Con la COP16 de Biodiversidad a la vista, a pesar del compromiso de proteger 30 % del territorio para 2030, Bolivia carece de una estrategia nacional efectiva, y la deforestación y la minería son presiones constantes. En este contexto, lideresas indígenas destacan la necesidad de reconocer su papel en la conservación y exigir un lugar en las negociaciones.
LA PAZ – Bolivia alberga 66 de los 112 ecosistemas existentes a nivel mundial y cuenta con más de 60 áreas protegidas, que representan el 16,63% de su territorio. A medida que se acerca la 16 Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16), el país enfrenta importantes desafíos para alinearse con el compromiso de proteger 30 % del territorio para 2030.
Sin embargo, las políticas nacionales presentan contradicciones que podrían obstaculizar estos objetivos de conservación.
Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y miembro del Comité Nacional del Foro Social Panamazónico (Fospa), aseguró que “no es un caso de negociación de un acuerdo, porque ya existe el acuerdo, sino más bien es una de cómo vamos a avanzar en cumplir esas metas y ese acuerdo”.
La COP16 de Biodiversidad, que se realizará entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali, será un evento crucial en el que los 196 países miembros del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) rendirán cuentas sobre la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, también conocido como Marco Global de Biodiversidad.
Esta cumbre es particularmente significativa para Bolivia, un país megadiverso que enfrenta serios desafíos ambientales, como la deforestación, incendios y la minería ilegal.
En la COP16, Bolivia deberá presentar la actualización de su Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad (PAB) y demostrar cómo alineará sus políticas con las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad para enfrentar y revertir el declive de la naturaleza con esos compromisos, limitándose hasta el momento a la elaboración de un diagnóstico.
“Actualmente se está trabajando en un diagnóstico que probablemente será presentado en la próxima COP”, dijo.
Se solicitó una entrevista con la delegación boliviana para obtener más detalles sobre el estado de la estrategia, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Las mujeres indígenas en la lucha por la biodiversidad
Wilma Mendoza Miro, originaria del pueblo mosetén en Palos Blancos, en el departamento boliviano de La Paz, preside la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), donde representa a 34 naciones indígenas.
En su mirada crítica hacia los espacios internacionales de decisión, como la COP16, destacó los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en estos espacios.
“Nosotras no tenemos la acreditación oficial. Participamos como observadoras”, comentó Mendoza con una mezcla de frustración.
Para ella es el reflejo de una exclusión estructural. “Nosotras tenemos información de primera mano, pero no podemos ser parte de los diálogos de los Estados”, agregó.
Los pueblos indígenas, aunque representan solo 5 % de la población mundial, desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad.
Aunque algunos informes sugieren que protegen hasta 80 % de la biodiversidad restante, otras fuentes, como una reciente publicación en Nature, debaten la exactitud de la cifra de 80%, señalando la complejidad de medir este impacto.
Aun así, investigaciones verificadas indican que administran más de una cuarta parte de la tierra, incluyendo un tercio de los paisajes forestales intactos, lo que reafirma su rol esencial en la protección de la biodiversidad.
“Se están perdiendo bosques y vidas”, añadió Mendoza con preocupación. Para ella, la naturaleza es vida, y la pérdida de la biodiversidad es un golpe no solo para los ecosistemas, sino para las comunidades que dependen de ellos.
En cuanto a la política del Gobierno, la lideresa no duda en señalar las inconsistencias.
“Bolivia tiene un buen discurso internacional, pero aquí en casa no pasa nada”, afirmó sin titubear. “No hemos declarado emergencia por los incendios, aunque estamos perdiendo tanto bosque”, prosiguió.
Para ella, el discurso del gobierno en espacios internacionales se queda en palabras vacías, sin un seguimiento real en las acciones.
“Dicen que van a conservar, que van a proteger, pero la realidad es otra”, recalcó.
“Las políticas públicas deben implementarse respetando el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, y deben involucrarnos en la formulación de estas políticas”, concluyó.
Los incendios, una amenaza latente
En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad en Bolivia, Alarcón mencionó con preocupación: “Hay actividad minera, hay incendios. Creo que una de las principales amenazas que tenemos a nivel nacional, pero también en la Amazonía, son los incendios”.
En 2023, más de 3,5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios. Justamente, el pasado 30 de septiembre de 2024, el gobierno declaró “desastre nacional” debido a la crisis ambiental por los incendios. Esta situación pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino también las metas que Bolivia se propuso cumplir.
A pesar de que Bolivia cuenta con áreas protegidas, esto no es garantía de conservación efectiva.
“Bajo un marco normativo, crear parques nacionales o áreas protegidas no garantiza la conservación”, dijo Alarcón, señalando la presencia de minería e incendios en zonas destinadas a la protección ambiental.
El financiamiento y la justicia climática
El financiamiento es otro tema crucial para lograr los objetivos de conservación. Alarcón resaltó la importancia de que los países que contribuyeron más al deterioro ambiental asuman mayores responsabilidades económicas.
“Los países que tienen mayor responsabilidad en el daño generado al tema de la biodiversidad y el cambio climático… tienen que asumir mayor responsabilidad en financiamiento”, dijo.
En este contexto, afirma que es fundamental que los territorios indígenas reciban recursos directos para la conservación de sus territorios.
“Hay que dejar a los territorios y pueblos indígenas ejercer su derecho a la autonomía… en términos de cosmovisión, del ecosistema, de la biodiversidad”, sostuvo.
Alarcón expresa incertidumbre sobre la postura oficial de Bolivia en la COP16. A pesar de esta falta de claridad, enfatizó que Bolivia debería aprovechar la COP para exigir recursos a los países responsables del daño ambiental, especialmente dada la crisis económica actual.
Fospa: la sociedad civil como actor clave
La Amazonía boliviana, que representa 43,3 % del territorio nacional y alberga una biodiversidad excepcional, enfrenta serias amenazas como la deforestación, impulsada por la agricultura, la minería y los incendios forestales.
Entre 2016 y 2021, Bolivia vio un aumento de 73 % en la deforestación, posicionándose como el tercer país con mayor pérdida de bosques a nivel mundial, después de Brasil y la República Democrática del Congo.
En este contexto, el XI Foro Social Panamazónico (Fospa), celebrado en Rurrenabaque y San Buenaventura en junio de 2024, se estableció como una plataforma esencial para que la sociedad civil, pueblos indígenas y organizaciones ambientales discutan los desafíos de la Amazonía. Durante el encuentro, se formuló un claro posicionamiento para la COP16.
Se propuso reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos, proteger los recursos en territorios indígenas, además de un mecanismo de financiamiento directo del Norte Global y la derogación de leyes que amenazan la biodiversidad en Bolivia.
El contraste entre la Estrategia Plurinacional de Biodiversidad de Bolivia (2018) y la realidad es evidente.
Mientras el Plan de Acción 2019-2030 busca políticas sostenibles para proteger la biodiversidad, las actividades extractivistas y la crisis climática obstaculizan su implementación. El informe “La Amazonía contra reloj” señala que 26 % de la Amazonia fue degradada, con Bolivia siendo un actor principal en esta devastación.
En cuanto a la implementación de políticas de biodiversidad, la integración efectiva de la sociedad civil, en especial de las comunidades indígenas, es insuficiente.
Según Alarcón, uno de los desafíos clave es asegurar que las voces de estas comunidades sean incluidas en la actualización de las PAB y en la planificación a largo plazo para la conservación de la Amazonía y la biodiversidad.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
Fuente: https://ipsnoticias.net/2024/10/bolivia-ante-la-cop16-cuales-son-las-promesas-ambientales-en-juego/