Los resultados de las elecciones del 23J fueron recibidos con alivio por las gentes de izquierda frente a lo que aparecía como victoria anunciada de las derechas, pero no por ello han dado paso a una nueva fase de estabilidad política y social, como pretenden los partidos que quieren repetir un gobierno de coalición progresista.
La coyuntura internacional y europea está llena de incertidumbres en medio de una policrisis y, además, en el caso español ahora ha vuelto a entrar en la agenda política el debate sobre una ley de amnistía y el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán, gracias a las exigencias de la aritmética parlamentaria. Con todo, el miedo a una repetición electoral parece ser un poderoso instrumento de presión que une a un conjunto de fuerzas políticas para llegar a algún tipo de acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.
En esas condiciones, el candidato Feijóo, consciente de que se va a encontrar ante su propia investidura fallida, no ha tardado mucho en empezar a ejercer como oposición anunciando iniciativas de condena de una ley de amnistía, cuyo contenido aún no se conoce, en ayuntamientos y comunidades autónomas, así como, siguiendo las órdenes del apocalíptico Aznar, convocando una concentración ciudadana el próximo 24 de septiembre en Madrid en defensa de la tan manida “unidad de España” frente a quienes quieren romperla en pedazos… No creo que haga falta extenderse mucho sobre el favor que para esta campaña está teniendo el líder del PP en la vieja guardia del PSOE, con Felipe González a la cabeza, o en personajes como el ex director de El País Juan Luis Cebrián. Feijóo busca así anticiparse a Vox demostrando que está dispuesto a competir una vez más con esa formación en explotar al máximo un nacionalismo español reaccionario como recurso principal de movilización del electorado de derechas e incluso de atracción a una parte del que vota al PSOE.
Mientras tanto, la existencia en Catalunya de una amplia mayoría social y política a favor de la amnistía y la autodeterminación sigue siendo innegable, pese a las divisiones que la atraviesan y a que no haya llegado a expresarse en la calle durante la Diada del pasado 11 de septiembre con la extraordinaria masividad que tuvo antes de la crisis pandémica. En Catalunya también se ha abierto una nueva fase y cabe esperar que la movilización que la mal llamada Sociedad Civil Catalana ha convocado para el 8 de octubre en contra de la Amnistía se encuentre con una respuesta unitaria más pronto que tarde del conjunto de fuerzas soberanistas y democráticas.
¿Por qué la amnistía? ¿Qué amnistía?
La demanda de amnistía está suficientemente justificada por el hecho de que los presuntos delitos cometidos durante el procés fueron una respuesta democrática legítima a la negación de su capacidad de decidir por el Tribunal Constitucional en su sentencia de julio de 2010 sobre el Estatut de autonomía aprobado en Catalunya y al rechazo por parte del gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, a las sucesivas propuestas de negociación de un referéndum pactado sobre la independencia. Los argumentos tan repetidos de que esa demanda no cabía en la Constitución fueron suficientemente rebatidos entonces y han sido recordados recientemente por Carles Puigdemont: mediante el artículo 92 de esa ley fundamental sería posible establecer una vía para su ejercicio legal. Si hubiera habido voluntad política de resolver democráticamente el conflicto, se podría haber optado por esa fórmula, por no mencionar otras, porque, como defendía Francisco Rubio Llorente, ex presidente del Consejo de Estado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ya en octubre de 2012:
“Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados”[1].
Ese respeto al principio democrático es el que permitió su reconocimiento en otros países del Norte como Quebec (en donde se celebraron dos referéndum –en 1980 y en 1995– sin acuerdo previo del gobierno de Canadá y sin consecuencias penales), Escocia (donde en noviembre de 2014 fue resultado de un pacto del gobierno del Reino Unido con el de Escocia) o, en el Este, Montenegro (con la mediación de la Unión Europea y el acuerdo de Serbia en 2006). Sin olvidar el caso singular del referéndum que se realizó alegalmente en mayo de 1997, convocado por la Liga Norte en una región de Italia, en el que participaron alrededor de 5 millones de personas, que no tuvo reconocimiento internacional pero tampoco ninguna consecuencia penal.
Hay razones suficientes, por tanto, para negarse a equiparar el ejercicio del derecho al voto con un golpe de Estado o con la rebelión o la sedición: se trató de un acto democrático de desobediencia civil masivo de más de 2 millones de personas frente a un régimen que mostró toda su cara autoritaria y represiva. La adopción de una ley de amnistía ahora sería una medida de justicia restauradora mediante un “olvido penal” que ayudaría a crear las condiciones para desjudicializar el conflicto y reconocer su naturaleza política.
