Tras el polémico borrador de ley que grava el autoconsumo, se asoman los intereses de la patronal de la energía
Hay una guerra abierta en el sector eléctrico a costa de las reformas y contrarreformas que en menos de 20 años ha soportado. Primero la liberalización de 1997, el boom del gas natural y los ciclos combinados, seguidos por el boom «renovable», que se solapa con la crisis del déficit de tarifa y que nos trae a la reforma del sector que desde 2013 se está llevando a cabo. El torrente de normativas y la opacidad de las mismas son el primer síntoma de la complejidad de los intereses que hay sobre el tablero.
La última línea de frente se ha abierto en las tierras del autoconsumo, caballo de batalla de la industria fotovoltaica frente al ‘oligopolio’ que apuesta por el modelo de generación centralizado del desarrollismo moderno. Todo detrás de un discurso que apela al ecologismo y a «la ciudadanía» para que se movilice contra el «impuesto al sol».
El autoconsumo en el centro
El Economista es una de esas cabeceras que suele dar pábulo a las teorías más cercanas a la gran patronal de la energía eléctrica, Unesa. En las últimas semanas se vienen repitiendo las columnas de opinión y los análisis en los que apuntan a la «insolidaridad del autoconsumo», línea argumental del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para sacar el polémico borrador de real decreto para regular el autoconsumo.
Esta insolidaridad supone básicamente considerar que el sistema eléctrico tiene unos costes fijos (mantener la red, distribuir la energía, operadores del mercado y del sistema…) y que si una gran cantidad de consumidores se pasan al autoconsumo y dejan de pagar, quienes quedan tocan a más y quienes quedan precisamente serán quienes tienen menos capacidad de instalarse un sistema autónomo de generación.
El discurso de la insolidaridad del autoconsumo viene gestándose desde 2011 en las cocinas de Iberdrola, a quien por lo pronto no le interesa un mercado de la generación distribuido y horizontal que compita con el esquema tradicional con el que Iberdrola y las otras empresas de Unesa trabajan desde hace décadas.
Bajo esta lógica de los costes comunes, la normativa propone cobrar a quienes consuman su propia electricidad por el uso de la red aunque no la usen, como forma encubierta de mantener dentro del sistema eléctrico y bajo unas reglas férreas y complejas a toda la población.
En todo caso, la pelota está en el tejado del Estado, que sigue teniendo pendiente la tarea de aclarar cuáles son esos costes comunes de la red. Con estos números sobre la mesa, las afirmaciones de los propagandistas de Unesa y del propio Ministerio tendrían algo en lo que apoyarse.
La tarea de calcular esos costes depende de la CNMC desde hace años, aunque van con pies de plomo y velocidad de caracol en vista del marrón en el que se ha metido el Ministerio y el IDAE con el último cálculo de este tipo que hicieron, cuando calcularon el coste de las plantas de energía renovable instaladas para revocar las primas y que ha llevado al reino de España a los tribunales internacionales y a los altos responsables del Ministerio a enfrentarse a sendas denuncias por corrupción.
Independientemente de cuáles sean esos números, los sectores defensores del autoconsumo se han lanzado contra la acusación de insolidaridad. El director general de la -pequeña- patronal fotovoltaica Unef respondía en El Periódico de Catalunya que lo insolidario es el «impuesto al sol» dado que quienes apuestan por el autoconsumo contribuyen a resolver la triple crisis energética, ambiental y económica.
Ésta es la línea de defensa del autoconsumo como línea de expansión de la generación eléctrica «renovable», una línea basada en criterios ambientalistas, sociales y que apelan al empuje de «lo nuevo» frente a «lo viejo». Que la aparición de este borrador de Real Decreto haya coincidido en el tiempo con el anuncio de la empresa Tesla de lanzar una línea de baterías destinadas al autoconsumo ha hecho que desde las distintas empresas de comunicación se hayan asociado ambos sucesos, vinculando el viejo autoconsumo eléctrico con la novedad del emprendedor de moda, Elon Musk.
Así, el pasado 17 de junio en la sede de Ecoo en Madrid se realizaba un acto que contaba con un representante de Fronius -el futuro comercializador europeo de las baterías de Tesla- como puesta en escena de la alianza entre la tecnología punta de Silicon Valley y el movimiento por un nuevo modelo energético español, encabezado mediáticamente por la presentadora de aquel evento, Cote Romero.
Aunque en dicho evento se pusieron de manifiesto las divergencias entre quienes apuestan por el autoconsumo aislado -que usa baterías- y el autoconsumo con Balance Neto -usa la red eléctrica como batería- todos coinciden en poner sobre la mesa que tras a la polémica del autoconsumo hay un conflicto por el modelo de mercado y sobre sus actores. Por un lado el modelo tradicional, centralizado y controlado por grandes empresas y, por otro, un modelo descentralizado y aparentemente más accesible a «los ciudadanos».
El modelo de mercado… y el modelo de sistema
El debate sobre el «modelo de mercado» está efectivamente en la picota. Desde la emisión del documental de Jordi Évole que trataba muy críticamente el funcionamiento del mercado eléctrico se generó una oleada de iniciativas que se han agrupado en torno a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético como punta de lanza de un movimiento más amplio que agrupa desde productores de energía renovables afectados por el recorte a las primas -especialmente fotovoltaicos- hasta las distintas cooperativas de comercialización que se despliegan y asientan por los distintos pueblos peninsulares. Las críticas al sistema de fijación de precios, al poder de mercado de las grandes empresas agrupadas en Unesa, la denuncia de la existencia de una desgraciadamente extendida pobreza energética y la denuncia de la insostenibilidad del modelo actual son los cuatro puntos principales en los que se vertebra la crítica al ‘oligopolio’.
