1. En la neolengua creada por George Orwell en su novela 1984 para la sociedad del «Gran Hermano», una de las reglas gramaticales básicas es la inversión de sentido: así, el odio será llamado amor; la opresión, libertad. Tras el posado para la foto de familia de la presentación del pacto social -¡qué indecencia verlos […]
1. En la neolengua creada por George Orwell en su novela 1984 para la sociedad del «Gran Hermano», una de las reglas gramaticales básicas es la inversión de sentido: así, el odio será llamado amor; la opresión, libertad.
Tras el posado para la foto de familia de la presentación del pacto social -¡qué indecencia verlos ahí tan contentos, el día en que se anuncian cifras de récord histórico de paro registrado, presentando un pacto que sólo incluye minucias frente al desempleo!- Toxo ha dicho, en neolengua, que «(el pacto) preserva el sistema público de pensiones y los derechos de los trabajadores y, especialmente, de las personas jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo»; en su turno, Cándido Méndez ha afirmado que «el acuerdo es fruto del 29-S» y, por si esto fuera poco, ha añadido que ambos, el 2 de febrero y el 29-S, representan «el ejercicio de derechos democráticos fundamentales y de no resignarse (sic!)« /1.
La propia desmesura de la verborrea parece indicar las ganas de sepultar con palabrería el contenido genuino y el significado político del pacto. Porque en realidad, 2-F y 29-S son fechas políticamente antagónicas. El 2-F no es fruto del 29-S, sino la sanción del fracaso de la huelga general. Un fracaso que era mentira cuando lo proclamaron, desde el día siguiente, los poderosos adversarios de la huelga, pero ha terminado siendo verdad, cuatro meses después y por obra de quienes fueron sus principales convocantes. Éste es el durísimo golpe que hemos recibido desde La Moncloa el movimiento sindical (incluyendo las organizaciones representadas por Toxo y Méndez, como no tardará en comprobarse), los movimientos y organizaciones sociales, la izquierda política; y todas y todos los que lucharon el 29-S con la voluntad y la esperanza de iniciar un ciclo de movilización y resistencia capaz de construir una alternativa a la crisis capitalista; y todas y todos los que después de la huelga creyeron, con razón, que habían logrado abrir una brecha en el muro de la resignación y la desmovilización construido sobre las bases del «diálogo social». Ahora esa brecha parece cerrada. No ha regresado la «cuestión social», sino el «diálogo social» y ésta es una excelente noticia sólo para «los mercados» y quienes están a su servicio.
Para levantarnos de la lona y reaccionar, y hay que reaccionar ya, hace falta intentar racionalizar la indignación, lo que no es nada fácil, analizar lo que ha ocurrido y contribuir al debate que se ha abierto en el espacio amplio, y nada homogéneo, del rechazo al pacto social.
En ese debate, hay personas y organizaciones de la izquierda que se oponen al pacto, pero de un modo u otro «comprenden» o disculpan o prefieren no hablar del papel de los sindicatos mayoritarios. Me referiré más adelante a estas opiniones que no comparto.
Este texto se va a centrar en la crítica a la política de CC OO y UGT, a partir fundamentalmente de las declaraciones públicas de sus principales dirigentes que han asumido un protagonismo total desde el comienzo de la negociación, ratificado después por sus respectivas direcciones, con la honrosa excepción del «sector crítico» de CC OO.
No habría ni que decirlo, pero por si acaso: en modo alguno esta crítica disculpa al gobierno. Por supuesto, el responsable fundamental de la política económica y social que padecemos es el gobierno Zapatero y él es el principal inspirador del pacto social, una de cuyas funciones básicas consiste, precisamente, en crear las condiciones adecuadas para la aplicación práctica de lo que Zapatero llama «política de reformas»; política sólo marginalmente corregida por el pacto y que constituye un modelo de ortodoxia neoliberal y sometimiento a «los mercados», cuyo reconocimiento Zapatero busca con ansia fundamentalista.
