miramos los sueldos de las mujeres migrantes. Mientras el salario mínimo por peonada -seis horas y media- de un jornalero o jornalera es de 48,90 euros, el de una migrante apenas llega a la mitad, y además sin posibilidad del subsidio. Estas mujeres migrantes se encuentran en un estado de desprotección absoluta y sufren todo tipo de abusos.
…Y las andaluzas se levantan
El camino por andar hacia la igualdad en el SOC/SAT aún es largo, pero no son pocos los ejemplos de la lucha de las mujeres de los que tenemos que enorgullecernos: desde los cursos finalizados en diciembre de 2012 para enseñar a personas migrantes el castellano hasta la Marcha de las Mujeres.
Esta marcha, que ha reunido a más de 400 mujeres, ha revindicado desde El Coronil hasta la Delegación del Gobierno de Sevilla la supresión de las 35 peonadas para la obtención del subsidio, la paralización de los desahucios y una renta básica.
Si el ser jornalero andaluz ya implica estar en una situación especialmente precaria, ser mujer y jornalera, y no digamos migrante, conlleva una situación laboral aún más crítica, habiendo perdido en el actual contexto de crisis la ya mínima independencia económica que consiguieron en épocas de bonanza. Debido al retorno de los hombres al campo, resulta casi imposible para una mujer hacer los suficientes jornales en el campo para conseguir el subsidio. A su vez, sus voces se elevaron para exigir una renta básica y por la paralización de los desahucios, que en el 2012 alcanzaron una media de 40 al día en Andalucía.
Es esencial que las mujeres tomen voz propia y lleven a cabo luchas donde se reivindiquen sus derechos fundamentales, por la igualdad laboral y por una vida digna. El hecho de que las mujeres se organicen es imprescindible para el avance de las luchas obreras, constituyendo un espacio donde empoderarse y ser conscientes de su importante papel dentro de la sociedad en general y del sindicato en particular; pues sin ellas sería imposible acabar con la opresión de clase.
Estas luchas tienen gran importancia porque señalan la situación de la triple explotación en la que viven las mujeres andaluzas: por ser mujeres, por ser jornaleras y por ser andaluzas.
Luna Rodríguez y Violeta Benítez son militantes de En lucha / En lluita y del SAT