Corrupción enquistada en el Servicio Forestal del MINEC impulsa ecocidio
Aproximadamente la mitad de Venezuela se encuentra cubierta por bosques: 45 millones de hectáreas de bosques naturales, más medio millón de hectáreas de plantaciones de monocultivos, principalmente Pino Caribe y Eucalipto.
El río Orinoco divide al país en dos mitades. El 80% de los bosques se encuentran al sur del Orinoco. En la mitad norte, con cerca del 90% de la población, los bosques remanentes cubren apenas el 20% del territorio. Se encuentran además severamente intervenidos y degradados.
Venezuela ha perdido 12 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos 40 años. Más de 10 millones de hectáreas fueron destruidas al norte del Orinoco durante ese período, el doble del tamaño de Costa Rica y casi del tamaño de Nicaragua. La deforestación al norte del Orinoco ha sido extremadamente destructiva, con complicidad de las autoridades de turno.
Un perverso mecanismo de destrucción del patrimonio natural del país se encuentra enquistado en el Ministerio de Eco-Socialismo. Sirve para enriquecer a una minúscula cúpula de empresarios y para transferir la propiedad de la tierra del sector público al privado.
Desde allí se promueve que la destrucción continúe, ahora focalizada en las selvas al sur del Orinoco, particularmente frágiles, aunque inmensamente valiosas en biodiversidad, culturas indígenas, agua, recursos genéticos, minerales y belleza natural. Cien mil (100.000) hectáreas de bosques nativos se destruyen cada año en la actualidad.
La destrucción del patrimonio forestal es una de las principales causas del desequilibrio ecológico del país, particularmente acentuado al norte del Orinoco. Corroe las garantías de un desarrollo económico sostenible y compromete la seguridad de generaciones futuras. La deforestación es la principal causa de sequías, inundaciones, pérdida de productividad de los suelos y de la destrucción acelerada de miles de especies nativas de fauna y de flora.
El Ministerio de Eco-Socialismo (MINEC) presentó un documento oficial ante el Acuerdo de París (COP26, nov 2021), en nombre de Venezuela, en el que sentencia la destrucción de 100.000 hectáreas de bosques naturales cada año desde el 2021 hasta el 2030, para un total de un millón de hectáreas de devastación del patrimonio forestal y genético de la nación para el 2030 (Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efecto. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco-Socialismo. Noviembre 2021, pg. 79. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Actualizacion%20NDC%20Venezuela.pdf ).
Un ecocidio anunciado, sin justificación alguna, sacrificando el patrimonio natural del país, uno de los legados más valiosos de generaciones futuras, en beneficio de un minúsculo grupo de empresarios madereros y del agro, con sus correspondientes prebendas para funcionarios de turno.
La delegación de Venezuela, encabezada por el ministro de Eco-Socialismo, Josué Lorca, se negó a suscribir la Declaración de Bosques de la COP26 del Acuerdo de París (noviembre 2021), en la que 130 países se comprometieron a erradicar la deforestación para el 2030 a más tardar. Por el contrario. Venezuela no sólo anuncia la arbitraria destrucción de un millón de hectáreas de bosques naturales 2021-2030, sino que deja la puerta abierta para continuar la devastación más allá del año 2030.
Venezuela es uno de los ocho países de mayor riqueza en biodiversidad del mundo, con una base genética de incomparable valor medicinal, químico, industrial y estratégico, tanto para el país como para el resto del mundo. Aquí se encuentra el 15% de las especies de aves del planeta; más especies de mamíferos de los que se encuentran en toda África al sur del desierto del Sahara; más especies de plantas de las que se encuentran en Estados Unidos y Canadá juntos; más especies de árboles y peces que en toda Europa. Venezuela es el 5° país con mayor número de especies de árboles del mundo, más de 5.000.
La mayor parte de esta fabulosa riqueza genética se encuentra relacionada con los bosques del país. Estos a la vez son fuente de agua, alimentos, oxígeno, fibras, maderas, minerales, medicinas, recursos genéticos, resinas, aceites, alcaloides, energía, materiales de construcción y otros productos. Manejados adecuadamente podrían convertirse en un significativo componente del desarrollo nacional.
El ministro de Eco-Socialismo, Josué Lorca, la vicepresidenta Delcy Rodriguez y el presidente Maduro con frecuencia alardean sobre los logros de la Misión Árbol. En declaración pública del 30 de mayo 2021, Lorca recalcó que la Misión Árbol desde su creación en el 2006 ha sembrado 31 millones de árboles y ha reforestado 28 mil hectáreas en todo el país https://www.vtv.gob.ve/mision-arbol-sembrado-31-millones-plantas-pais/, https://vicepresidencia.gob.ve/?p=5882
Se desprende que la superficie reforestada promedia 1.870 hectáreas por año. Durante ese mismo período, 2006-2021, se deforestaron 2.200.000 hectáreas de bosques naturales, a una tasa promedio de 147.000 hectáreas por año. La tasa de reforestación de la que alardea el Ministro de Eco-Socialismo es equivalente a apenas 1% de lo deforestado en ese mismo período.
