En el Estado español existen miles de personas que fueron niñas y niños robados y desconocen su identidad. A día de hoy siguen saliendo a la luz nuevos casos. El Gobierno no sabe, no contesta. «Sentimos que nos han borrado nuestra historia, que los capítulos de nuestros primeros años de vida están en blanco». Así […]
En el Estado español existen miles de personas que fueron niñas y niños robados y desconocen su identidad. A día de hoy siguen saliendo a la luz nuevos casos. El Gobierno no sabe, no contesta.
«Sentimos que nos han borrado nuestra historia, que los capítulos de nuestros primeros años de vida están en blanco». Así expresa Ascensión López, de 54 años, niña robada y presidenta de la Asociación SOS Bebés robados de Almería, cómo se sienten las personas que de bebés fueron arrancadas de los brazos de su madre y vendidas a otras familias que las inscribieron como hijos biológicos.
«Esto es toda una maraña de corrupción que obedece a razones económicas, aquí hay mucha gente que se ha hecho rica vendiendo niños», dice Guillermo Peña, uno de los abogados que más sabe sobre el caso de los niños robados.
Son miles las personas que hoy desconocen su verdadera identidad en el Estado español. Adultos que tienen sus documentos falsificados y cuyos apellidos no son los de sus padres biológicos. El auto de 2008 del juez Baltasar Garzón habla de 30.000 niños robados hasta 1952. Las asociaciones cifraron después el número de bebés robados hasta entrada la democracia en 300.000 afectados. Hoy reconocen que podría ser una cifra a la baja. Los casos en los años 80 que han salido a la luz se multiplican. Incluso hay evidencias de casos en los años 90.
El robo de bebés fue una práctica habitual durante la dictadura. Ahora se sabe y está documentado que, en democracia, el rapto de recién nacidos continuó en las maternidades públicas y privadas. Para ello, se mentía a las madres y se falsificaba la documentación, alterando fechas, lugares de nacimiento, nombres de los padres, etc. Todo ello firmado incluso por médicos que nunca existieron.
Se disparan los robos
«El boom del robo de niños y niñas se produjo entre los años 1976 y 1983. Ahí, la compra y venta de bebés se dispara. Todo valía», afirma Peña. Señala que, en esos años, el tráfico de bebés robados adquiere «unas dimensiones enormes» y que aún «no se sabe muy bien todavía por qué». Señala a la Iglesia como principal inductora.
Este capítulo de nuestra historia se está escribiendo ahora. Y el Gobierno permanece impasible. Prueba de ello es que la primera persona que va a entrar en prisión por el robo de bebés es una niña robada. Si el ministro de Justicia no lo remedia, Ascensión López irá a la cárcel. Nadie lo entiende. Sería la primera persona encarcelada. Y ella es la víctima.
Robada y condenada
Ascensión descubrió, como muchas otras víctimas del robo de bebés, que no era hija de quien pensaba. Es una niña robada por la que su padre pagó 250.000 pesetas. Las gestiones las llevó a cabo una monja sobrina del padre. El matrimonio no podía tener hijos, el padre -con 67 años- y la madre -con 60-, se decidieron por la compra de la niña.
En 2012, Ascensión puso una denuncia ante la Policía porque sospechaba que era una niña robada, pero esta se archivó en 2014. Cuando Ascensión obtuvo los documentos, denunció su caso a los medios de comunicación. Explicó cómo la monja Dolores Baena, presuntamente, arregló la venta. Pero Ascensión olvidó en sus declaraciones ante las cámaras decir «presuntamente». A los pocos días contaba ya con una denuncia de esa mujer y hoy está condenada, por un delito de calumnia, a pagar una multa de 3.000 euros y tendrá que indemnizar a la monja que la vendió con 40.000 euros. Como no puede pagar ese dinero, la cárcel la espera.
Ni la petición de indulto lanzada hace más de un año por parte de todas las asociaciones de afectados por robo de bebés de España, la Coordinadora X24, ni las 30.000 firmas entregadas al Ministerio de Justicia en mayo de 2017 han conmovido al ministro Rafael Catalá.
El Gobierno del Partido Popular mantiene que no se han robado niños. Con esa argumentación se despacharon responsables de Justicia ante la delegación de europarlamentarios que visitaron nuestro país en mayo de 2017. Y no solo ellos. El entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, les espetó a los europarlamentarios que eso de los bebés robados «son hechos aislados».
