Finalizó el período de «Información Pública», la fase previa del proceso para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón que se expuso a la opinión de los ciudadanos mediante lo que técnicamente se denomina «Documento de Prioridades». Ante algo tan complejo como es la planificación y la ordenación de un municipio […]
Finalizó el período de «Información Pública», la fase previa del proceso para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón que se expuso a la opinión de los ciudadanos mediante lo que técnicamente se denomina «Documento de Prioridades».
Ante algo tan complejo como es la planificación y la ordenación de un municipio de 280.000 habitantes y 182 km2, resulta que en sólo 40 días los ciudadanos han tenido que «estudiar» la documentación del nuevo Plan «definido» en un documento de 144 páginas y tres planos con los que pretenden configurar el futuro del municipio, tanto el urbano como el rural. Aunque parece que todo está en orden y que se ha seguido un cuidadoso proceso no ha sido así, como no lo fue en el Plan anterior anulado porque sólo se cumplió con lo superficial de la legalidad.
Lo que ahora se ha sometido a información pública se da ya como irreversible. Es decir, no se plantea cómo queremos que sea la zona urbana, la rural y sus núcleos, las áreas industriales y las de servicios. Porque si de verdad se pretendiera cumplir con la legalidad habría que reconocer el derecho de los ciudadanos a «participar efectivamente» en los procedimientos de elaboración y de ordenación del territorio como así recoge la Ley del Suelo. Es decir, no ha habido ninguna participación en lo ahora sometido a información pública. Es más, el Plan que ahora se pretende «sacar» es una revisión del anterior y guarda en su gestación alguna de sus corruptelas.
Los redactores del plan definen cómo ha de ser este modelo que ya lo dan por hecho y, además, sólo se ofrece la posibilidad de elegir entre tres variantes pero que, esencialmente, son las mismas porque en poco o en nada difieren. Así es que la posible respuesta queda reducida a decir amén.
Pero conviene no olvidar que el pasado verano el TSJA anuló el anterior PGO porque, aparte de los graves defectos en la forma y en el fondo y que ahora se están repitiendo ya desde el inicio, no se contó para nada con la participación ni con el consenso de los ciudadanos, porque no sólo se escamoteó a la opinión pública, sino que incluso todo discurrió con la oposición explícita y expresada en las tres marchas verdes que congregaron a miles de ciudadanos. Pero, aún así, como todo siguió adelante acabó siendo anulado y, ahora, vuelta a empezar pero, una vez más, con el mismo planteamiento aunque agravado por las circunstancias sociales y económicas mucho más complicadas ahora para los ciudadanos y de cuya situación no es ajena la política económica «impuesta» cuando se apuesta por emplear la mayoría de los recursos en la construcción, la recalificación y, en definitiva, para tirar por una economía de especulación con ningún contenido social conocido.
En Gijón hay 20.000 pisos vacíos, miles de bajos comerciales, sin uso, de los que algunos o muchos podrían ser rehabilitados para vivienda, miles de antiguas viviendas que también podrían ser remodeladas, pero no, como consideran que este patrimonio no es suficiente equipamiento, la opción que ahora dan los promotores del nuevo PGO se concreta en tres alternativas (0, 1 y 2) para las que prevén construir respectivamente 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que se sumarían a todos los inmuebles mencionados que están improductivos.
El Documento de Prioridades del Plan sacado a información pública, omite actuaciones tan importantes y con tanto impacto medioambiental como puede ser la incineradora, la regasificadora, la ampliación del puerto y otras grandes obras que después no podrán ser ejecutadas como si fueran simples «modificaciones» cuando en realidad son «revisiones». Porque un PGO puede admitir «modificaciones» pero nunca «revisiones» ya que darían lugar a su anulación como así sentenció el TSJA anulando el anterior Plan.
Construir más o hacer algo que no se va a utilizar no ofrece más ventajas ni crea más empleo que abrir una zanja para después volver a taparla. La única diferencia es saber en cual de los dos sinsentidos se puede ganar más, hacer más negocio, no otra cosa. Aunque la cuestión es un poco más complicada, y al mismo tiempo simple, Gijón, es un municipio con 28.000 parados, y en aumento, que no puede esperar a que cualquiera de las tres propuestas, que requieren ingentes recursos, sirva para que éstos generen a su vez una espiral de inversiones provechosas en el sentido de que vayan hacia una economía justificable y sostenible. El Plan ahora propuesto es volver de nuevo a otra burbuja que se sumaría a la todavía existente.
Lo mismo que en el anterior PGO anulado, se vuelve a repetir ahora, de modo oficial y oficioso, que estamos ante un período de «sugerencias» y negando reiteradamente que sean «alegaciones» cuando en el primer caso, las «sugerencias» tendrían la papelera municipal como destino, mientras que contrariamente, en el segundo caso, las «alegaciones» ha de ser contestadas razonadamente por los redactores del Plan. Esto no es opinable porque la Ley del Suelo (RDL 2/2008) reconoce el derecho de los ciudadanos a «participar» en la ordenación del territorio, en la ejecución urbanística y, también reconoce, el derecho a la «formulación de alegaciones» y a «obtener de la Administración una respuesta motivada». La «participación» se ha escamoteado y se pretendió negar el derecho a presentar «alegaciones». Similares derechos también se recogen en la Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (DL 1/2004).
Como vemos, en ambas leyes y en alguna más, todo ello viene reconocido explícitamente, como un derecho de los ciudadanos exactamente en los términos citados. Y, por ello, esto es algo muy grave y nada superfluo, porque mantener e insistir ahora en lo contrario supone una buena dosis de dolo por parte de los responsables de la revisión del Plan. Primero han negado la participación en la revisión del Plan y ahora se pretende tergiversar el contenido de las «alegaciones» dejándolas en piadosas «sugerencias».
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