«Así es el tiempo multilateral», justificó un diplomático brasileño ante la crítica de que las decisiones de la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8) postergan acciones que ambientalistas consideran urgentes para salvar la vida en la Tierra. La resolución más compleja e importante de la octava COP-8 fue la […]
«Así es el tiempo multilateral», justificó un diplomático brasileño ante la crítica de que las decisiones de la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8) postergan acciones que ambientalistas consideran urgentes para salvar la vida en la Tierra.
La resolución más compleja e importante de la octava COP-8 fue la que fijó para «antes de 2010» el plazo para que el grupo de trabajo diseñe un régimen internacional de acceso a recursos genéticos y participación en sus beneficios (ABS, por sus siglas inglesas), como propuesta a ser sometida a la COP-10.
Es un gran avance en un tema que estaba congelado en los 14 años del Convenio, celebró la ministra brasileña de Ambiente, Marina Silva.
Además, en la conferencia realizada en la meridional ciudad brasileña de Curitiba, se adoptaron otras 30 decisiones, comprendiendo casi todos los temas en pauta, incluso algunos nuevos y polémicos como las semillas estériles y árboles transgénicos, acotó.
El Convenio de Biodiversidad ganó un nuevo estatus en esta reunión y Brasil reasumió un liderazgo en cuestiones ambientales en un nivel superior al que tuvo en la Cumbre de la Tierra, realizada en 1992 en Río de Janeiro, evaluó el viceministro Claudio Langone en entrevista con IPS.
La COP-8 involucró más de 4.000 personas en sus debates y negociaciones oficiales y otros 6.000 en seminarios y manifestaciones de organizaciones sociales desde el 20 de marzo hasta la noche del viernes. Estuvieron presentes unos 100 ministros, frente a sólo 16 en la COP anterior en Malasia, donde hubo 2.600 participantes, comparó Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo del Convenio.
También la COP-8 comprendió 236 eventos paralelos, en los que se verificó una amplia participación de la sociedad civil. La conferencia sobre cambio climático, en general más atractiva, reunió 150 de esos encuentros hace cuatro meses en Montreal, observó Langone.
El régimen de ABS debe decidirse hasta 2010, pero la resolución aprobada dice que la propuesta tiene que estar lista «lo antes posible» y Brasil, como presidente del proceso hasta la próxima COP en 2008 en Alemania, tendrá más condiciones de influir para apurar las negociaciones, matizó el funcionario.
Langone aclaró que no se partió de cero, sino de un texto básico elaborado por el grupo de trabajo dedicado al tema, hace dos meses en la ciudad española de Granada.
Hubo objeciones a esa propuesta, especialmente de parte de la Unión Europea, ante los numerosos corchetes indicando discrepancias en muchos puntos, pero «es una referencia» que ayuda a avanzar, destacó.
Pero es ese carácter dilatorio de la mayoría de las decisiones de la COP-8, creando grupos de trabajo o de expertos para examinar sus temas, que genera los cuestionamientos de ambientalistas, movimientos sociales e indígenas.
La organización no gubernamental Greenpeace Internacional consideró un «fracaso» la conferencia, por no adoptar medidas urgentes para contener la biopiratería y la destrucción de la naturaleza.
La urgencia tiene fechas, los mismos miembros del Convenio fijaron, en 2002, una serie de metas a cumplir, como la ampliación de áreas protegidas terrestres y marinas, para reducir significativamente la pérdida de biodiversidad hasta 2010. Ya pasó la mitad del plazo y muy poco se hizo, pues escasos países pusieron en marcha el prometido plan nacional de acción.
Además no se avanzó en una carencia clave, como es la de recursos financieros para cumplir las metas.
A pesar del optimismo expresado, Silva y Djoghlaf parecían sentirse frustrados respecto del tema del financiamiento. «Estamos haciendo un esfuerzo intenso de negociación con los que pueden ayudar,» dijo la ministra brasileña.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo planean distribuir 3.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para proyectos ambientales.
Buena parte de ese dinero va para protección de la biodiversidad, pero hay que disputar esos recursos con otras prioridades, como son los programas para enfrentar el cambio climático, el combate contra la desertificación y la contaminación urbana.
La urgencia se intensifica por la carrera contra los acuerdos de liberalización comercial.
Hay «un antagonismo» entre el debilitamiento del Convenio de Biodiversidad y la «imposición de una agenda económica neoliberal» por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en desmedro de los recursos naturales, según el Foro Brasileño de Organizaciones no Gubernamentales y Movimientos Sociales para el Ambiente y el Desarrollo.
Muchos ambientalistas consideran el Convenio un instrumento para oponerse a las nuevas reglas comerciales y de patentes que amenazan la biodiversidad, al someter todo, incluso la vida, a los designios del mercado.
El Convenio es estratégico para los pueblos indígenas, como el «camino natural para enfrentar la OMC», dijo a IPS el brasileño Marcos Terena, coordinador de la presencia indígena en la COP-8.
Pero los representantes de la sociedad civil sufren divisiones que disminuyen sus posibilidades de influir en las COP de biodiversidad.
Vía Campesina, el movimiento de trabajadores y otras poblaciones rurales, y muchas organizaciones no gubernamental se oponen al reparto de beneficios, arguyendo que sería «mercantilizar» los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales, patrimonios comunes de la humanidad.
El principio de que los recursos naturales están bajo la soberanía de los estados nacionales, formalizado en el Convenio de Biodiversidad, sirve de argumento para bloquear la «participación plena» que quieren los indígenas en la cuestión del reparto de beneficios.
La naturaleza de los convenios mundiales, en que todo se debe decidir por consenso, traba avances más rápidos. Es el «ritmo multilateral» referido por el diplomático brasileño.
Es casi imposible el consenso en temas que tienen consecuencias económicas como el ABS. La geopolítica de la biodiversidad opone, a grosso modo, los países industrializados y dueños de la tecnología, especialmente la biotecnología, con el mundo en desarrollo, donde se concentran los recursos biológicos del mundo, pero distribuidos de manera muy desigual.
En esta COP-8 se destacaron Australia, Canadá y Nueva Zelanda como los obstructores de muchas resoluciones. Ambientalistas los acusaron de servir de «marionetas» de los intereses de Estados Unidos y de la industria biotecnológica.
Por ejemplo, hubo puntos discutidos durante 17 horas para finalmente quedar en recomendaciones generales, como la necesidad de intensificar las investigaciones.
Pero los avances son efectivos, aunque lentos. Uruguay es un ejemplo. Las cuestiones ambientales, escasamente tratadas en ese país hasta 1992, ganaron importancia después de la Cumbre de Río de Janeiro, señaló a IPS Alicia Torres, Directora Nacional de Ambiente y negociadora jefa en la COP-8.
Uruguay tenía resoluciones «aisladas, sin visión de conjunto» y desde 1999 dispone de una Estrategia Nacional de Biodiversidad, y legislaciones para implementar las metas del Convenio, concluyó.