Tampoco habría que decirlo, pero mejor evitar malentendidos: es verdad que existe una campaña antisindical de la derecha que busca recortar derechos básicos para debilitar las capacidades de defensa de la población trabajadora. No es por cierto la única campaña «antisindical» de los últimos tiempos: hemos sufrido, sin apenas reacción, la imposición por el gobierno durante mes y medio de un «estado de alarma» («santificado», según Rubalcaba) que impide el ejercicio de derechos sindicales y que, en adelante, y más allá del caso muy específico de los controladores, pesará como una losa cada vez que los trabajadores recurran a medidas legítimas, aunque necesariamente «ilegales», para defender sus objetivos. Hemos conocido también una campaña permanente de «consenso mediático» contra los sindicatos amenazándoles con la condena si no firmaban el pacto. Eso sí, una vez éste firmado, han llovido los elogios sobre la «madurez» de los sindicatos. Es un discurso bien conocido: los medios y los poderes establecidos sólo elogian a la izquierda cuando renuncia a defender los intereses y objetivos que representan. Esto es lo que se llama «ejercicio de responsabilidad».
Sin duda estamos en una situación muy difícil para el sindicalismo, especialmente para el «sindicalismo de clase» que lo muestra en el día a día, no sólo en los discursos del 1º de mayo. Pero el debate en la izquierda sobre las políticas sindicales no sólo es legítimo sino necesario y no representa en modo alguno un «ataque» al sindicalismo, sino precisamente su defensa en un terreno decisivo como lo es la política que la izquierda social y política, cada una en su ámbito, pero unitariamente, deberían desarrollar contra la crisis capitalista.
El nuevo y duro desafío que el pacto social nos plantea a estas izquierdas no puede limitarse a denunciar la política del gobierno. Se trata de plantearnos cómo luchar contra ella cuando las dos mayores organizaciones del movimiento obrero han decidido corresponsabilizarse de aspectos fundamentales de esa política; cuando han hecho suyas, por ejemplo, estas palabras de la introducción al pacto: «… este ejercicio de responsabilidad compartida por Gobierno e Interlocutores Sociales transmite a la sociedad española un mensaje inequívoco de solidaridad social y de confianza en el futuro de vital importancia, porque la colaboración de todos para mejorar nuestra capacidad de crecimiento, para aumentar la competitividad de las empresas españolas y para reforzar la cohesión social y recuperar la credibilidad de los inversores nacionales e internacionales se hace imprescindible para afrontar los retos que determinarán nuestro futuro.»
CC OO y UGT son agentes decisivos del pacto social y no pasa día sin que se vanaglorien de esa «responsabilidad compartida». Son pues responsables de cómo se ha llegado al pacto, de cuál es su resultado y de cuáles serán sus consecuencias. Y el pacto, y el papel en él de CC OO y UGT, tendrán una influencia negativa muy considerable en la lucha contra la política del gobierno y de la Unión Europea, dispuestos a darle otra vuelta a la tuerca del «ajuste estructural».
No se puede eludir este problema mayor. Para contribuir al debate sobre él escribo esta nota.
2. Durante el mes que ha durado aproximadamente la negociación formal del pacto, CC OO y UGT no han dado ni la menor información sobre las negociaciones en curso y han evitado cualquier acción social significativa de presión sobre ella. Todo lo que hemos ido conociendo han sido declaraciones y filtraciones de portavoces del gobierno, diseñadas para crear presión mediática sobre los representantes sindicales. Desgraciadamente no hemos contado en este caso con un wikileaks que destapara el velo de las reuniones en La Moncloa.
Estos procedimientos son habituales en la política establecida («lo más oculto es lo más importante», decía Debord), pero son rechazables desde los criterios democráticos más elementales, por no hablar de esa «democracia participativa» que, por lo que se ve, muy pocas organizaciones de la izquierda se toman en serio. Son además muy perjudiciales para aquellos interlocutores cuya fuerza sólo puede estar en la movilización social.
Efectivamente, la negociación secreta imponía una actitud de pasividad a las propias bases sindicales y en general a la gente de izquierda; en estas condiciones las propuestas de CC OO y UGT -o por decirlo más precisamente, las propuestas que decían defender antes de la negociación- tenían todas las de perder. El texto del pacto confirma esta previsión. Toxo y Méndez son gente experimentada y no podían ignorarlo. Pero cuando se pasa la puerta del «diálogo social» hay que dejar fuera las armas de la movilización.
