El riesgo de pobreza y exclusión social en España crece entre la población infantil tras la crisis del covid-19, situándose en un 33% de niños y adolesecentes afectados, frente al 30% de 2019, mientras que el 28,9% vive en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza, lo que supone 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población (21,7%). Además, España es el segundo país de la UE con mayor tasa de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social, sólo por debajo de Rumanía.
Esta es la denuncia realizada por la Plataforma de Infancia este martes en la presentación de su análisis sobre la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) con enfoque de infancia 2022, en la que han participado el director de la entidad, Ricardo Ibarra, y el autor del informe, Joffre López Oller, ha informado Europa Press.
Según este análisis, que recoge los datos de 2021, el impacto del covid-19 a nivel socioeconómico ha afectado sobre todo a la población infantil, especialmente en el caso de hogares con niños dependientes y de familias monoparentales.
En consecuencia, el número de menores con privaciones materiales también han aumentado, con un 19,3% de niños y adolescentes con carencia material y el 8,9% con carencia material severa —la mayoría niños menores de siete años—. Esto, ha advertido la Plataforma de Infancia en su análisis, deriva en privaciones de la familias con menores a la hora de sufragar el ocio o enfrentar otros gastos, lo que se refleja en que un 13,7% de menores sufre pobreza energética, un 8% no puede adquirir un ordenador personal o casi el 5% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Además, la población infantil tiene una mayor presencia entre los grupos de ingresos más bajos.
Todo esto supone a lo largo del tiempo que estos niños «arrastren esta herencia» cuando sean adultos, continuando en la pobreza, ha lamentado López Oller.
El análisis de la Plataforma de Infancia también se centra en la salud y los cuidados en la infancia, un ámbito en el que si bien más la mayoría de los menores de 16 años dice tener un estado de salud «bueno» o «muy bueno», existe una estrecha relación entre un estado de salud más precario y el riesgo de pobreza.
Acceso a la salud bucodental
En este sentido, el autor del informe precisa que las familias monoparentales son más vulnerables que el resto de los hogares con niños en cuanto a la protección de la salud de los menores.
En este sentido, López Oller ha alertado especialmente sobre la dificultad de acceder a la salud bucodental en el caso de las familias con menor renta: el 6,7% de las familias con menores de 16 años no pudo ir al dentista pese a necesitarlo —se eleva a 18% en el caso de hogares que se sitúan en los grupos de rentas más bajas—, y el 76,2% de los hogares aluden como causa principal a cuestiones económicas.
Por otro lado, el análisis señala que el 23% de las familias con menores en edad preescolar no tuvieron cobertura o asistencia de sus menores en centros de educación preescolar o infantil y el 56,6% de las familias con niños en la primera infancia que no han sido cuidados o asistidos en centros de educación preescolar o infantil son los hogares que tienen menos niveles de renta. Así, la oferta educativa pública en estas edades no está cubriendo las necesidades de las familias más vulnerables.
Pobreza infantil por comunidades
En cuanto a los datos por comunidades autonómas, la Plataforma de Infancia ha concluido que la tasa AROPE en menores de 18 años es de las más altas de España en las regiones transfronterizas y aisladas como Melilla (53,9% de los menores de 18 años estaban en AROPE), Ceuta (48,8%) y Canarias (47,4%), esta última es, además, la que ha experimentado un mayor crecimiento en comparación con el 2019.
En este contexto, Islas Baleares marca la diferencia ya que la incidencia de la pobreza infantil es de las más bajas de España pese a su carácter insular.
Por otro lado, Andalucía (43%), Extremadura (40,3%) y Murcia (40,3%) son las comunidades autónomas con tasas de riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia muy por encima de la media de España. La Comunitat Valenciana también muestra unas elevadas tasas de pobreza infantil ya que en el 2021 el 37,7% de la infancia estaba en riesgo de pobreza y exclusión social.
Castilla y León, por su parte, mantiene tasas inferiores a la media de España (28,7%), y Castilla-La Mancha se sitúa en la media (33,2%). No obstante, mientras que Castilla-La Mancha ha contenido las tasas de pobreza infantil en la crisis, Castilla y León ha visto subir el riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia.
Por último, en el norte de España se presentan los mejores datos en cuanto a la incidencia de la pobreza infantil en todos sus componentes, sobre todo Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón. Sin embargo, en País Vasco el crecimiento de la población infantil en riesgo de pobreza y con ingresos en el hogar por debajo del umbral de la pobreza ha aumentado por encima de la media de España en los últimos dos años.
Con la salvedad del Principado de Asturias, el resto de comunidades del grupo tienen indicadores de pobreza infantil inferiores a la media aunque los indicadores son inferiores a los registrados antes de la crisis del covid-19. Además, Cataluña, Galicia y La Rioja han aumentado el porcentaje de riesgo de pobreza.
Igualmente, el análisis destaca que el 10,5% de los menores de Cataluña sufren pobreza material severa, la cuarta tasa más alta de España, posiblemente relacionada con la polarización de las grandes ciudades, y la Comunidad de Madrid ha logrado reducir los indicadores de pobreza infantil durante la crisis.
Renta universal de crianza
Frente a todo este contexto, el director de la Plataforma de Infancia ha destacado que las medidas del Escudo Social —IMV, ERTE, garantía de suministros, etc.— han conseguido disminuir el impacto de la crisis, pese a lo que España sigue teniendo «un problema estructural» por la alta tasa de pobreza.
Así, ha marcado como el «gran reto» de 2023 paliar esta situación en la que se encuentran miles de niños «por falta de ambición«. La Ley de Familias es, a su juicio, una oportunidad en este sentido pero debe elevar la renta crianza de 100 euros para familias con niños de hasta tres años hasta al menos de 18 años.
«Al menos un compromiso a corto plazo de llegar a los 6 años«, ha abogado, para añadir que las ayudas universales tienen un impacto directo en los indicadores de pobreza y supondrían claras mejoras.