La beligerancia de la derecha política, judicial y mediática frente a la posibilidad misma de una ley de amnistía no debe conducir a dar pasos atrás en el camino de su elaboración, sino todo lo contrario: en su contenido, debería aplicarse a las personas incluidas en informes documentados y fiables, como el presentado por la organización Omnium Cultural[2] y no debería incluir a miembros de los cuerpos policiales denunciados o investigados por el uso de la violencia contra manifestantes, ya que esto iría contra el ordenamiento internacional de respeto de los derechos humanos[3]. Incluso, como se está proponiendo desde sectores de la izquierda alternativa, debería plantearse la posibilidad de extenderla a activistas que se limitaron a ejercer derechos fundamentales, como los de manifestación y expresión, y, más concretamente, a las personas afectadas por la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley mordaza, ya que ésta es una promesa electoral no cumplida por el anterior gobierno y, por tanto, también debería ser una tarea imprescindible del nuevo gobierno.
No creo que haga falta entrar en el debate sobre la constitucionalidad o no de una ley de amnistía. Basta recordar que, frente a la interpretación fundamentalista de la Constitución, es posible hacer una interpretación abierta de la misma si el propósito que le guía es la profundización de la democracia y la justicia por parte del Parlamento. Es cuestión, una vez más, de voluntad política y no de dejarnos arrastrar por un formalismo jurídico detrás del cual se expresan los intereses de la cúpula de un poder judicial que no cesa de practicar la lawfare y que se sigue resistiendo, en estrecha alianza con el PP, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Reformas en conflicto en el marco del régimen
Sabemos, no obstante, que más allá de la amnistía lo que está en juego ahora es cuál va a ser el sentido de la evolución del régimen en el marco de la polarización que se da en su seno en torno a cómo cerrar la crisis que lleva arrastrando desde hace tiempo. Ésta se centra ahora en relación con la respuesta a una fractura nacional-territorial de larga historia que se ha ido agravando y ampliando a lo largo del siglo XXI, y ha sido y es un factor estructural de inestabilidad política. En su reciente reactivación han influido factores como la radicalización de la derecha española a partir de 2001, la Gran Depresión iniciada en 2008, los mayores desequilibrios territoriales, el consiguiente malestar entre viejas y nuevas clases medias y, en el caso catalán, su reflejo en la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 contra el Estatut de autonomía de Catalunya. Esta fue percibida como una ruptura del pacto nacional-territorial de la mitificada Transición que contribuyó a provocar un salto delante de la mayoría del soberanismo hacia el independentismo.
Parece evidente que ni el PP ni el PSOE están dispuestos a abordar esa fractura asumiendo que pueda ponerse en cuestión la integridad territorial del Estado español. Por eso, la agitación que hace el bloque de derechas con el eslogan “España se rompe” ante cualquier medida de gracia, como fue el caso de los indultos, es puro alarmismo electoralista, como ha hecho tantas veces en el pasado. Las diferencias se encuentran principalmente en cómo superar una crisis permanente de gobernabilidad que sigue condicionada por el peso en el Parlamento español de formaciones políticas periféricas, catalanas y vascas principalmente, en competencia además entre ellas en sus respectivas comunidades.
La continuidad de esta crisis nacional-territorial seguirá siendo un obstáculo a una recomposición del bipartidismo y una traba fundamental para los intentos de estabilización light del régimen del 78 de la mano del PSOE y Sumar y, con mayor razón, de los que en un sentido duro procedan de las derechas del PP y Vox. Un factor que se inserta dentro de la tendencia dominante a una regresión política y ecosocial, dada la presión sistémica para profundizar en un régimen austeritario en un contexto de débil relación de fuerzas desde abajo. No parece, además, que la hipótesis de un nuevo gobierno de coalición progresista, más escorado a la derecha en su composición y en sus apoyos parlamentarios, vaya a ser un freno significativo en ese camino si no se abre un nuevo ciclo de removilización social. De ahí la importancia de la batalla sobre estos dos temas que ahora mismo están en el centro de un conflicto político que no sólo afecta a Catalunya.