«Me lo quitaron de los brazos»
Las asociaciones y los testimonios que han ido saliendo en los medios de comunicación estos nueve años en los que se ha descubierto la trama del robo de bebés revelan que se actuaba de la misma forma en las maternidades públicas y privadas. A madres solteras, a madres que daban a luz dos niños, a las que iban a dar a luz los fines de semana, o simplemente cuando había mucha demanda, se les quitaba el hijo. Se las dormía, en muchos casos, y, cuando despertaban, el bebé ya no estaba. Se había muerto y no podían ver su cuerpo. O era llevado a la incubadora y, horas después, desaparecía.
Se simularon también entierros con cajitas que no contenían los cuerpos de los bebés e incluso hay testimonios de familiares que han encontrado en los ataúdes de sus hijos el brazo de un adulto. Por una puerta entraba la madre biológica, por otra salía la madre adoptiva con una criatura que no era suya. Todos los testimonios son desgarradores. A pesar de los años, las madres recuerdan cómo «me lo arrancaron de los brazos».
Pero el Gobierno no oye y los juzgados archivan las denuncias. No hay cifras exactas, pero según un informe solicitado al Ministerio de Justicia por las asociaciones de víctimas, hasta marzo de 2017 se habían abierto diligencias de investigación en 2.074 casos de niños robados. Pero solo 522 fueron judicializadas. A día de hoy se desconoce cuántas denuncias siguen vivas. El Ministerio guarda los datos celosamente. Las madres y familiares relatan, siempre al final de su historia, «me han archivado la denuncia».
Eduardo Vela
El único médico que puede ser declarado culpable de decenas de robos de bebés, el ginecólogo Eduardo Vela Vela, no acaba de sentarse en el banquillo por los delitos que cometió.
«Si alguien puede ser el cabecilla de esta trama es él», explica Peña. Pero el juicio a Vela se retrasa. Al parecer, el juzgado de Instrucción 46 de Madrid se equivocó y mandó los autos a la Audiencia Provincial de Madrid, lo que no correspondía. Eduardo Vela tiene 83 años de edad. Hace un año fue condenado a pagar una multa de 465.000 euros y el fiscal pide para el ginecólogo once años de cárcel por el caso de Inés Madrigal, por los delitos de sustracción de menores, suposición de parto y falsedad documental. De momento, «no ha pagado la multa y el juzgado no ha embargado apenas nada de sus cuentas», dice Peña.
Inés Madrigal nació sietemesina y fue entregada a unos padres que no eran los suyos por el doctor Vela. El ginecólogo la registró como hija biológica de los padres a los que la entregó. Meses antes de su nacimiento, dio instrucciones a Inés Pérez, madre adoptiva, sobre cómo debía fingir el embarazo, poniéndose un cojín en la tripa. Al poco tiempo le entregó lo que él llamó «un regalo». Esta madre ha ayudado a su hija Inés a buscar sus orígenes y, a sus 90 años, ha declarado la verdad y contado a la justicia cómo Vela le entregó a la niña.
Peña mantiene que, aunque se da un tinte político al caso de los bebés robados, lo que realmente ha movido este tráfico de bebés es el dinero, porque asegura que llegó un punto en que era tal la demanda que «el robo de niños ha afectado a personas de cualquier clase y condición». Relata el caso de un militar, que afirma que le robaron a su hijo nada más nacer. Los hechos ocurrieron en los años 70, cuando la demanda de niños era alta, recuerda el abogado. El bebé supuestamente murió y el padre tiene evidencias de que fue robado por un médico militar, de alto rango, en un hospital de Madrid.
A Agustina Fuentes y Eusebio Caballero les han archivado recientemente su denuncia. Su hijo o hija nació en la Clínica de La Milagrosa de Madrid el 7 de octubre de 1981. Se llevaron a la criatura a la clínica Kinder, hoy desaparecida. Tres días después les comunicaron que el bebé había muerto. Cuando su padre quiso ver el cuerpo del bebé, se lo impidieron, pero finalmente le enseñaron un niño muerto de grandes dimensiones, no era un recién nacido. «Uno de los médicos que firmó los documentos, no existe, y la matrona que me atendió en el parto y firma tampoco figura por ningún lado», dice Agustina. En esas clínicas hay más casos de niños supuestamente robados.
A Purificación Betegón también le quitaron en 1981 a sus dos hijas gemelas. Fue el 23 de febrero de ese año, en el Hospital de Santa Cristina. Sor María Gómez Valbuena le dijo que sus hijas eran para dar en adopción. Nunca más las vio. Su caso está todavía pendiente en el juzgado.
