Sin reconocimiento de su categoría profesional y sin que las administraciones cumplan la normativa vigente, los bomberos forestales protagonizan una movilización que excede la cuestión laboral. Los bomberos forestales son uno de los colectivos profesionales a los que las medidas de recortes de los últimos cinco años más han afectado. Teniendo en cuenta las características […]
Sin reconocimiento de su categoría profesional y sin que las administraciones cumplan la normativa vigente, los bomberos forestales protagonizan una movilización que excede la cuestión laboral.
Los bomberos forestales son uno de los colectivos profesionales a los que las medidas de recortes de los últimos cinco años más han afectado. Teniendo en cuenta las características y repercusión del trabajo que realizan, el impacto sobre sus condiciones laborales excede a las personas directamente implicadas y afecta a toda la sociedad.
Si quemas a los bomberos forestales, lo están y mucho, también estás quemando la protección de montes y bosques. Es el mensaje que desde hace varios años y desde distintos frentes tratan de hacer llegar los profesionales del sector.
Su reivindicación empieza por una cuestión básica: que el trabajo que hacen sea reconocido como tal profesionalmente.
En marzo de este año, las calles de Madrid vivieron la segunda Marea de Fuego, una manifestación en la que bomberos forestales de todo el país volvieron a reclamar el reconocimiento de la categoría profesional que les corresponde, como se recoge en el Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (Categoría Profesional de Bombero Forestal, código 5932).
Pero sus reclamaciones también aluden a algo igualmente esencial: que se cumpla la ley.
«Exigimos que se cumpla la legislación en los ámbitos de protección civil, tanto autonómicos como estatales», reconoce Iñigo Hernández, portavoz de la Asociación Nacional de Bomberos Forestales, agrupación profesional que convocó esa movilización y que lleva un par de años denunciando que no les reconocen la categoría profesional, no se cumple la normativa vigente y que, por si fuera poco, este sector sufre también directamente las consecuencias de la privatización de lo público.
«En los últimos tiempos nuestro colectivo se ha visto perjudicado por las prácticas corruptas cometidas en determinadas administraciones públicas que han transformado la protección del medio natural en un negocio privado, tal y como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde se han amañado los concursos públicos», señala Alejandro Yáñez, otro miembro de la Asociación.
Para esta organización, «el servicio de vigilancia, prevención, extinción de incendios y emergencias en medio natural debería caracterizarse por ser íntegramente público, considerado como un servicio esencial a la ciudadanía, ser reconocidos por la población como Bomberos Forestales, atender las emergencias de carácter natural en el ámbito rural, trabajar el año completo y tener la misma uniformidad».
En la actualidad existe una gran disparidad de criterios en los servicios de extinción de incendios forestales españoles. La mayoría de los profesionales lo hace con categorías laborales que no se corresponden con su verdadera labor: especialistas en extinción, peones forestales, auxiliares… Sin embargo, casi todos ellos están sujetos a guardias y localizaciones que les obligan a acudir a emergencias declaradas fuera de los horarios habituales.
Además, estos servicios se prestan bajo diferentes estructuras empresariales como son empresas públicas autonómicas o empresas públicas del Estado, o son asignados mediante concurso o adjudicación directa, según importe del servicio, a empresas privadas.
Propuestas para mejorar la protección de montes y bosques
La Asociación ha presentado diversas proposiciones no de ley de carácter estatal y otras organizaciones lo han hecho a nivel autonómico. Hernández asegura que en Extremadura, La Rioja y Aragón se han producido avances. En marzo consiguieron llevar sus exigencias al Parlamento Europeo.
Entre sus propuestas para mejorar el servicio destacan la transparencia en las adjudicaciones administrativas; el reconocimiento de la categoría laboral de Bombero Forestal a todos los profesionales de los servicios de vigilancia, prevención, extinción de incendios y emergencias en medio natural; la transformación en públicos de los servicios privatizados; la contratación anual y no temporal; el incremento de las plantillas y el material para cubrir las necesidades del servicio de emergencias del medio natural; la creación de los mecanismos presupuestarios para dotar de partidas económicas a las comunidades que necesiten de un refuerzo para el pleno funcionamiento de estos servicios o la desmilitarización de las Emergencias.
Otra de las necesidades que subraya la Asociación es la creación de un nuevo organismo estatal, o modificar las competencias del actual Comité de Lucha de Incendios Forestales (CLIF), para que sus decisiones no sean meramente consultivas o de recomendación, sino que sean de obligado cumplimiento en todo el Estado, con la participación y acuerdo necesario de las fuerzas políticas, técnicas, sociales y colectivos afectados.
La recién aprobada Ley de Montes, que permite la recalificación para construir en terrenos que hayan sufrido incendios, también influirá en su labor. «Nos afecta porque favorece que no se haga gestión forestal en el monte y este abandono significa más peligro para quienes tenemos que intervenir», explica Hernández.