Aprobadas por el Parlamento de Cataluña la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, el Procés soberanista catalán ha entrado en una nueva fase decisoria de no retorno. Del 11 de septiembre al 1 de octubre los tiempos se han acelerado en la recta final hacia un referéndum desobediente, una convocatoria que el Gobierno […]
Aprobadas por el Parlamento de Cataluña la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, el Procés soberanista catalán ha entrado en una nueva fase decisoria de no retorno. Del 11 de septiembre al 1 de octubre los tiempos se han acelerado en la recta final hacia un referéndum desobediente, una convocatoria que el Gobierno del PP quiere evitar a cualquier precio.
Cerrar webs, amenazar alcaldes, registrar medios de comunicación, detener cargos públicos, prohibir actos, intervenir las finanzas catalanas y suspender «de facto» el autogobierno de Cataluña, configuran un ataque a las libertades y a la democracia, en un intento del Partido Popular de evitar que la gente vote. Un uso indiscriminado de los tribunales y de la policía para resolver un conflicto político. Una situación que comporta un estado de excepción, y que abre un camino de involución democrática del Estado español que recuerda a tiempos, muy oscuros, del pasado. No obstante, la ciudadanía ha salido masivamente a las calles y, parece ser, que el gobierno catalán no retrocede asegurando que el 1-O habrá urnas, obedeciendo así el mandato -autoenmendado– de las elecciones del 27S y a la nueva legalidad catalana. Un embate democrático donde hay un choque entre dos legitimidades, en una situación de doble poder.
Escalada represiva
«Haré todo lo que haga falta sin renunciar a nada», ha dicho Rajoy en su comparecencia para justificar la macrooperación policial contra el referéndum. Una ofensiva del Partido Popular, y de su muleta naranja de Ciudadanos, que esgrimen la Constitución española para argumentar la «ilegalidad» de la convocatoria del referéndum y que utilizan la política del miedo y la maquinaría represiva del Estado, a través de los tribunales, de la fiscalía y de los cuerpos policiales, para intentar parar los preparativos del 1-O. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma exprés las leyes del referéndum, de transitoriedad jurídica y el código tributario catalán. La fiscalía ha citado a declarar como investigados a más de 700 alcaldes pro-referéndum y ha ordenado que los Mossos de escuadra los detengan si no lo hacen. A la vez, los Mossos han recibido la orden de intervenir para impedir el referéndum, instrucciones explícitas de requisar urnas, sobres, impresos y propaganda electoral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha querellado contra los miembros de la Mesa del Parlamento y contra el presidente Puigdemont y su Gobierno, investigándolos por delitos de desobediencia, prevaricación y/o malversación. La Guardia Civil ha forzado el cierre del web del referéndum, ha entrado a imprentas y empresas postales -sin orden judicial– y se ha llevado para declarar a directores de medios de comunicación, como el del semanario «El Vallenc». En el resto del Estado se han sucedido las prohibiciones de actos políticos, como el organizado por la plataforma «Madrileñ@s por el derecho a decidir», siendo un ataque fragante a la libertad de expresión y de reunión. Una ofensiva judicial y policial en toda regla, que se ha concretado este miércoles 20 de septiembre, en una intervención de facto del autogobierno catalán, mediante la macrooperación policial para parar el 1-O. En este sentido, agentes de la Guardia Civil han irrumpido en el departamento de Economía, en el de Trabajo y Asuntos Sociales, en el de Gobernación y en el de Exteriores; en la Administración Abierta de Cataluña; en la secretaría de Hacienda; en la dirección general de Patrimonio, y en el CTTI, deteniendo a quince altos cargos de la Generalitat e interviniendo material operativo del 1-O. Unas intervenciones en las instituciones y unas detenciones de cargos públicos por motivos políticos, que son un escándalo democrático; una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución española.
Procés soberanista catalán como palanca de cambio del régimen del 78
Ante el bloqueo del Estado y de un «nuevo PSOE» de Sánchez que apoya la vía pirómana de los populares, no es posible a medio plazo una mayoría en el Congreso favorable a un referéndum pactado. Además, la puerta para profundizar en el autogobierno de Cataluña quedó cerrada con la sentencia del Estatuto. En este contexto, apoyar el 1-O ha quedado como la única alternativa democrática para avanzar en el anhelo de la mayoría de los y las catalanas de decidir su futuro como pueblo.
Un 1-O, a partir del cual abrir un proceso constituyente popular donde, desde abajo, decidir el modelo de país que se quiere, donde se priorice la justicia social. Una oportunidad, no sólo para Cataluña, sino, también, para el resto de los pueblos del Estado español de repensar «el país de países» en clave constituyente. Una enmienda a la totalidad al sistema político surgido de la Transición, que necesita de las solidaridades entre los diferentes pueblos del Estado para ser efectiva.
Movilización permanente en defensa de la democracia
Las actuaciones de un gobierno del Estado ciego, sordo y mudo, bloqueando cualquier resolución política del conflicto, judicializando el Procés e interviniendo «de facto» la autonomía, suponen una deriva autoritaria muy peligrosa. No obstante, ante la represión del PP, toman gran relevancia las concentraciones, en todo el Estado, de apoyo a las instituciones catalanas y al derecho a decidir, así como la asamblea de electos propuesta por Podemos y las confluencias; pero, sobre todo, y más importante, las movilizaciones masivas en las calles de los pueblos y ciudades de Cataluña. Unas movilizaciones populares que son las que pueden hacer que el gobierno catalán no recule y, a la vez, hacer más grande la brecha para tumbar la estaca del régimen del 78.
El gobierno catalán tiene que llegar hasta el final manteniendo la convocatoria del referéndum del 1-O, y la ciudadanía continuar movilizada en las calles para defender la democracia, las libertades, el autogobierno y para denunciar el autoritarismo del PP. La respuesta colectiva en las calles es, y tiene que continuar siendo, pacífica pero contundente.
Ha llegado la hora de la verdad. La hora de profundizar y ejercer el derecho a decidir, para decidirlo todo, o la de la involución democrática y de la recentralización. De la calle depende.
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