No siempre uno es profeta en su tierra. Pero Santiago Calatrava lo es. El arquitecto valenciano, mundialmente conocido por la singularidad de su estilo y la polémica que envuelve a sus proyectos, encaja bien en el País Valenciano, el reino de Camps, en el que proliferan los grandes eventos, las obras fastuosas y donde las […]
No siempre uno es profeta en su tierra. Pero Santiago Calatrava lo es. El arquitecto valenciano, mundialmente conocido por la singularidad de su estilo y la polémica que envuelve a sus proyectos, encaja bien en el País Valenciano, el reino de Camps, en el que proliferan los grandes eventos, las obras fastuosas y donde las urnas absuelven por sistema a políticos, sobre todo del PP, implicados en casos de supuesta corrupción.
El último de los escándalos que relaciona al Gobierno de Camps y a Calatrava tiene como escenario el Centro de Convenciones de Castellón, presentado pomposamente en 2008 y que a día de hoy aún no ha empezado a ejecutarse, entre otras razones, por el endeudamiento de la Generalitat (uno de los mayores del estado) y porque el complejo se integra en el proyecto urbanístico de Els Mestrets, paralizado desde 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Una iniciativa, por tanto, de ejecución inverosímil, por cuyo anteproyecto y proyecto básico -según ha denunciado Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)- Santiago Calatrava había percibido de la Generalitat, a finales de 2009, un mínimo de 2,7 millones de euros. Esta cifra se corresponde con el 4,5% del presupuesto de la obra, que el contrato establecía inicialmente en 60 millones de euros.
Todo esto no resulta nada excepcional en los acuerdos entre el Gobierno Valenciano y el arquitecto universal. La novedad reside en que, por primera vez, un contrato de la Generalitat con Calatrava se hace público, gracias a las investigaciones de Esquerra Unida. A los insistentes requerimientos de la oposición parlamentaria para conocer los expedientes y proyectos, el ejecutivo de Camps esquiva las peticiones alegando cláusulas de «confidencialidad». Un argumento que da pie a la falta absoluta de transparencia cuando no a la impunidad.
Según los términos del contrato hecho público por EUPV, al arquitecto de Benimàmet le corresponde un 12,5% del coste total de la obra del Centro de Convenciones de Castellón (un 4,5% por el anteproyecto y el proyecto básico, cantidad ya cobrada; un 4% por el proyecto de ejecución y un 4% por la dirección de obra). Lo decisivo es que estos porcentajes superan con creces lo habitual en actuaciones de tanta envergadura y, sobre todo, que Calatrava cobra por el precio final de la obra, incluidos los sobrecostes, que en su caso suelen crecer exponencialmente.
Las previsiones iniciales se quedan en una mera estimación. Si el contrato entre la Generalitat y Calatrava establecía una superficie para el complejo castellonense de 16.000 metros cuadrados y un coste total de 60 millones de euros, el arquitecto no se ajustó finalmente a estas cifras y las disparó en el proyecto básico: 60.000 metros cuadrados y un coste de 100 millones de euros. Los técnicos de la Sociedad Proyectos Temáticos (SPT) -empresa pública con la que el Consell impulsa sus macroactuaciones- le comunicaron entonces a Calatrava que el proyecto no cumplía lo establecido en el contrato original. Sin embargo, la Generalitat acabó abonando al arquitecto, a través de la SPT, un total de 2,7 millones de euros.
La historia del Centro de Convenciones está plagada de sombras y supuestas irregularidades. Cuando menos, de sospechas elocuentes. Un contrato a dedo, sin concurso público; un millón de euros que se le pagan al arquitecto nada más firmar y sin que deposite ninguna garantía; y gastos de viajes y dietas que corren a cargo de la Sociedad Proyectos Temáticos. Más grave aún es la presunta evasión fiscal pues, según la denuncia de Esquerra Unida, Calatrava factura desde Zurich (el arquitecto reside en Suiza) aunque cuenta con oficina en Valencia (en la calle Trinitarios, muy cerca del Palau de la Generalitat), desde la que remite todas las comunicaciones y cartas.
Se trata, por lo demás, del único contrato entre el Gobierno Valenciano y Santiago Caltrava que ha visto la luz, gracias al empeño, entre otros, de la diputada autonómica de EU, Marina Albiol, y del portavoz de la ejecutiva de la misma formación, Ignacio Blanco. Las pesquisas ofrecen detalles rocambolescos. La primera vez que la diputada se desplazó a ver los expedientes, éstos se hallaban depositados en unos barracones de Alicante (las oficinas de la SPT), en un estado precario. Albiol logró fotografiarlos con su móvil-en una segunda visita, ya depositados en otro edificio- para después airearlos a la opinión pública.
