1. El expediente de Astilleros tiene 20 años y no seis meses ni un año. Es una batalla de desgaste, con el final escrito desde 1984. Atribuirlo según los tiempos, a la incompetencia empresarial, la dejadez y la negligencia gubernamental o la competencia desleal encarnada en el enemigo coreano, es una burla histórica y política. […]
1. El expediente de Astilleros tiene 20 años y no seis meses ni un año. Es una batalla de desgaste, con el final escrito desde 1984. Atribuirlo según los tiempos, a la incompetencia empresarial, la dejadez y la negligencia gubernamental o la competencia desleal encarnada en el enemigo coreano, es una burla histórica y política. Estos elementos tienen su papel pero desde luego no es el principal que se le atribuye. La reestructuración general del tejido productivo y el mercado laboral y la nueva división internacional del trabajo desde mediados los ’80, están recogidas en las propuestas del FMI y el Banco Mundial, las directrices estratégicas de las multinacionales, las exigencias de la UE y la política económica de los sucesivos gobiernos de Madrid. La privatización de la industria estatal o las profundas restricciones a la producción en todos los sectores económicos, eran las abstractas exigencias del abstracto «desarrollo económico», o imposiciones muy concretas de la normativa comunitaria. En la política económica, industrial y tecnológica de Boyer, Solchaga, Solbes, Rato o Solbes otra vez, Astilleros y todo el sector industrial de generación fordista, salvo en sus divisiones militares, están fuera de cualquier proyecto de futuro. No son sino un fantasma pendiente del último suspiro, un mal sueño con el que de vez en cuando tienen que toparse al despertar. Pero si en todo el tiempo no se ha elaborado un solo plan que ofrezca alternativas a las poblaciones, los trabajadores y los sectores afectados, no será por el gusto del conflicto social, por incompetencia o por ‘insensibilidad social’ . Su alternativa está en las propias consecuencias. La entrada de despedidos, prejubilados y trabajadores de las industrias auxiliares, al paro de larga duración, la emigración, la economía sumergida o la precariedad, no necesita plan ni respuesta porque responde por si misma a las nuevas necesidades de «flexibilidad, disponibilidad y movilidad» del mercado laboral.
2. La estrategia sindical pobre, miope y repetitiva de los análisis a las reivindicaciones, es fruto fiel de la despolitización total y absoluta. Según Felipe López de CCOO el gobierno y la SEPI «se empeñan en respetar el marco jurídico comunitario, pero obvian los compromisos adquiridos con los trabajadores y las trabajadoras en materia de empleo y centros de trabajo», Ésta, que es la cuestión de fondo, que señala claramente dos posiciones e intereses irreconciliables como son el proyecto europeo y el mantenimiento de la industria y los puestos de trabajo, se subraya como algo coyuntural, parte del juego negociador. En cambio, en el primer posicionamiento sindical respecto a la crisis actual, se habla de «un plan industrial y, para definirlo, ‘es imprescindible situar cargas de trabajo'». Como si la viabilidad de un plan industrial dependiera más de la carga de trabajo que de los propios límites impuestos por Bruselas, y atribuyendo así el problema y la solución prácticamente a meras cuestiones de gestión. Tras 20 años no debe ser tan difícil ver el hilo conductor entre la idéntica línea de trabajo de todos los gobiernos de Madrid, el marco político y económico de la UE, y la situación de actual de tocado y hundido de los Astilleros.
3. Existe combatividad y conciencia, pero no radicalidad en la lucha, ni en su desarrollo ni en sus resultados. La dinámica del conflicto siempre es igual y hoy está totalmente agotada. A una posición de fuerza por parte del Ministerio, corresponden duras movilizaciones en la calle, hasta llegar a la mesa de negociaciones. Los «planes de viabilidad», se han basado siempre, sin excepción, en contundentes mutilaciones de la capacidad productiva y sobre todo en la destrucción de puestos de trabajo que en 20 años ascienden a 30.018 empleos menos. Según Cinthya Marín «las secciones del metal de esos sindicatos tienen cierta autonomía, sabedores que Astilleros esta aún en pie, precisamente por esas formas de lucha practicadas en los últimos 25 años… y saben que al delegado sindical que le tiemble el pulso, o le haga más caso a una llamada a la calma de los super jefes sindicales en Madrid, que a la Asamblea, se ha jugado su futuro» 1. Esto es cierto en parte, pero se produce un doble y hasta un triple juego. Los disturbios forman parte de la táctica para una negociación podrida de antemano, donde se va a perder lo menos posible y a no ganar nada más que tiempo de descuento. La combatividad tiene un valor político y mediático, que da a las federaciones del metal un especial peso específico en las luchas internas del aparato sindical, por lo que determinados cargos salen reforzados de confrontaciones como ésta. En cualquier caso, a la larga juegan idéntico papel de ‘pacificadores’ y colaboracionistas. No se destruyen una medía de 1500 puestos de trabajo por año sin una continuada complicidad sindical.
