El juez Baltasar Garzón vuelve a estar de actualidad. En esta ocasión, por su decisión de investigar el genocidio cometido en el Sáhara por las fuerzas de ocupación marroquíes durante los años 70 y 80. La iniciativa de Garzón ha provocado una comprensible satisfacción entre los saharauis. Pero el proceder de este conocido ‘juez estrella’, […]
El juez Baltasar Garzón vuelve a estar de actualidad. En esta ocasión, por su decisión de investigar el genocidio cometido en el Sáhara por las fuerzas de ocupación marroquíes durante los años 70 y 80. La iniciativa de Garzón ha provocado una comprensible satisfacción entre los saharauis. Pero el proceder de este conocido ‘juez estrella’, que parece empeñado en que su nombre se asocie internacionalmente a la defensa de los derechos humanos, no deja de resultar paradójico. Decide actuar contra criminales extranjeros pero no hace lo propio con sus homólogos franquistas, clausura publicaciones, encarcela a periodistas e impulsa macroprocesos políticos donde se vulneran los derechos más elementales de los acusados.
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, acaba de declararse competente para investigar el genocidio cometido por las fuerzas de ocupación marroquíes con la población saharaui durante los años setenta y ochenta. Garzón admite así a trámite la querella interpuesta en septiembre de 2006 por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis, y ha abierto diligencias previas contra trece altos cargos de la seguridad marroquí, de los 31 que habían sido acusados por los querellantes.
Estas organizaciones han contabilizado hasta el momento un total de 542 desaparecidos y culpan a los altos cargos de detención ilegal, torturas y asesinatos. Entre los denunciados se encuentra el ex ministro de Interior marroquí Dris Bsri y el ex jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación, y consejero especial del rey de Marruecos, Yassine Mansouri.
UNA CONSECUENCIA NATURAL DE LA OCUPACIÓN: LOS CRÍMENES CONTINÚAN
Los hechos que ahora podrían ser investigados se remontan a 1975, año en el que -tras la firma de los «Acuerdos Tripartitos de Madrid»- España abandonó la que hasta entonces era su última colonia y el Sáhara Occidental fue violentamente invadido por el Reino de Marruecos. «Desde entonces y hasta la actualidad – recuerdan las asociaciones querellantes – el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con Napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación».
Esta denuncia es avalada por múltiples asociaciones internacionales, que han podido constatar que las torturas y la represión sistemática continúan siendo cotidianas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. «La política marroquí responde, sencillamente -afirman diversos estudiosos de este conflicto- a las necesidades de la dominación que trata de imponer una potencia extranjera, y el empeño por parte de la monarquía alauita de impedir el ejercicio del derecho a la libre autodeterminación del Sáhara, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960». La complicidad con la ocupación alauita del Sáhara occidental de países como EE.UU., Francia o España, ha garantizado hasta el momento la impunidad a todos los responsables de estos crímenes y su casi nula difusión a través de los grandes medios de comunicación. Particularmente escandalosa ha sido la connivencia de las autoridades españolas con las marroquíes, que se ha vuelto a poner de manifiesto al conocerse que dos de los ahora investigados por el juez Garzón fueron condecorados en enero de 2005 por el Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero. En vísperas de la visita de los reyes de España a Marruecos, el consejo de ministros otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica a Hamidou Lanigri, director general de la Seguridad Nacional marroquí, y Housni Ben Sliman, general de la gendarmería real. Entonces, las importantes protestas de saharauis y grupos de defensores de los derechos humanos no modificaron la decisión del gobierno psocialista.
LA INICIATIVA DE GARZÓN: REACCIONES Y PARADOJAS
La iniciativa de Garzón, aunque limitada a los llamados «años del plomo» por la magnitud brutal de la represión marroquí, ha provocado una comprensible satisfacción entre los saharauis, así como el esperado rechazo de las autoridades alauitas.
De esta manera, el conocido «juez estrella» vuelve a estar de actualidad. Como se recordará, Baltasar Garzón, habitual acaparador de portadas, ya se significó internacionalmente al impulsar un proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, quien finalmente no tuvo que pagar precio alguno por sus crímenes.
Menos conocida fuera del Estado español es la otra labor de Garzón en la Audiencia Nacional – heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público-. Aplicando una doctrina sobre «el entorno» de ETA que muy bien podría suscribir -por su arbitrariedad- la judicatura marroquí, Baltasar Garzón ha decretado el cierre de publicaciones, ha encarcelado a periodistas como Pepe Rei, y ha impulsado macroprocesos como el sumario 18/98, cuya instrucción se realizó, según la Comisión Internacional de Juristas «Euskal Herria Watch», compuesta por juristas de distintos países:
«En flagrante violación de los derechos de la defensa, con falta de concreción en los hechos presuntamente delictivos … con la utilización de declaraciones hechas bajo tortura… y con la pretensión de criminalizar actividades sociales, políticas, culturales, comunicativas y periodísticas legítimas, legales, públicas y transparentes». (*)
No es ésta, sin embargo, la única paradoja apreciable en el proceder de un juez que parece dispuesto a asociar su nombre a la defensa de los Derechos Humanos. Aún más significativo resulta el hecho de que el magistrado español haya decidido – justamente – aceptar la pertinencia de la querella contra los asesinos marroquíes, mientras en el Estado español sus homólogos franquistas no sólo permanecen impunes sino que han continuado con éxito sus carreras políticas y empresariales. Tan lejos en el tiempo están los crímenes protagonizados por las fuerzas marroquíes de ocupación del Sáhara en 1975 y años posteriores, como aquellos otros de los que fueron víctimas, entre otros muchos, tres canarios asesinados por aquellas mismas fechas: Javier Fernández Quesada, Antonio González Ramos y Bartolomé García Lorenzo.
«¿Cuándo podremos ver en el banquillo de los acusados a un Fraga o un Martín Villa?, ¿cuándo se le exigirán responsabilidades al ex gobernador civil del franquismo Luís Mardones que hoy sienta tranquilamente sus posaderas en el Congreso de los Diputados, sin que nadie se atreva a recordarle sus pasados compromisos?», nos pregunta retóricamente un viejo represaliado de la dictadura, al conocer la última iniciativa de Baltasar Garzón.
Nota:
(*) Del informe final de la Comisión Internacional de Juristas «Euskal Herria Watch» sobre el proceso 18/98.