Ignacio Blanco explica que estamos ante una «apuesta ruinosa por grandes proyectos de muy difícil realización y que suponen desviar dinero público, que debería destinarse a políticas sociales, a grandes fastos para la mayor gloria política de Camps». «El único fin de estas iniciativas inviables es la propaganda», añade Blanco. Y esto, en el País Valenciano, donde las últimas cifras del INEM arrojan 530.000 parados y la tasa de endeudamiento público es la segunda del estado.
Como colofón a las investigaciones, Esquerra Unida ha trasladado la información de los hechos a la Fiscalía Anticorrupción para que valore si la Generalitat ha incurrido en cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos; fraude a la administración y delito fiscal.
Pero, además del Centro de Convenciones de Castellón, núcleo de la denuncia, la formación de izquierdas aporta a la fiscalía documentación sobre el pago a Calatrava de 2,5 millones de euros por el proyecto de los rascacielos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y 600.000 euros por el de la reforma de la dársena del puerto de Torrevieja. Dos iniciativas como mínimo inconsistentes, ya que las denominadas «Torres de Calatrava» están paralizadas por los recursos interpuestos por los propietarios del suelo; y la reforma portuaria se ha ejecutado finalmente basándose en el proyecto de otro arquitecto.
Los cobros de Calatrava, su relación con el Consell, los sobrecostes de sus obras y la irrealidad de los proyectos se extiende más allá de estos tres casos. Tal vez sea la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) -mascarón de proa de la política valenciana de obras faraónicas- el conjunto arquitectónico que mejor refleje este monumento al disparate contable.
Porque, según el informe de la Sindicatura de Comptes de 2009 -el último de éste organismo público encargado de auditar las cuentas de la Generalitat- se produce un desfase de 625 millones de euros entre lo inicialmente presupuestado para la Ciudad de las Ciencias (308 millones de euros) y lo que se lleva efectivamente gastado en el macroproyecto (cerca de 1.300 millones de euros). Es decir, un sobrecoste que ronda el 300%.
De los seis edificios que conforman el recinto de CACSA (casi todos proyectados por Santiago Calatrava) algunos merecen mención especial. Es el caso del Ágora, un gran edificio multiusos que, con los modificados, podría llegar a costar 90 millones de euros a las arcas públicas (el doble de lo previsto inicialmente). O el Palau de les Arts, que con un coste de 382,5 millones de euros supera lo previsto para toda la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Considerando estas desviaciones, y que Calatrava cobre el 12,5% por el coste final de las obras (porcentaje estipulado para el Centro de Convenciones de Castellón)- el arquitecto valenciano podría haberse embolsado una cantidad muy superior a los 100 millones de euros del erario. Puede que de manera legal pero no estaría de más algo de luz y taquígrafos.
Fuera del País Valenciano, hay casos muy similares de maridaje entre el gobierno del PP y el afamado arquitecto. Una de las mejores réplicas es el caso de la ópera de Palma, por el que permanecen imputados el expresidente de Baleares y exministro en la época de Aznar, Jaume Matas (por 9 supuestos delitos) y el arquitecto Calatrava, que recibió 1,2 millones de euros del gobierno Balear por un anteproyecto para realizar un palacio de la ópera en la Bahía de Palma. Otro «proyecto fantasma» que no llegó a materializarse y que también fue adjudicado a dedo a Santiago Calatrava.
Ahora bien, puestos a buscar nexos y complicidades, hay personajes cuya trayectoria habla por sí sola. Por ejemplo, Fernando Benzo, que en 2007 entra a trabajar en el despacho de Calatrava tras haber asesorado a Mayor Oreja al frente del Ministerio del Interior entre 1996 y 2000 y figurar entre los máximos responsables de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Benzo, que también ha escrito un libro sobre el 11-M, volvió a trabajar como asesor de Mayor Oreja en las elecciones europeas de 2009.
Se trata de evidencias a las que no se da respuesta o, peor aún, se responde con ruido mediático, como la amenaza al unísono de Calatrava y el Gobierno Valenciano de emprender acciones legales contra Esquerra Unida por las informaciones reveladas. Y es que el ruido es un arma efectiva cuando se pretende ocultar la realidad.
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