3. Sólo hay un capítulo significativo en el texto del pacto social: la «reforma» de las pensiones. El resto funciona como envoltorio. Mal envoltorio, en todo caso. Lo comentaré brevemente.
El llamado «Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral» es un escarnio: por ejemplo, en un país en el que están en paro el 38,4% en los jóvenes de entre 20 y 24 años y el 25,9% en las edades comprendidas entre 25 y 29 años, llamar «programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable» al proyecto de crear 100.000 empleos para jóvenes por medio de un sistema de tan probada ineficacia como la reducción de las cotizaciones empresariales es un engañabobos. No vale la pena dedicarle más atención.
El llamado «Acuerdo sobre Política Industrial, Política Energética y Política de Innovación» es insignificante (y lo poco que significa algo es malo, como esta puerta abierta para que prosiga el acoso de las empresas privadas a la sanidad pública: «Impulsar alianzas – programas de financiación de la cooperación público-privada- en los sectores de la energía y la salud, así como en aquellos otros sectores que justifiquen su capacidad innovadora, su impacto social o de creación de empleo»). Otro tanto puede decirse del llamado «Compromiso bipartito entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales para el tratamiento de cuestiones relativas a la Función Pública» que, tras tan pomposo título, se limita a un vago compromiso de convocar a la Mesa de la Función Pública.
Se podía pensar que a cambio de las concesiones sindicales en materia de derechos sociales básicos, CC OO y UGT iban a obtener algunas garantías, al menos para sus propios intereses de aparato, en materia de negociación colectiva. Pero el llamado «Acuerdo bipartito entre las Organizaciones Sindicales y Empresariales sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva» sólo contiene generalidades y algunas fórmulas muy ambiguas y peligrosamente cercanas a las reivindicaciones empresariales, por ejemplo: «La imprescindible adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través de medidas de flexibilidad interna, debe realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores, como forma de garantizar su eficacia». Por el contrario, no hay nada en él que impida a la patronal proseguir su cruzada contra la vigencia de un convenio en su ámbito hasta que otro lo sustituya, la llamada «ultractividad», una práctica tradicional y de sentido común, ni contra los convenios de ámbito superior al de la empresa, en el camino hacia el predominio de los acuerdos individuales.
Se han publicado textos con críticas bien fundamentadas y detalladas al capítulo de reforma de las pensiones del pacto social /2. Esos textos hacen innecesario volver aquí sobre esas críticas concretas; es interesante señalar que el pacto va a suponer un recorte medio del 20% para las pensiones futuras, es decir, exactamente la misma cifra que utilizaba Toxo antes del pacto para justificar su oposición a la reforma del gobierno.
En cambio me parece necesario plantear una cuestión general. Todas las medidas que establece el pacto están enmarcadas en el discurso neoliberal contra la viabilidad de las pensiones públicas. Este discurso que cuenta con el consenso de los poderes establecidos económico, político y mediático, se basa en proyecciones demográficas que llevarían a un peso «insoportable» de las pensiones públicas en el PIB a medio plazo. Científicos sociales de izquierda, muy especialmente Vicenç Navarro, han demostrado la falacia de este discurso y la viabilidad a largo plazo de un sistema público de pensiones dignas -es decir, muy superior al actual- siempre que exista la fiscalidad justa que permita el gasto social necesario para una vida decente del conjunto de la población /3. No por casualidad los temas fiscales están ausentes del pacto social.
Entramos aquí en una cuestión que transciende a la defensa del sistema público de pensiones, aunque tenga en él uno de nudos decisivos. La extrema debilidad de la influencia social y política de la izquierda en nuestro país tiene que ver con la ausencia de marcos de interpretación y valoración propios sobre los grandes temas de la realidad. Una de las peores consecuencias de eso que llamamos social-liberalismo es precisamente haber transmitido a la sociedad que, sobre todo en la política económica, «no hay alternativa». Sin romper esta barrera no hay avance significativo posible de la izquierda, ni siquiera en la resistencia respecto a la «guerra social» en la que nos encontramos en la Unión Europea. Efectivamente, esa resistencia tiene que orientarse a medio plazo, lo cual requiere convicciones en objetivos por los que vale la pena luchar, basados en un marco de interpretación alternativo al pensamiento dominante.
