A nuevos males, viejos remedios. Este parece ser el lema principal de la patronal española, que en los últimos meses no ha dejado de exigir una nueva contrarreforma del mercado laboral, insistiendo en que ésta resulta imprescindible para superar la actual crisis económica. Hasta el momento, el presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero había […]
A nuevos males, viejos remedios. Este parece ser el lema principal de la patronal española, que en los últimos meses no ha dejado de exigir una nueva contrarreforma del mercado laboral, insistiendo en que ésta resulta imprescindible para superar la actual crisis económica. Hasta el momento, el presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero había respondido públicamente a esta petición asegurando que no estaba dispuesto a avalar reformas que impliquen un abaratamiento del despido o la pérdida de otros derechos laborales. Una promesa institucional pese a la cual algunos analistas económicos han expresado su convencimiento de que, finalmente, el gobierno del PSOE volvería a mediar para facilitar la consecución de los intereses empresariales.
LA PATRONAL MOVILIZA A EL PAÍS Y A SUS THINK TANKS
En el ínterin, la patronal no se ha limitado a defender entre bastidores la validez de la receta tradicional para recomponer su tasa de ganancia sino que, con objeto de reforzar sus reclamaciones dirigidas a «flexibilizar» una vez más las contrataciones, ha encontrado en un buen número de profesionales «independientes» el mejor vehículo para mostrarla ante el conjunto de la sociedad con la amable apariencia que confiere una asesoría «exclusivamente técnica» y pretendidamente desprovista de connotaciones clasistas. Un centenar de economistas de filiación neoliberal ha presentado a tal efecto una «Propuesta para la reactivación laboral en España», que hoy parece abrirse camino dentro del Ejecutivo central. Dicha propuesta está siendo publicitada con entusiasmo por el progubernamental diario El País, que la defiende como una supuesta «tercera vía» (1) diferenciada de las posiciones de empresarios y sindicatos. Según el mencionado rotativo, mentor ideológico de la socialdemocracia española, ésta es la senda que debe transitarse necesariamente si no deseamos sumirnos indefinidamente en la recesión.
Los autores de la Propuesta para la reactivación laboral, por su parte, han «descubierto» que la crisis económica en el Estado español no hunde sus raíces sólo en los desaguisados de la política financiera o en el superboom especulativo de la vivienda, a través de los cuales los patronos incrementaron hasta límites de vértigo sus beneficios. Según ellos, las astronómicas cifras de paro estarían relacionadas directamente con las «ineficiencias de nuestro mercado de trabajo» que, «si no se corrigen impedirán que cualquier medida destinada a la creación de empleo pueda tener éxito». Para ello – sostienen – «es necesario reducir la alta volatilidad del empleo generada por un mercado de trabajo dual, en el que desde hace más de dos décadas alrededor del 30% de los asalariados tiene un contrato temporal».
«En el mercado laboral español hay flexibilidad -reconoce el profesor de la Universidad Carlos III Marcel Jansen– pero es una flexibilidad muy mal repartida, insolidaria e injusta, porque recae sobre los temporales». Frente a estos millones de damnificados se encontrarían, no los responsables de legalizar sus precarios contratos en sucesivas «concertaciones sociales» sino -en palabras de otro de los firmantes del manifiesto, el profesor del IESE Business School Javier Díaz Giménez– «los once millones de trabajadores con contratos indefinidos extraprotegidos, casi blindados». La solución propuesta por estos economistas para terminar con tan injusta «dualidad» no es otra que igualar a todos los trabajadores «por abajo», con una nueva modalidad de contrato único con indemnizaciones por despido a coste creciente. «En la práctica, en España existe ya el despido libre, lo que ocurre es que es caro», aclara José Antonio Sagardoy, presidente del despacho especializado en Derecho Laboral Sagardoy Abogados, indicando a las claras la orientación de la reforma.
Actualmente romper un contrato indefinido implica pagar 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades en el caso de despidos improcedentes, y de 20 días en los casos en que se consideren procedentes. Un coste que la clase empresarial española considera absolutamente excesiva y muy superior a los que deben afrontar sus homólogos europeos. A título de ejemplo, los promotores del nuevo contrato único sugieren que se comience con una indemnización ligeramente superior a la actual para los contratos temporales, que se aumentaría progresivamente según los años de antigüedad, aunque manteniéndola siempre por debajo de los actuales 45 días.
