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En los últimos 10 años las desigualdades se han multiplicado, aumentaron la deuda de las familias y los beneficios de las grandes empresas

Beneficios privatizados, pérdidas socializadas

Fuentes: Diagonal

En los últimos diez años el PIB de España se ha incrementado un 39% y el poder adquisitivo de los salarios un 11%. Sin embargo, los activos financieros del conjunto de la economía han aumentado un 85%, lo que supone que han crecido el doble que el PIB y ocho veces más que el salario […]

En los últimos diez años el PIB de España se ha incrementado un 39% y el poder adquisitivo de los salarios un 11%. Sin embargo, los activos financieros del conjunto de la economía han aumentado un 85%, lo que supone que han crecido el doble que el PIB y ocho veces más que el salario medio. Si la comparación se establece con el volumen de negocio de la banca y las cajas de ahorros, éstas han subido tres veces más que el PIB y o­nce veces más que los salarios. Tan extraordinaria acumulación de capital se ha orientado a revalorizar el propio capital, llevando el dinero allá donde pudiera ser más rentable. Así, mientras duró el boom inmobiliario, los bancos y las promotoras ganaron muchísimo dinero construyendo más y más casas, aun cuando ello supusiera sobredimensionar la oferta (más de un millón de pisos vacíos) e hipotecar de por vida a los compradores de viviendas.

En otro momento, cuando se abrieron expectativas de negocio en América Latina, las transnacionales españolas exportaron hacia allí grandes cantidades de capital, compitiendo desde entonces con EE UU por el liderazgo financiero del continente.

La crisis

Al llegar la crisis, el pinchazo de la burbuja financiera no ha impedido mantener la mayor parte de los beneficios y plusvalías acumulados en años anteriores. Además, el Gobierno ha estado muy atento para apoyar a la banca y a las grandes empresas, aportando para ello dinero público y ventajas fiscales (‘salvataje’ bancario, ampliación de los créditos ICO, mantenimiento de las SICAV, Plan Renove, etc.). Según la Contabilidad Nacional de España, el principal perdedor en el reparto de rentas ha sido el sector público cuyos ingresos fiscales han bajado 1,8 puntos de PIB en 2008 (20.000 millones de euros menos), lo que ha roto la racha ligeramente positiva de años anteriores y puede dar un nuevo impulso a los procesos de privatización en marcha en la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos.

Para la población asalariada el ajuste de la crisis ha sido brutal, en términos de destrucción de empleo y empeoramiento de las condiciones de vida, en especial para los ocho millones de personas activas que alternan períodos de paro y empleo temporal, sobre todo cuando no perciben prestaciones ni subsidios (el 30%) o todos los miembros activos de la unidad doméstica se encuentran en situación de desempleo (1,1 millones de hogares).

El Plan E para crear empleo o las ayudas de 420 euros para aliviar el paro han tenido efectos muy limitados ante la magnitud del problema. Entre los sectores más afectados están la juventud, las mujeres y la población inmigrante y gitana, además de determinadas regiones de la España del sur, con tasas de paro más elevadas, inferior remuneración y crecientes problemas de exclusión social y habitacional. La permanente incitación al consumo y el encarecimiento de la vivienda -que ha doblado los precios- han endeudado a los hogares hasta alcanzar la cifra de casi un billón de euros en 2008, que se ha convertido en el principal activo de las instituciones financieras.

Al reducirse los ingresos de muchos hogares, se han disparado los desahucios y los embargos, y se han saturado los servicios de atención a personas sin hogar. Como resultado, España es cada vez más desigual, tanto en términos de reparto de la renta que se produce cada año como, sobre todo, en términos de distribución de la riqueza acumulada a lo largo del tiempo. La Encuesta Financiera de las Familias, aplicada por el Banco de España en 2002 y 2005, hizo una fotografía precisa de esta situación: la cuarta parte de hogares más ricos tenía un patrimonio medio 41 veces superior al de la cuarta parte de hogares más pobres, una diferencia que se afianza con el paso de los años.

Más del 80% de las personas consultadas por el CIS considera año tras año que la distribución de la renta es injusta o que la banca y las grandes empresas tienen más poder que el Parlamento, lo que convierte a las mayorías sociales -incluidos los representantes políticos y sindicales- en víctimas, rehenes o cómplices de la lógica impuesta por el capital, mientras se etiqueta y criminaliza a quienes con sus ideas o sus prácticas cuestionan el orden establecido.

Las medidas cosméticas adoptadas por los poderes públicos para salir de la crisis hacen presagiar que las contradicciones socioeconómicas, ecológicas y políticas seguirán aumentando y provocarán nuevas recaídas de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos.

A los movimientos sociales críticos les toca buscar y ensayar alternativas que hagan creíble el lema del FSM de que «otro mundo es posible», con una economía social y cooperativa, que cuide el medio ambiente, una política basada en la participación directa de la ciudadanía y la valoración de la diversidad -de género, de culturas o de creencias- y con igualdad de derechos y medios de vida para el conjunto de la población mundial. Un sueño de millones de personas por el que hemos decidido unir nuestras manos en Madrid y en todo el planeta.

¿QUIÉNES PAGAN?

En octubre de 2008, el Parlamento ratificó un fondo de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000, a cargo del Tesoro, para evitar la quiebra de bancos y cajas. La medida fue pactada previamente por Solbes, Montoro y los banqueros. Este sí era un problema del sistema, no los cuatro millones de personas en paro o los 8,5 bajo la línea de pobreza. Rajoy dixit: «A grandes males, grandes remedios, y grandes males son los que afectan al sistema financiero».

LAS CIFRAS DE LA CRISIS

4.123.300 personas en paro, la cuarta parte de nacionalidad extranjera.

1,5 millones de empleos destruidos en un año.

24% de los hogares ha experimentado un descenso notable de ingresos.

574 €/mes es con lo que sobrevive el 20% de la población.

29% tiene dificultad para llegar a fin de mes.

59.000 embargos y desahucios en 2008 y 66.000 en los nueve primeros meses de 2009.

Carlos Pereda. Colectivo IOÉ, Autores del Barómetro social de España, de donde se toman los datos. www.barometrosocial.es

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Beneficios-privatizados-perdidas.html