Las pensiones públicas son un terreno especialmente favorable para construir uno de esos marcos: contamos con razones poderosas, sólidamente argumentadas y asequibles para la gran mayoría de la población; es un tema de preocupación generalizada en la sociedad; hay una gran desconfianza hacia los argumentos que se utilizan para la (contra)reforma de las pensiones. Por ello, la aceptación de hecho por parte de CC OO y UGT del marco neoliberal sobre la necesidad de recortar duramente las pensiones públicas para hacerlas «viables» es extremadamente grave. En un reciente artículo, Vicenç Navarro se dirige a los sindicatos mayoritarios en estos términos: «… les rogaría que, una vez pactada la reforma, no repitan ahora, como justificación de su aceptación, los mismos argumentos que hicieron aquellos que los propusieron desde el principio. Referirse al cambio demográfico como justificación de la propuesta es convertirse en parte del problema en su lugar de ser parte de la solución» /4. No creo que Toxo o Méndez respondan al ruego de Navarro. Pero si lo hicieran, no habría que tomarlos en serio. Lo que han firmado en el pacto social sólo tiene sentido desde el consenso con esos argumentos. Es otro de los frutos amargos del «diálogo social».
4.
Le Nouvel Observateur: En su opinión, ¿cuál es el valor de la izquierda que habría que promover con mayor urgencia?
Marguerite Duras: La lucha de clases.
Le Nouvel Observateur: ¿Perdón?
Marguerite Duras: Aparte de restablecer la lucha de clases,
no se me ocurre ningún otro…
(Le Nouvel Observateur, 2/4/1992)
La expresión «diálogo social» aparece una decena de veces en la introducción al pacto. Días antes de la presentación oficial del pacto, Toxo y Méndez explicaron sus puntos de vista en un artículo titulado «La necesidad de preservar la cultura del acuerdo» /5. En él se afirma: «…hemos sido capaces de articular un Pacto de Estado que preserva del debate electoralista y el conflicto social la esencia misma de nuestro Estado del Bienestar». Más adelante sostienen que los acuerdos alcanzados han estado presididos «por la lógica del equilibrio, que sólo puede derivarse del debate y el acuerdo entre quienes representan el conjunto de intereses que conforman lo que llamamos ‘el interés general». La verdad es que los párrafos no tienen desperdicio. Toxo se ha desmarcado posteriormente de lo del «Pacto de Estado» a ver si con un perfil más bajo el pacto pasaba mejor. Lástima que no se haya desmarcado de todo lo demás, desde el eufemismo de llamar «Estado del Bienestar» a la situación de un país que está a la cola de la Unión Europea en gasto social, hasta la pintoresca identificación del «interés general» con los consensos de los pactos sociales. Hay aquí problemas de fondo que se deben destacar.
No hace falta ser marxista para saber que el «conflicto social»
-en cuanto expresión de intereses antagonistas, de los que por desgracia son habitualmente más concientes, y más activos, «los de arriba» que «los de abajo»- está en la esencia misma del capitalismo. Se puede afrontarlo o someterse a la ley del más fuerte, pero no se puede eludirlo. Sólo desde el conflicto social pueden entenderse desde la privatización de las cajas de ahorro al modelo energético; desde la escandalosa falta de fondos para la aplicación de la ley de dependencia hasta el avance de la privatización de la sanidad, las amenazas próximas del copago sanitario o de la desvinculación de los salarios de la inflación; desde la reforma de las pensiones hasta el «plan de competitividad» de Merkel-Sarkozy, etc. Cuando los representantes del capital financiero rechazan en Davos cualquier regulación de su negocio, no es un signo de que la situación de la economía mundial esté mejorando, sino de que se ven ya vencedores de la crisis, por abandono de quienes deberían ser sus adversarios. Como dijo hace un tiempo el megarrico -y «filántropo», por supuesto- Warren Buffet: «La lucha de clases existe, de acuerdo; pero es mi clase, la de los ricos, la que da la batalla… y vamos ganando».
Afrontar los conflictos sociales significa luchar por los intereses propios de la clase trabajadora identificando los intereses antagónicos de la clase capitalista y sus representantes políticos y sociales. En una lucha concreta puede haber compromisos, victorias, derrotas… Pero un pacto social que afecta al conjunto, o a una parte sustancial, de la política económica y social de un país es una derrota siempre para las y los trabajadores; los consensos entre representantes de intereses contradictorios no modifican sustancialmente esa política; por el contrario, la legitiman.