Las plantaciones difícilmente pueden sustituir o compensar a los bosques naturales del país, ni en resiliencia ecológica, ni en biodiversidad, ni en estabilidad climática. Estas limitaciones se agigantan cuando se reforesta con especies exóticas de rápido crecimiento, especialmente en monocultivos.
Declaraciones públicas de otros funcionarios de alto nivel ponen en entredicho la credibilidad de lo que le informan al país sobre la Misión Árbol. Alejandro Hitcher, Ministro de Ambiente, declaró a los medios de comunicación en rueda de prensa del 21 de abril 2012: “En los seis años desde el lanzamiento de la Misión Árbol en el 2006, se han sembrado 45 millones de árboles para reforestar 32.000 hectáreas, con un promedio de 5.300 hectáreas por año”. Estos logros fueron ratificados en declaraciones del 6 de junio 2012 por el vice-ministro de Ambiente, Alexander Cegarra, http://www.correodelorinoco.gob.ve/mision-arbol-ha-sembrado-45-millones-arboles/.
El ministro de turno informaba que para el 2012 se habían sembrado 45 millones de árboles y reforestado 32.000 hectáreas en los primeros seis (6) años desde la creación de la Misión Árbol.
Diez años después, el ministro de turno para el 2021 informaba sobre la siembra de sólo 31 millones de árboles y la reforestación de sólo 28.000 hectáreas en 16 años.
¿Por qué la superficie total plantada, desde que se creó la Misión Árbol en el 2006, hasta ahora es de sólo 28.000 hectáreas, 4 millones de hectáreas más pequeña que la ya plantada hace 10 años?
¿Debemos entender que no se ha hecho nada en los últimos 10 años, que no sólo no se ha plantado nada en una década, sino que además dejamos perder 4 millones de hectáreas ya establecidas?
¿A qué se deben estas sorprendentes discrepancias?
¿Dónde están estas plantaciones?
¿Se dispone de algún mecanismo independiente de monitoreo y certificación de los logros que se proclaman?
¿No merece la población venezolana una explicación?
Cuando el presidente Chávez lanzó la Misión Árbol en julio 2006 señaló:
“si cortas un árbol tienes que plantar diez… Es necesario generar en la población Venezolana una consciencia sobre la importancia de los bosques, el equilibrio ecológico, la recuperación de las tierras degradadas como resultado del modelo predominante de desarrollo…”
El objetivo anunciado por Chávez en el junio 2006, cuando estableció la Misión Árbol, era plantar 100 millones de árboles en 150.000 hectáreas en cinco años. Diez y seis (16) años después, sólo se han plantado 28.000 hectáreas, menos del 20% de lo establecido sólo para los primeros 5 años, y sin garantía alguna de que los árboles plantados eventualmente se desarrollen. Se reportan niveles de mortandad superiores al 50%.
El documento consignado por el MINEC ante la ONU, en nombre de Venezuela, menciona la reforestación de 3.000 hectáreas para el secuestro de carbono, cuando la tasa actual de deforestación es de 100.000 hectáreas por año. También se refiere a la plantación de 155.000 hectáreas en 8 años “para fomentar que las empresas plantadoras aumenten su superficie de manejo”. Según este documento oficial, la nueva política forestal del gobierno nacional es reforestar 3.000 hectáreas en beneficio colectivo, y 155.000 hectáreas como subsidio a la empresa privada.
La deforestación anunciada por el gobierno nacional ante la ONU (100.000 ha/año, 2021-2030) implica además la emisión de aproximadamente 40 millones de toneladas de CO2 anuales, 400 millones durante el período 2021-2030, sólo por concepto de biomasa aérea y tomando en consideración que las tierras deforestadas normalmente han sido previamente intervenidas y degradadas.
Las emisiones de CO2 provenientes de la degradación de bosques es una variable ignorada en el país, a pesar de tender a duplicar las emisiones por deforestación. En Venezuela, un territorio boscoso puede perder hasta el 80% de su biomasa forestal sin que tal destrucción sea incluida ni en las estadísticas de deforestación, ni en la contabilidad de emisiones de CO2. Sólo cuando la destrucción es extrema, sólo cuando la cobertura forestal se reduce a menos del 10% del territorio, es que se contabiliza como área deforestada.
De esta manera se encubre con perversidad tanto una masiva degradación de los bosques del país como su significativo aporte a las emisiones nacionales de CO2.
