Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son al mismo tiempo muy vulnerables al cambio climático y dependientes de manera creciente de sus exportaciones de petróleo y gas natural, mientras su gestión ambiental está sujeta a los recursos procedentes de potencias industriales. Los cinco integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acuden con una posición […]
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son al mismo tiempo muy vulnerables al cambio climático y dependientes de manera creciente de sus exportaciones de petróleo y gas natural, mientras su gestión ambiental está sujeta a los recursos procedentes de potencias industriales.
Los cinco integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) acuden con una posición común a la XI Conferencia de las Partes de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la I Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto, que se iniciaron el 28 de noviembre y sesionarán hasta el 9 de este mes en Montreal, Canadá.
«El cambio climático ya está aquí. No podemos esperar a mitigarlo sino tomar acción inmediata para adaptarnos a lo que se está viniendo. Y (los países andinos) quieren dinero», que las potencias industriales aportan al Fondo Especial para el Cambio Climático, dijo a IPS la directora del programa de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la CAN, Lupe Guinand.
Los países andinos ponen énfasis en que se asuman de una vez compromisos para después de 2012, cuando expiran las previsiones del Protocolo de Kyoto.
Ese tratado, que entró en vigor en febrero de este año, obliga a los países industriales que lo ratificaron (todos excepto Australia y Estados Unidos) a reducir antes de 2012 sus emisiones de gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990.
A partir de 2012, los compromisos internacionales deberían abarcar también a naciones en desarrollo, en particular a las más grandes, como China, India o Brasil.
Existe consenso científico acerca de que la acumulación atmosférica de gases invernadero (sobre todo los liberados por la combustión de petróleo, carbón y gas) está vinculada al recalentamiento global y al cambio climático.
En las actuales negociaciones, la CAN también reclama que se relacione el incremento de la frecuencia y el impacto de los desastres climáticos con la alteración global del clima.
«No podemos decir qué porcentaje de un huracán tiene que ver con el cambio climático, pero comencemos a verlo desde ese aspecto», resumió Guinand.
Un estudio regional de la CAN basado en los Inventarios y las Comunicaciones Nacionales (informes obligatorios de los países partes a la secretaría de la Convención) enumeró las áreas más afectadas en estos países.
Entre ellas figuran la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua potable, la generación hidroeléctrica y las enfermedades tropicales que están ampliando su presencia geográfica debido al aumento de la temperatura.
El estudio menciona asimismo los impactos sobre ecosistemas estratégicos como bosques, corredores biológicos, humedales y sistemas de alta montaña, y daños específicos sobre la selva amazónica, los glaciares y las cuencas hidrográficas.
El informe señala además el incremento de los desastres relacionados con el clima en la región.
El diario limeño El Comercio publicó el jueves un informe del Ministerio de Agricultura de Perú según el cual en el septentrional departamento de Ancash han muerto 14.000 cabezas de ganado en los últimos dos años y se han perdido 6.700 hectáreas de sembrados debido a la sequía.
«Poblaciones enteras de la (norteña) sierra de Piura ni siquiera tienen agua para poder calmar su sed», sostuvo el diario, mientras el servicio meteorológico advertía sobre fuertes lluvias este fin de semana en otra región.
El fenómeno climático de El Niño (una corriente de agua cálida que atraviesa periódicamente el océano Pacífico) causó en 1998 pérdidas y daños equivalentes a 4,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) peruano, según la Corporación Andina de Fomento, brazo financiero de la CAN.
«De 250 emergencias en 1995, hemos pasado a 1.300 en 2003», 72 por ciento de origen climático, reportó a su vez el Consejo Nacional del Ambiente.
Todos los miembros de la CAN tienen territorios en la selva amazónica. La comunidad limita con el océano Pacífico y el mar Caribe y concentra la cuarta parte de la biodiversidad mundial, mientras ocupa tres por ciento de la superficie del planeta.
Con excepción de Venezuela, clasificada como de riesgo «alto-medio», los otros cuatro países de la CAN están en peligro «alto» por el cambio climático, según Guinand.
Por otra parte, la proporción de emisiones de gases invernadero de las naciones andinas respecto de los países industrializados oscila entre 0,28 y 1,12 por ciento, mientras su «cuota» no debe sobrepasar cuatro por ciento, o 2,5 por ciento de las emisiones globales.
Así, la CAN es dueña de un potencial importante para proyectos de mitigación del cambio climático, como la plantación y conservación de bosques que absorben dióxido de carbono (el principal gas invernadero).
Al mismo tiempo, la región depende fuertemente de las ventas de los contaminantes petróleo y gas natural.
Los hidrocarburos y minerales constituyen 52 por ciento de las exportaciones totales de los cinco países. Cerca de 30 por ciento corresponde a hidrocarburos, «aunque la extracción mineral también consume muchísimo petróleo», dijo a IPS Ricardo Giesecke, experto en temas energéticos de la CAN.
Las naciones andinas destinan en promedio al área ambiental tres por ciento de la asistencia oficial al desarrollo entregada por los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), pero el monto para afrontar los problemas del cambio climático es «menor» y tiende a disminuir.
La gestión ambiental andina depende de la ayuda extranjera, y no es prioridad para ningún gobierno de la región.
«Los ministros de comercio de la CAN se negaron durante décadas a tratar temas ambientales (en el marco de la comunidad), porque consideraban que el cuidado del ambiente era un obstáculo al comercio», dijo Guinand.
Las instituciones ambientales son débiles y las legislaciones, que avanzaron en los últimos 10 años, registran un cumplimiento «bajo (mientras) los mecanismos de control y seguimiento son insuficientes», según otro documento que analiza el capítulo ambiental de las negociaciones por un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Perú, Colombia y Ecuador.
A consecuencia de la presión de la sociedad civil estadounidense sobre su gobierno, Estados Unidos no puede hoy supeditar a los acuerdos comerciales internacionales las funciones de regulación interna ambiental, señala el análisis.
«Los negociadores (estadounidenses) respondieron a esta presión instando a los socios comerciales a fortalecer su propia legislación ambiental», añade.
La adaptación de las leyes ambientales nacionales al acuerdo de libre comercio es rechazada por la sociedad civil de los países andinos, para la cual las funciones legislativas internas quedarían supeditadas a la agenda comercial estadounidense, un país que, por ejemplo, no hace parte del Protocolo de Kyoto.
Los negociadores de los tres países andinos, asesorados por la CAN, y a falta de mejores leyes ambientales nacionales, se amparan en el carácter vinculante y de rango jurídico superior de la normativa comunitaria. (FIN/2005)