Esto es así no solamente porque no existe esa «lógica del equilibrio» de la que hablan Toxo y Méndez, sino una «lógica del desequilibrio» a favor de los intereses de los poderes establecidos que, en este caso, se muestra de una forma evidente tanto en lo que el pacto sanciona sobre pensiones y empleo, como en lo que excluye, por ejemplo las cuestiones fiscales, salvo cuando se trata de rebajar cotizaciones empresariales. Esto es así, sobre todo, porque el pacto social induce desmovilización, resignación y desorientación en la población trabajadora y favorece así la ofensiva gobierno/patronal que siempre se produce a continuación.
Se ha hablado mucho estos días de los Pactos de la Moncloa, glorificados como corresponde a la amnesia histórica dominante sobre la Transición. Hay muchas diferencias entre aquello y esto; por ejemplo, entonces fueron los partidos los que impusieron el pacto a los sindicatos, muy especialmente el PCE a CC OO; en este caso, han sido los sindicatos quienes han puesto especial empeño en incorporar al pacto especialmente al PP. En fin, todo puede empeorar… Pero aún contando con estas diferencias, es útil recordar las consecuencias de aquellos pactos. Xavier Domènech destaca una de las más importantes: «toda noción de lucha, acción colectiva y conflicto desapareció de la narración histórica, si no era presentada precisamente como un freno a la actuación de las instituciones, personas y valores que trajeron la democracia a España.» /6. Esta manipulación afectó también entonces a la mayoría de los trabajadores. No pueden entenderse lo que vino después sin tenerlo en cuenta. Ahora está en curso una operación similar en la que el referente no es ya la «democracia», sino la «salida de la crisis». Si no lo evitamos, las consecuencias no serán ahora mejores que en 1977.
En los deportes suele decirse que «se juega como se entrena». El «entrenamiento» en el «diálogo social» produce un movimiento sindical desactivado, sin sentido militante, con débiles relaciones de confianza con los trabajadores no organizados, ajeno a los movimientos sociales.
En la preparación de la huelga general del 29-S, dirigentes de los sindicatos mayoritarios mostraban su preocupación ante las dificultades para poner en tensión a sus propios cuadros y militantes. Poco les ha durado la preocupación. El regreso al «diálogo social» significa desandar lo que se pudo avanzar el 29-S en activismo, militancia, confianza, experiencia unitaria… Si en el futuro quisieran recurrir de nuevo a movilizaciones se encontrarían otra vez con esos problemas previos al 29-S, pero multiplicados. Y la culpa no es de los trabajadores que, que según una cínica expresión justificativa de algunos dirigentes sindicales, estarían «a la derecha de los sindicatos». Qué duda cabe de que más de treinta años de neoliberalismo han tenido efectos terribles en la solidaridad, la resistencia, la capacidad crítica de la población trabajadora. Pero cuando los sindicatos se someten a esa llamada «cultura del acuerdo», terminan potenciando estos efectos negativos y, con ellos, la cultura de la desmovilización.
5. Juan Torres ha escrito una crítica radical del pacto social /7, que incluye un capítulo en el que desarrolla la idea de que el error del pacto «no es culpa sólo de los sindicatos». El texto es muy polémico en este punto, tanto en sus valoraciones sobre el papel de los sindicatos mayoritarios, como en lo que se refiere a la izquierda política.
Comparto la idea de que estos sindicatos, y los sindicatos en general, no deben ser referentes de la izquierda política, y que no se puede pedir a los sindicatos que resuelvan problemas que corresponderían a las responsabilidades de la izquierda política. Es cierto que una izquierda política más fuerte, que expresara una oposición política radical al pacto social, habría sido un factor muy positivo, un obstáculo considerable a la capacidad de maniobra de gobierno y patronal. Pero muy probablemente si existiera esa izquierda, o por decirlo en términos optimistas, cuando exista, habría tenido respecto al pacto social, y tendrá en el futuro, relaciones muy conflictivas con los sindicatos mayoritarios, si estos mantienen su orientación actual. En todo caso, construir un referente político de la lucha anticapitalista es una tarea fundamental, de extrema dificultad, que interpela a todas las corrientes de la izquierda «alternativa» y que excede por completo de los límites de este artículo.