La administración forestal en Venezuela ha sido prostituida a tal extremo que enormes territorios que hoy son potreros, pastizales y tierras de cultivo, bajo propiedad privada, continúan siendo incluidos en las estadísticas nacionales como bosques naturales propiedad de la nación. De esta manera se encubren gigantescos delitos, la expropiación ilegítima de riquezas naturales y la transferencia ilícita de enormes superficies al sector privado.
Ejemplos abundan, aunque los más vergonzosos son los relacionados con las reservas forestales del país. Las reservas forestales, decretadas a inicios de los 60, son bosques públicos de carácter permanente. No son tierras para la conversión a la ganadería o la agricultura. Ni lo son para la transferencia al sector privado.
La reserva forestal de Turén, en el estado Portuguesa, excepcionalmente rica en biodiversidad, tanto vegetal como animal, originalmente con 116.400 hectáreas de selvas espectaculares, ricas además en Caoba, Cedro, Pardillo y otras maderas valiosas, fue totalmente destruida. Solo quedan minúsculos reductos que, juntos, suman aproximadamente el 5% de la superficie boscosa original. Hoy son lujosas fincas, tierras privadas de facto. Sin embargo, el gobierno continúa contabilizándola como reserva forestal y bosque natural en su extensión original (MinEc – Anuario Estadístico Forestal 2018)
Lo mismo ocurre con las reservas forestales de Caparo (181.000 ha), Ticoporo (270.000 ha), San Camilo (450.000 ha), Río Tocuyo (48.000 ha), Guarapiche (370.000 ha) y el bosque de San Pedro (758.000 ha), entre otros territorios boscosos saqueados, destruidos y expropiados al país en los últimos 40 años.
Los bosques originales de todas estas reservas forestales han sido destruidos en más de un 85%. Los remanentes son patéticas manchas boscosas, intervenidas y degradas. En Caparo apenas sobrevive un pedazo entregado a la Universidad de Los Andes en comodato, apenas 7.000 ha (4%), bajo constante asedio por las mafias de la tierra, en contubernio con funcionarios públicos, militares, paramilitares y narcotraficantes.
En Venezuela, las figuras jurídicas de reserva forestal y lote boscoso se refieren a bosques delimitados para la explotación sostenible de maderas con fines industriales. La obligatoriedad del manejo sostenible de las concesiones forestales se encontraba establecida tanto en la legislación correspondiente, como en planes de manejo aprobados por el gobierno. La supervisión del cumplimiento de tales prácticas operativas es del Ministerio de Eco-Socialismo, antes Ministerio de Ambiente.
Unas 13 millones de hectáreas de majestuosas selvas naturales fueron delimitadas para tal fin, cuando se repartió el país a inicios de los 60. Cerca de 4 millones de hectáreas fueron entregadas a empresas privadas para la explotación sostenible, de acuerdo con directrices técnicas y jurídicas impuestas por el Estado, para garantizar su permanencia como recurso natural propiedad de la nación.
En teoría. En la práctica, plagada de corrupción, la dura realidad es un insulto a la nación, a generaciones futuras y a la profesión forestal. Los majestuosos bosques entregados en concesión fueron saqueados para enriquecer a un minúsculo grupo de empresarios y políticos, con la complicidad de los burócratas gubernamentales encargados de supervisar el cumplimiento de la reglamentación vigente. El manejo forestal sostenible ha sido más un mito que una realidad. Las tierras entregadas en concesión a empresarios son hoy potreros en propiedad privada. Ninguno de los empresarios, ninguno de los funcionarios públicos involucrados, ha sido imputado por estos gigantescos crímenes contra el patrimonio de la Nación.
Es tiempo de rectificar. Venezuela puede y debe modificar la política anunciada en la notificación presentada ante la ONU en noviembre 2021 y asumir el compromiso de erradicar la deforestación para el 2030 a más tardar.
Puede y debe asumir un compromiso adicional: detener la explotación de bosques naturales para la producción de madera comercial a partir del año 2050, a cambio del financiamiento internacional para establecer 750.000 hectáreas de plantaciones industriales en 30 años, a razón de 25.000 hectáreas anuales, con el fin producir anualmente 7 millones de metros cúbicos de madera rolliza de alto valor comercial a partir del año 2050. Se abastecería el mercado nacional y se dispondría de una cantidad similar para la exportación. Se requieren 5.000 millones de dólares para lograrlo, asequibles sin costo para el país a través del fondo verde del Acuerdo de París.
Erradicar la deforestación para el 2030 generaría al menos 150 millones de créditos de carbono (toneladas equivalentes de CO2), cuyo valor actual es de US$ 12.000 millones. Detener la explotación de maderas de bosques naturales para el 2050 generaría una cantidad similar de créditos de carbono. Se dispondría de recursos suficientes para establecer las industrias necesarias para el procesamiento de la materia prima suministrada por las plantaciones, tales como aserraderos, plantas para la producción de tableros de madera, bioenergía, muebles y viviendas prefabricadas.
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