Asociaciones de este colectivo, consideradas trabajadoras esenciales durante la pandemia denuncian la falta de reconocimiento de sus derechos y un incremento de las situaciones de emergencia social.
Las asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados en España, compuestas mayoritariamente por mujeres migrantes, llevan años denunciando su situación de desprotección, precariedad, explotación, abuso y violencia sexual en el sector. La crisis de la COVID- 19 ha afectado de gran manera a este sector colocando a las mujeres que ejercen este trabajo, muchas de ellas en situación administrativa irregular, en situaciones de extrema vulnerabilidad y violencia.
En febrero de 2020 se reportaba 394.171 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, sin embargo, en agosto esa cifra bajaba a 373.938. Durante la pandemia más de 20.233 trabajadoras de hogar han sido despedidas, mientras que otras han visto reducidas sus jornadas laborales, pero con un incremento de tareas. Además, se ha acentuado el régimen de interna, al tener que acceder a vivir con sus empleadores para no perder su trabajo, ya que estos se escudan en el riesgo de contagio que supone el desplazamiento diario. Así mismo han aumentado las ofertas de interna, “aprovechando la necesidad y desesperación de las mujeres”, con sueldos que no alcanzan el salario mínimo. Así lo denuncian la Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y Cuidados (AIPHYC) y Alianza por la Solidaridad-ActionAid, organizaciones que han estado trabajando en red con otras asociaciones a nivel estatal para visibilizar su situación, defender sus derechos, y hacer incidencia política y social para poner esta situación en la agenda.
Igualmente consideran que las medidas sociales diseñadas por el Gobierno y demandadas por asociaciones del sector, como el Ingreso Mínimo Vital y el Subsidio Extraordinario de Desempleo para Empleadas de Hogar, han sido positivas, pero insuficientes. Muchas de las mujeres no cumplían con los requisitos al trabajar gran parte de ellas en la economía sumergida, lo que supone, por ejemplo, que el Subsidio Extraordinario llegue sólo al 10% de las trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. Hay que recordar que más de 200.000 mujeres trabajan en la economía sumergida en España por la imposibilidad de regularizar su situación, ya que la Ley de Extranjería impide conseguir la residencia hasta cumplir al menos tres años de estancia en España y por tanto han quedado fuera de todas las medidas.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid y las organizaciones demandan también la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente de las trabajadoras y trabajadores domésticos con el propósito de garantizar la protección de este colectivo, históricamente discriminado, y equiparar sus derechos laborales a los del conjunto de trabajadores. Un compromiso del gobierno para la actual legislatura, que aún no ha cumplido. Además, piden la incorporación plena al Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría tener derecho a la prestación por desempleo. Una incorporación, que el actual gobierno ha retrasado hasta el 2023, aunque en principio iba a ser este año. Así mismo, reclaman una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, abolir el régimen de interna, y la regularización de las personas en situación administrativa irregular, que representan hasta el 30% del sector, que son las que sufren una mayor vulneración de derechos.
Situaciones de las trabajadoras de hogar a un año de la pandemia: el repunte del trabajo de interna
SEDOAC señala como estas problemáticas no son una novedad en el sector. Lo que ha hecho la COVID-19 es agravar sus condiciones y acceso a derechos “Las condiciones de abuso y explotación laboral siguen a la hora del día, hay un repunte de trabajos para personas internas con ofertas de salarios por debajo del SMI y sin permiso para el disfrute de días libres a riesgo de quedar sin trabajo de no aceptar las exigencias de los empleadores. Además, siendo personal de primera línea como cuidadoras de personas dependientes en plena campaña de vacunación no se nos ha priorizado a pesar de haber sido consideradas “esenciales”.
A pesar de esta situación apuntan también que gracias al trabajo de incidencia y la presencia en medios se han conseguido medidas como la puesta en marcha en febrero del Plan de Actuación impulsada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que pretende regular las condiciones salariales y las cotizaciones de las empleadas de hogar. “Celebramos este pequeño paso hacia una igualdad de derechos que nos merecemos, sobre todo porque era una injusticia y una excepción que había que corregir. No obstante, a este “avance” le faltaría un paso más, que es incluir a las trabajadoras de media jornada o por horas que quedan fuera, porque tendría que ser obligatorio para todas estar de alta en la Seguridad Social”, comentan desde SEDOAC.
En este día que ha sido siempre un día de reivindicación para las trabajadoras de hogar, Dolores Jacinto de AIPHYC señala al respecto: “Seguiremos luchando por el reconocimiento de derechos para poder tener los mismos que los demás sectores laborales y estar dentro del Estatuto de los Trabajadores. No se puede decir que nuestro trabajo es esencial para la vida, que obviamente lo es, sin que se traduzca en reconocimiento de derechos”.