Quiero referirme aquí solamente a un aspecto concreto del texto de Torres, que tiene coincidencias con otros puntos de vista que, aún criticando el pacto, valoran positivamente lo conseguido por los sindicatos. Dice Torres: «si no se hubiera producido ese pacto el gobierno hubiera tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los trabajadores. Lo que significa que los sindicatos han cumplido en cierta medida su función que es la de defender a los trabajadores hasta donde efectivamente puedan hacerlo». No comparto este enfoque de los resultados del pacto.
En primer lugar, valorar lo conseguido respecto a la oferta inicial del gobierno, y no respecto a los objetivos propios, significa subordinarse a los intereses de quienes hacen la oferta. Isaac Rosa ha descrito esta situación con mucha claridad y con un humor duro en una tribuna muy recomendable, que se resume bien en su título: «Con compradores así, da gusto regatear» /8.
Pero además, no está clara cuál fue la oferta inicial del gobierno y toda la negociación del pacto tiene un cierto aire de «puesta en escena». ¿Planteó el gobierno un «retraso generalizado y obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años» como afirman los sindicatos? No es evidente. El 18 de diciembre, Zapatero anunció que la reforma de las pensiones «se haría de una forma progresiva y flexible (…) que tendrá en cuenta las diferentes condiciones de trabajo y los años de cotización» /9. Este criterio se ajusta bien al texto del pacto firmado un mes después. Parece pues que lo conseguido por los sindicatos en lo referente a las pensiones no es un cambio de fondo en la política del gobierno, sino que se limita a esas cuestiones «de forma».
Sin duda, podía haber sido peor. Pero, sobre todo, ¿podría haber sido mejor?
Supongamos que los sindicatos hubieran rechazado los términos del pacto y el gobierno hubiera impuesto su «oferta» inicial. ¿El movimiento sindical y la izquierda social y política se encontrarían en una situación peor? ¿No es previsible que una posición firme de los sindicatos en defensa de un sistema público de pensiones dignas y contra la política del gobierno habría obtenido un respaldo social importante, aunque no se expresara en principio en grandes movilizaciones? ¿Vale menos ese respaldo social para la resistencia frente a la crisis capitalista que haber conseguido que las personas de 65 años puedan jubilarse con el 100% si han cotizado 38 años y medio en vez de 41 u otros cambios de similar calado respecto a la oferta inicial del gobierno? ¿En cuanto valoramos la desorientación, la desmoralización, las divisiones, la desconfianza… engendrada por el pacto?
No creo que el pacto pueda considerarse un mal menor; es un desastre del que costará mucho esfuerzo restablecerse.
Desde la firma del pacto, Izquierda Unida está tratando de criticarlo sin rozar a los sindicatos firmantes. Puede deberse a preservar los consensos internos, puede deberse a un cálculo electoral sobre la posibilidad de atraer a sindicalistas votantes hostiles al PSOE, pero de acuerdo con la política de sus direcciones, o incluso puede deberse a que se crean, como afirmó, Cayo Lara que «los sindicatos han hecho lo que han podido». Sea cual sea la razón, IU se escabulle del problema fundamental que plantea el pacto social a la izquierda: es decir, que los sindicatos mayoritarios lo apoyan decididamente y están siendo, junto con Zapatero, sus principales valedores, incluso en aspectos simbólicos tan penosos, ética y estéticamente, como la participación en la cena «de consenso» a Angela Merkel.
Nace de aquí una ambigüedad, no sé si calculada. Porque si los sindicatos «han hecho lo que han podido», o yendo bastante más lejos, han logrado «conquistas valiosísimas (sic)» como dice Llamazares, ¿qué papel les corresponde en la lucha contra el pacto social?, ¿cómo se valora la oposición al pacto dentro de CC OO y en otras organizaciones sindicales?, ¿qué sentido tiene seguir hablando de que «sobran razones para la Huelga General» si existen ya esas «conquistas valiosísimas» o los sindicatos han ya hecho «lo que han podido»?