La división entre los dos partidos del régimen gira en realidad alrededor de cuestiones de menor calado: el reconocimiento o no de la plurinacionalidad (aunque sólo sea en su sentido cultural y no político) y la disposición o no a dar nuevos pasos hacia la federalización del Estado, siempre desde arriba. El carácter esencialista del nacionalismo que defiende el PP, asentado en una amplia mayoría de su electorado a lo largo de varias generaciones, y ahora bajo la presión de Vox, le impide, sin embargo, hacer cualquier concesión significativa en esos terrenos. Lo hemos visto incluso en el ámbito plurilingüístico con su rechazo a su aplicación en el Congreso. Esto es algo que hemos podido comprobar también con la rápida rectificación que ha tenido que hacer Feijóo en su tímida referencia a que habría que buscar un encaje de Catalunya en el Estado. La amenaza que supondría la formación de un gobierno PP-Vox sería, por tanto, la de hacernos volver a la versión dura del 23F de 1981, ahora por la vía legal, es decir, a un progresivo desmantelamiento del Estado autonómico e incluso a la ilegalización de organizaciones políticas y sociales soberanistas por el simple hecho de reivindicar la independencia.
En contraste con esa contrarreforma reaccionaria, la dirección del PSOE parece querer intentar ahora alguna forma de integración en el régimen del independentismo catalán, pero su margen de concesiones sigue siendo limitado: puede comprometerse a aprobar una ley de amnistía o similar y a abrir una nueva mesa de diálogo que conduzca a un referéndum en Catalunya sobre un nuevo Estatut federalizante, como propone Sumar, pero no parece que vaya a ir más allá. Esto último sería repetir la historia del anterior Estatut que acabó vaciado de contenido y, por tanto, sólo conseguiría, en la mejor de sus hipótesis, integrar a una parte del independentismo catalán con el respaldo de la alta burguesía catalana. Pero, como estamos viendo, incluso dar esos pasos no le va a ser fácil, ya que va a tener enfrente no sólo a PP y a Vox, sino también a toda una trama de poderes dentro y fuera de las instituciones del Estado y del propio PSOE.
La perspectiva de un compromiso histórico como el que ha propuesto Puigdemont sigue estando muy lejana si realmente se aspira a un nuevo pacto nacional-territorial que reconozca al demos catalán como sujeto político soberano. Porque, como bien escribe Albert Noguera, un referéndum de autodeterminación es “técnicamente factible” pero “políticamente imposible”… bajo un régimen monárquico que tiene como uno de sus pilares fundamentales un nacionalismo español nostálgico del Imperio y construido históricamente mediante la negación de la condición de iguales y diferentes a las distintas naciones y pueblos de este Estado.
No cabe, por tanto, retroceder ante la nueva ofensiva de las derechas ni ante las vacilaciones y rebajas que va a ofrecer el PSOE. Debemos promover iniciativas unitarias del conjunto de fuerzas políticas, sociales y culturales que están a favor de una amnistía justa, tanto en Catalunya como en todo el Estado. Por esa vía podremos recobrar fuerzas que permitan que su aprobación sea una palanca fundamental para ir construyendo un bloque rupturista capaz de avanzar en la reivindicación del derecho de autodeterminación de Catalunya y de los pueblos que lo reclamen. Una tarea que desde la izquierda alternativa debería ir articulándose con las que debemos asumir frente a la amenaza de una nueva dictadura de la deuda[4] que se anuncia desde Bruselas, así como con todas las que apunten a un horizonte alternativo al de un capitalismo neoliberal cada vez más autoritario.
Jaime Pastor es politólogo, editor de viento sur y miembro del colectivo Madrileñ@s por el Derecho a Decidir
Notas:
[1] “Un referéndum en Cataluña”, El País, 8/10/2012.
[2] “Omnium fixa en 1432 persones els mínims per l’amnistia i exigeix als partits una negociació ‘coordinada’” https://www.naciodigital.cat/noticia/262441/omnium-fixa-1432-persones-minims-amnistia-negociacio-seriosa-estat . Para una aclaración de cómo se ha llegado a esa conclusión: David Fernández, “1443”, ara, 15/09/23.
https://www.ara.cat/opinio/1443-david-fernandez_129_4802106.html
[3] Albert Noguera: “Que la Constitución no mencione la amnistía no significa que no se pueda hacer”, 8/09/23 https://www.publico.es/politica/albert-noguera-constitucion-no-mencione-amnistia-no-significa-no-pueda.html
[4] Aprobada, por cierto, por el parlamento español mediante la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución en pleno agosto de 2011. En esa ocasión se demostró que cuando las exigencias vienen de los grandes poderes económicos el factor tiempo no es ningún obstáculo.
Fuente: https://vientosur.info/apuntes-para-el-debate-sobre-la-amnistia-y-la-autodeterminacion/