4. La actuación del PP era puro cálculo. En 1997, recién llegado al gobierno, en minoría, necesitaba renegar la imagen de la derecha del «ajuste duro», y sobre todo evitar cualquier conflicto que debilitara aún más su posición. El acuerdo que se firma en ese momento es el parche que apuntala el Plan Estratégico de Competitividad de 1995, y su vigencia es hasta diciembre del año que viene. La prevaricación de la SEPI se puede considerar como una de las claúsulas subterráneas del acuerdo, y de hecho «el presidente del comité de empresa de la factoría de Puerto Real, Ramón Linares (CC.OO.)… aseguró que se esperaba esta medida» , refiriéndose al expediente abierto por Mario Monti. Al acuerdo del 97 le sobra por todas partes la consideración de Plan Estratégico, era una paz por ocho años llena de puntos débiles y suspensivos. El diputado del PSOE Alfonso Perales acusó al PP «‘permitir que los expedientes avanzaran’ sin actuar al respecto», pero hasta hoy ni él ni nadie han cuestionado la legalidad ni la legitimidad de la acción de Monti, lo que significa que aceptan tácitamente que tiene razón. La crítica del nuevo gobierno al anterior se refiere a no haber ejercido el derecho de chanchullo, y por tanto la alternativa al plan de la SEPI es buscar «un arreglo», por dentro y por fuera, con los sindicatos y con Bruselas, sin más objeto que volver a salir del paso. Un modus operandi que no beneficia para nada a los trabajadores, no soluciona nada y genera mas problemas. Es lo que pasa cuando no se hacen las cosas con claridad, que a la larga repercute en incertidumbre y sorpresas como bromas de mal gusto, y solo puede ser un éxito para los negociadores en su necesidad de ganar y ganar tiempo una y otra vez, hasta que el tiempo se acabe.
5. Las formas unilateralistas, intransigentes y provocadoras de la SEPI, son realmente sospechosas. Es dudoso que sean fruto de la torpeza de burócratas acostumbrados al taimado juego de pactos con los sindicatos. No hace falta ser un reconversor experimentado para saber qué tipo de respuesta recibirían las propuestas de segregación y privatización, sin diálogo previo alguno. La batalla de septiembre ha sido conscientemente provocada, no sabemos si con la intención de medir a los sindicatos, o pensando en arreglar ‘lo de astilleros’ cuanto antes. En este caso, la intención seria saldar esa cuenta antes de que se acerquen elecciones. Llegar a diciembre del 2005 después de que los sindicatos hayan quemado su armamento mas pesado en conseguir aplazamientos, dándole vueltas a una mesa de negociación sin llegar a ningún lado y donde el gobierno haya demostrado una posición de fuerza y hecho pedagogía sobre la irreversibilidad de las medidas a tomar. Situar el conflicto en un momento en que todavía existe el colchón de «medidas progresistas» como la retirada de las tropas de Iraq y la legislación sobre violencia de género o en materia de derechos de los homosexuales, reduciendo al máximo las posibilidades de desgaste. Pagar cuando la bolsa todavía está llena, cuando el coste político de suicidar Astilleros aun pueda pasar por calderilla.
6. Mientras la invasión de Iraq ha dado lugar a una de las mas importantes movilizaciones a nivel mundial, la industria militar se ha revalorizado tanto económicamente como en su carácter político y estratégico. Para la propia UE, y esto es de mucho antes, mientras las ayudas a los astilleros civiles están terminantemente prohibidas, la construcción naval militar se considera un «sector estratégico» y no está sometida a estas restricciones. En abril la dirección de IZAR negociaba «con Israel la fabricación de 2 corbetas de 2.600 tm. por 1.000 millones de euros», o para la propia armada española, «un buque de proyección LLx, un megabuque de 25.000 tm. de proyección estratégica, para transportar 1.500 soldados a lejanos escenarios LHD por un coste de 360 millones de euros.» 2. La contribución al militarismo criminal israelí o la producción de buques concebidos «ad hoc» para la participación en operaciones de agresión e invasión, no es algo que se pueda despachar rápidamente. Se comprende que la cosa no está para despreciar carga de trabajo, pero el boicot al comercio con Israel o a la fabricación de cierto tipo de buques, debe ser tomada muy en serio.
7. El equilibrio de fuerzas no es precisamente favorable, el tiempo se agota y juega a favor del estado que ya tiene mayoría del trabajo hecho y aguarda el descabello. En cualquier caso todo pasa por que los trabajadores rompan con el liderazgo de CCOO y UGT y politicen los términos del conflicto. En este sentido, para trazar una estrategia hay que tener en cuenta, que Astilleros y el sector naval no son los únicos afectados por la política de desmembramiento económico e industrial. La táctica del hecho aislado no sólo ha permitido estrategias y tiempos distintos, para desarmar por separado sectores económicos conectados entre sí. Además ha servido para obviar posibles salidas que engloben los intereses de distintos sectores y países con problemas comunes. A la estrategia de resistencia a corto plazo, hay que unir una estrategia política local y global en profundidad, que ponga en marcha alternativas, reflexionadas y defendidas por los propios trabajadores, y que conecten las luchas y las propuestas. En este sentido y por señalar algunas posibilidades, la relación con el propio sector pesquero andaluz y con otros como el euromediterráneo, el africano o el latinoamericano; o con el de los trabajadores del sector de los hidrocarburos, deberían ser ejes claves tanto de la lucha como de las soluciones.
[1] Cinthya Marin, «Astilleros: un ejercicio de lucha de clases», Cadiz Rebelde [2]»Astilleros y los sindicatos, www.justiciaipau.org, 26/4/04