Jugar a dos, o más, barajas puede tener utilidad si lo que se busca es obtener dentro de unos meses réditos electorales que, por otra parte, si alcanzaran el nivel necesario para formar coaliciones de gobierno con el partido principal responsable del pacto social, está por ver para qué política terminarían sirviendo. Pero si de lo que se trata es de «refundar la izquierda» -un objetivo que parece enviado al desván- no se puede recurrir a la diplomacia organizativa para eludir los desafíos que nos plantea el pacto social dentro del propio campo de la izquierda política y social.
y 6. Puede entenderse que la indignación lleve a sindicalistas a romper carnets de las organizaciones responsables del pacto. Pero no creo que eso resuelva ninguno de los problemas que afrontamos. Más bien todo lo contrario.
La experiencia del pacto demuestra que hay que cambiar profundamente las relaciones de fuerzas en el movimiento sindical. Y para eso hace falta, sin duda, que refuercen su influencia, y su capacidad y voluntad de iniciativa unitaria, las organizaciones sindicales hostiles al pacto. Pero es imprescindible contar también con una izquierda sindical potente en CC OO -ojalá que fuera posible también en UGT, pero la fe no me da para tanto- y éste es, pese a todo, un buen momento para reforzarla.
Será necesario contar también con una red sindical con capacidad de acción reivindicativa y solidaria en el marco de la UE, que supere la esclerosis institucional de la CES. He aquí un buen y necesario objetivo común para la izquierda social y política «alternativa» europea. Pero también chocará con la política actual de los sindicatos mayoritarios. Cándido Méndez declaró hace unos días en «Los desayunos de TVE» que frente al «plan de competitividad» de Merkel-Sarkozy hace falta un «pacto social europeo». Es una ocurrencia simplemente absurda y es tremendo que se ocurran ahora estas cosas cuando desde que empezó la crisis no ha habido ni una sola iniciativa sindical significativa de oposición a las políticas antisociales de la UE y no se ha hecho el menor gesto de solidaridad efectiva con las luchas en Grecia, Francia o Portugal. Parece que toda su política empieza y termina en el pacto social.
Vienen tiempos muy difíciles. Pero hay buenas razones para la esperanza. Volviendo otra vez al Pacto de la Moncloa, y sin ánimo de hacer analogías, tras él y frente a él se desarrolló una izquierda sindical potente, dentro y fuera de CC OO. Unos años después nació el movimiento antiOTAN. Ambos crearon posibilidades reales de cambiar el rumbo de la izquierda y del país. Nadie podía haberlo imaginado en los momentos amargos posteriores al pacto.
Aquella historia terminó mal, e incluso muy mal en lo que se refiere a la izquierda sindical. Pero no tenía por qué haber sido así.
En el futuro inmediato, las resistencias que nacerán -porque nacerán con toda seguridad, y están naciendo ya- pueden ser, y ojalá sean, más firmes en sus convicciones, más lúcidas, tenaces y unitarias que lo fueron entonces.
Miguel Romero es editor de VIENTO SUR
Notas:
1/ elmundo.es, 2/2/2011
2/ Entre otros: «Pensiones y pacto social. Recorte del 20%» de Antonio Antón http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3554, «Ataque a las pensiones» de Isabel Otxoa y Mikel de la Fuente. http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3546. Es interesante también la declaración del «sector crítico» de CC OO «Por qué no aceptamos el Acuerdo de Pensiones» http://www.larepublica.es/spip.php?article23069
3/ Ver por ejemplo, «Las pensiones son viables» http://www.vnavarro.org/?p=3839. Reproducido en El Viejo Topo, julio-agosto 2009
4/ Público, 3/2/2011, p. 9.
5/ El País, 28/1/2011, p. 15
6/ Xavier Domènech Sampere. «El cambio político desde abajo (1962-1976). Una perspectiva teórica y metodológica.» http://www.historiacritica.org/anteriors/anteriors5/historiografia/cambiopol.pdf. Una versión reducida se publicó en Mientras Tanto nº 90.
7/ «Un gran error de UGT y Comisiones Obreras». El blog de Juan Torres no está operativo por un ataque informático. El artículo ha sido reproducido en VIENTO SUR http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3548
8/ http://blogs.publico.es/trabajarcansa/2011/01/28/con-compradores-asi-da-gusto-regatear/
9/ El País, 18/12/2010, p. 16.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.