Como cada comienzo de año los medios nos han informado de los buenos resultados de los principales bancos españoles en el ejercicio anterior. Los datos son de vértigo, sobre todo para un pensionista al que le han subido 50 euros al mes o para la mayoría de trabajadores cuyos salarios, en el mejor de los casos, se han incrementado en un 3´5%.
Según han reconocido sus propios directivos, las ganancias en 2023 han sido las siguientes: Santander 11.076 millones (+15% respecto a 2022), BBVA 8.019 millones (+26%), Caixabank 4.816 millones (+54%), Sabadell 1.332 millones (+55%) y Bankinter 845 millones (+51%). En su conjunto estos cinco grandes bancos han ganado 26.000 millones de euros (un 26´8% más que en 2022).
La verdad es que son unos datos espectaculares, aunque era algo predecible si tenemos en cuenta las medidas que el sector bancario ha emprendido en los últimos años. Y no nos referimos solo a su negativa a devolver al Estado y a la UE los 74.000 millones que costó a las arcas públicas (teóricamente de toda la ciudadanía) el rescate bancario efectuado tras la crisis económica de 2008. Hasta el momento -y no parece que haya intenciones de incrementar los pagos- solo se ha recuperado el 10% del total prestado.
Pero con darnos la reticencia de los bancos a retornar las ayudas recibidas una imagen bastante aproximada de su catadura moral, no esta la única ventaja con la que estas entidades financieras vienen operando en las últimas décadas. El cierre de oficinas (cerca de 20.000 en esta etapa que comentamos) y la simultánea reducción de plantillas (unos 90.000 empleos destruidos) han sido otra fuente de ahorro en los gastos de los pocos y boyantes bancos supervivientes de cierres, fusiones y absorciones que ha experimentado el sector.
Otro cambio, a peor para los clientes modestos (que somos la mayoría), es el tema de los intereses con los que los bancos hacen caja; por un lado se mantienen en elevados términos los intereses que el banco impone a sus clientes en préstamos, hipotecas, descubiertos, etc. y por el otro eliminan el interés que el banco pagaba a los impositores por hacer negocio con nuestro dinero. La desvergüenza llega al extremo de cobrar al cliente (salvo que tenga un saldo saneado) por tener una cuenta abierta y por realizar cualquier operación en ventanilla: retirada de efectivo, transferencias, pago de recibos, etc.
A pesar de no reintegrar las ayudas del rescate y de amasar beneficios uno año tras otro, los presidentes de los bancos (con unos sueldos anuales que van de los 8,5 millones del presidente del BBVA a los 12 millones de la presidenta del Santander) se hacen los ofendidos por el impuesto extraordinario que el gobierno aplica a sus balances (4,8% si superan los 800 millones de beneficios) sin reconocer que en los años en que se ha aplicado este gravamen sus bancos han seguido aumentando las ganancias.
Incluso la tradicional e insultante tacañería lleva a la patronal bancaria (AEB) a ofrecer a sus empleados un incremento salarial del 2,75% para 2024, del 2,25% para 2025, y del 1,5% para 2026 y 2027. Tampoco se puede olvidar que algunos de estos cinco grandes bancos están detrás los desahucios de las cientos de familias que pierden cada mes su vivienda por no poder pagar la hipoteca y son promotores de los grupos que animan la privatización de servicios públicos como sanidad, educación o pensiones.
Frente a esas políticas usureras los sucesivos gobiernos no toman medidas contundentes y eficaces. Se limitan a subirles moderadamente los impuestos, a imponerles la obligación de atender directamente en el mostrador (pero solo a los mayores de 65 años) y estudian una ley para que haya un cajero automático (no una oficina) en todos los pueblos de la España vaciada.
Desde luego que no hay ningún partido que proponga alternativas como crear una banca pública (en su momento lo eran la Caja Postal, el Banco Exterior, el Banco Hipotecario y otras entidades), orientada a atender a las clases populares y a cubrir el espacio que dejaron vacío las cajas de ahorro (gestoras del 50% de los depósitos) que fueron sacrificadas en provecho de la banca privada.
Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo País Valenciano y Murcia
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