«La introducción de este contrato unificaría -aclara el documento de la propuesta- las causas del despido», reservando la tutela judicial exclusivamente para «los despidos por razones de discriminación». Suprimiría, por tanto, la categoría de despidos «improcedentes» porque según el economista Jordi Caballé, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), «si la empresa tiene dificultades para sobrevivir, ¿de veras es improcedente recortar la plantilla?».
Sin apartarse en lo sustancial del habitual catálogo de medidas de corte neoliberal, este centenar de economistas señala también la «actual estructura de los convenios colectivos» como otro de los factores que «sigue dificultando la adaptación de las condiciones de trabajo en las empresas a las necesidades productivas de cada momento y suponiendo un freno a los aumentos de la productividad». Para solucionar esta «rigidez» plantean que los acuerdos entre las empresas y sus trabajadores «prevalezcan sobre los convenios de ámbito superior». O expresándolo en términos de pura estrategia militar: convertir los regimientos del enemigo en pequeños pelotones, para facilitar la quiebra incluso de las resistencias más pertinaces.
Nos encontramos, en definitiva, ante las clásicas reivindicaciones de la patronal que han venido imponiéndose en anteriores reformas del mercado laboral español. Una legislación que permita despedir con facilidad y a menor coste, posibilitando que la contratación y la rescisión de contratos se encuentren exclusivamente determinadas por sus necesidades de producción y expectativas de beneficio.
ZAPATERO, RECEPTIVO
El Gobierno -adelantaba el pasado lunes 9 de junio el diario El País– «se ha mostrado abierto a la iniciativa» de los académicos independientes, aunque «la condiciona a que suscite acuerdo entre los agentes sociales». (2) La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, si bien declinó pronunciarse en concreto sobre un documento entre cuyos firmantes se encuentra el nuevo secretario de Estado de Economía José Manuel Campa, no dudó en señalar que la propuesta podría aplicarse a las tipologías de indemnizaciones vigentes ya en caso de ruptura de contrato. Ejemplo de algo que ya existe y que la secretaria de Empleo «vería bien ampliar» a más trabajadores es el contrato de fomento del empleo indefinido que, desde 1997, se introdujo con la ya tradicional justificación de propicia el acceso al mercado de trabajo a los colectivos con mayores dificultades. Este contrato, reforzado a raíz de la Reforma laboral de 2006, redujo el coste de despido a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. «Una posible vía de solución sería -reconoció Maravillas Rojo- extender esta modalidad de contratación indefinida «al colectivo que en 2006 quedó fuera».
El Ejecutivo del PSOE también ha expresado su decisión de «combatir la dualidad del mercado laboral español», en sintonía con la «Propuesta para la reactivación del empleo». El propio Rodríguez Zapatero hizo pública otra coincidencia con los economistas independientes, el pasado 4 de junio, al pedir su apoyo a los empresarios catalanes para promover una reforma laboral que posibilite «pactar fuera de los convenios colectivos». «Un cambio -afirmó Zapatero-, que puede ser positivo siempre y cuando sea de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores y no perturbe la actual paz social».
¿Y LOS SINDICATOS?
Por el momento, empero, CC.OO. y UGT han manifestado su rechazo a una propuesta que -dicen- «busca perpetuar la precariedad y esconde la pretensión de que España no puede salir de la crisis sin abaratar el despido». Los dos sindicatos, a través de las fundaciones Largo Caballero y Primero de Mayo, promueven un manifiesto contrario al del contrato único. La declaración, titulada «El trabajo, fundamento de un crecimiento económico sostenible», afirma que «no es promoviendo el despido sin causa ni control judicial como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo». Una vez expuestas ambas posiciones públicamente, resulta previsible suponer que en los próximos meses se intensificarán los contactos y la negociación entre las partes. Preciso es tener en cuenta, sin embargo, la proverbial debilidad histórica mostrada por los sindicatos mayoritarios en las cinco reformas laborales impuestas en los últimos 25 años. La connivencia de ambas centrales sindicales ha sido determinante para el progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de derechos laborales, en un largo proceso cuya última vuelta de tuerca se presenta ahora con la pretendida finalidad de suprimir el «agravio comparativo» que sufren los trabajadores más explotados del Estado español. Nos adentramos, pues, en una fase en la que convendrá mantener ojos y oídos bien atentos ante juegos malabares, cortinas de humo u ofertas engañosas.
Notas y referencias bibliográficas:
(1) «Ni funcionarios ni precarios». Ariadna Trillas. El País. Martes 9 de junio de 2009
(2) Ibídem.