Respecto al autoconsumo, la apuesta de este bloque es el Balance Neto, la fórmula más beneficiosa para los propietarios de sistemas de autoconsumo. Desde estos sectores se apuesta por la «presión ciudadana», para que «los consumidores puedan libremente elegir cómo se genera la energía que consumen», en palabras de Cote Romero. Es cierto que hoy por hoy el mercado no está preparado para un aluvión de productores distribuidos, a lo que se responde que eso es pura voluntad política por parte del Gobierno, lo cual no deja de ser cierto… si nos referimos al mercado.
Lo que no se contempla cuando se habla de la generalización del autoconsumo y del cambio en el mercado eléctrico es del necesario cambio en el sistema eléctrico no sólo sobre los papeles, sino técnicamente. El debate que está quedando fuera de plano en la polémica del autoconsumo es cómo debe ser la red eléctrica y si esta podría soportar esa multiplicación de los puntos de generación de energía a nivel físico, a nivel de cables, contadores, transformadores y trabajadores del mismo y no sólo sobre cómo, qué y quién factura por comerciar con energía.
Sin embargo, sí se están escribiendo sendas líneas sobre cómo debe ser el futuro de la red eléctrica y cómo deben ser los cambios, y no precisamente abanderados por el entente pro-renovable. Para no escarbar mucho en la documentación institucional de Red Eléctrica Española y de sus distintos accionistas al respecto, nos podemos quedar con lo que Cinco Días recogía en portada de sus Desayunos Cinco Días el pasado 15 de junio. Con el -¿pretencioso?- titular «Rumbo a la próxima revolución de la energía» se recogían las impresiones de un debate entre altos cargos de Siemens, Gas Natural Fenosa, Iberdrola Distribución y Red Eléctrica Española. A lo largo del debate, y entre cifras grandes y pomposas de ahorros y eficiencias, se demarcan dos líneas de desarrollo: la internacionalización y la «revolución digital».
La internalización de la Red Eléctrica supone aumentar la complejidad de la que según la representante de Gas Natural Fenosa es la «máquina más grande que ha construido el ser humano jamás». El objetivo es aumentar las interconexiones que cruzan los Pirineos y también, las que cruzan el Mediterráneo. La internacionalización de la Red es una apuesta que lleva en marcha décadas y que está detrás de proyecto faraónicos ya en marcha como la línea de Muy Alta Tensión que cruza Cataluña Occidental. Estos días la prensa también recogía el apoyo de varios ministros europeos daban al proyecto de la interconexión por el Pirineo Oscense que pasará por Sabiñánigo.
La apuesta se justifica en un aumento de la seguridad de la red y una oportunidad para aumentar la competitividad en los mercados al relacionar más empresas y consumidores en la misma red. Pero eso no es lo único que puede aportar la «internacionalización de la red». Por poner un ejemplo de qué otros efectos pueden tener estas inversiones, baste recordar que una interconexión eléctrica de gran capacidad que conectará en no muchos años Francia con el norte de África sería un pulmón para una industria nuclear a la que le encantaría externalizar esas centrales a territorios menos conflictivos que los europeos y ya de paso, más cercanos de las grandes minas de uranio africano.
En este punto también hay que rescatar con la importancia que merece la postura de quienes se han opuesto a la MAT a su paso por Gerona o a otras grandes infraestructuras como el TAV vasco o italiano o grandes aeropuertos como en Notre Dame des Landes, por ser estas infraestructuras de conexión y transporte elementos centrales de una civilización que está sumida en una grave crisis pre-colapso que marca nuestra época y que van a lastrar enormemente la reconstrucción de las relaciones sociales que las futuras generaciones humanas tendrán que llevar a cabo.
La «digitalización» es el caballo de batalla de la industria moderna después de la automatización de finales de siglo XX. En el caso que nos ocupa se habla de smart-grids, redes capaces de conocer y autoregular los flujos de energía que las atraviesan en tiempo real. La defensa de la red inteligente pasa por la reducción de gastos por pérdidas, la posibilidad de tener un mayor control sobre el consumo por parte de quién consume y la posibilidad de tener una información que ofrece un control permanente de toda la actividad eléctrica. Este aspecto tampoco es nuevo y lleva tiempo sobre la mesa. Esos contadores por horas que en este 2015 se han generalizado por obligación son un paso más de una red automatizada que ya lleva un largo recorrido en la parte de gestión de sistema que depende del operador, con espectaculares desarrollos de software de control.
Esta automatización extrema es algo perfectamente asumido por quienes apuestan por el Balance Neto, sin el cual éste sería inviable. Que la «revolución digital» es un proceso que la opinión pública percibe como bueno es una obviedad. Una obviedad inquietante mientras el imperio smart ha mapeado el planeta palmo a palmo, estudia nuestras relaciones en «el acuario de Facebook» y se postula como alternativa de gobierno a la «partitocracia».
Parece entonces que el sistema eléctrico español ya ha iniciado su marcha para absorber el impacto de un boom de la burbuja del autoconsumo que alguna gente ya prepara con la expansión de Tesla, pretendiendo emular en el sector de la electricidad lo que hizo Windows en el sector de la informática. Con eso en marcha, que a nadie le quepa duda de que el deseado autoconsumo llegará, aunque nos queda ver de qué manera. Puede que en poco tiempo tengamos a la banca financiando la instalación de sistemas de autoconsumo dependientes de tecnología de Silicon Valley como forma de revalorizar inmuebles y relanzar la burbuja del crédito y la hipoteca o puede que simplemente Iberdrola nos instale placas y baterías en casa de la misma forma que hoy nos instala contadores. Que el bloque que domina el sector eléctrico hoy en día no esté trabajando por cambiar el mercado eléctrico no significa que no estén pensando en ello, y como prueba ya están levantando el «edificio» según sus propios intereses.