Para Peña, es necesario que se condene a Eduardo Vela, el ginecólogo que estaba al frente de la clínica San Ramón y que con solo diez habitaciones atendía gran cantidad de partos. Explica el abogado que Vela hizo una fortuna vendiendo niños y niñas. «Era el médico de una institución pública llamada Patronato de Protección de la Mujer, y se derivaban a su clínica todos los partos que quería» asegura. San Ramón se fundó en 1961 y estuvo funcionando hasta 1983. «Cobraba por todo. Por la estancia de la madre, por teléfono, por parto…». Esas facturas las pasaba a los padres adoptivos. Peña señala que es muy posible que Vela contara con una fortuna de 159 millones de pesetas en 1989. Mantiene que, si Vela es juzgado, se creará jurisprudencia, «y a partir de ahí cualquier caso se puede abrir, se puede juzgar».
Los médicos implicados actuaban igual. En distintos puntos se enseñaba un bebé salido de una cámara frigorífica para calmar a los padres. Fue el caso del hermano de Flor Díaz Carrasco, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi, dado por muerto el 5 noviembre de 1975 en el Hospital de la Línea de la Concepción, en Cádiz. Por este caso, la jueza argentina María Servini, en la causa que se sigue en Argentina por los crímenes del franquismo, ha solicitado que se interrogue al ginecólogo Abelardo García Balaguer.
Mientas, las asociaciones intentan avanzar buscando la justicia fuera de España. Ese es el caso de asociaciones como Todos los niños robados son también mis niños, cuya presidenta Soledad Luque ha llevado a cabo durante 2016 y 2017 varias iniciativas ante distintos organismos internacionales de derechos humanos. Luque ha puesto en manos de Servini el caso de su hermano gemelo, robado en 1965, y otros tantos casos denunciados en su asociación.
Pero no solo ella, el colectivo Sin Identidad, de Canarias, donde el robo de bebés también fue masivo y donde se sabe que salieron niños en barco hacia Alemania, ha hecho lo propio. Su portavoz, Francisco González de Tena, y el abogado de estas asociaciones, Miguel Ángel Rodríguez, instaron al relator especial del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas, Pablo de Greiff, a visitar España por el caso de los niños robados. Greiff vino en 2014, aunque sus recomendaciones no se han hecho efectivas. Ahora, en Canarias estas asociaciones piden una ley de memoria histórica integral que incluya también a las víctimas del robo bebés.
En esta línea, Alumbra, asociación andaluza de bebés robados, también ha lanzado una iniciativa que sale de nuestras fronteras: una plataforma internacional de búsqueda de bebés robados, junto a la campaña «Te estamos buscando». Su portavoz, María Bueno, no cree que haya que seguir planteando proposiciones no de ley porque las presentadas a nivel autonómico no son vinculantes.
Para Ángel Caserro, de la asociación Adelante Bebés Robados, «parece que algo se mueve por la proximidad de las elecciones». Asegura que ya les están llamando los grupos políticos para escucharles «y mantener reuniones con nosotros y dicen comprometerse a llevar a cabo iniciativas». Mientras, esta asociación trata de difundir la causa de los niños robados a través de concentraciones, marchas, e, incluso, en programas de radio.
En el Congreso, el grupo de Unidos Podemos, a través de su diputado José David Carracedo, está intentando que el Parlamento se implique. Han lanzado un vídeo explicando el caso de los bebés robados porque, según afirma, «en la calle hay mucha confusión sobre el robo de bebés». El vídeo consiguió más de 50.000 visitas en solo cuatro días.
Podemos ya intentó que el Gobierno destinara una partida, que inicialmente valoró en un millón de euros, «para la creación de un fichero de perfiles genéticos, gratuito y público, que permita apoyar los procesos de reencuentro de familiares». Finalmente se aprobaron 100.000 euros para este fin.
Carracedo señala que, en el Congreso, la actitud es la de «retrasar lo máxivo el tema y no hacer nada». También da un toque de atención a las organizaciones de bebés robados: «Las asociaciones deben tener una postura unánime para pedir que se investigue el caso de bebés robados». También plantea que analicen por qué, a pesar de que los colectivos sociales «se escandalizan por el robo de niños», en la práctica «no participan en las movilizaciones ni acaban haciendo suya esta causa».
Pero las personas afectadas no cejan en su empeño. Al cierre de esta edición está convocada una manifestación de víctimas de bebés robados, bajo el lema «Por nuestro derecho a saber la verdad y a obtener justicia».
María José Esteso Poves. Autora del libro Niños robados, de la represión franquista al negocio (Diagonal, 2012).
Fuente: http://www.elsaltodiario.com/ninos-robados/bebes-robados-crimen-continua-democracia
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