Una campaña civil para suspender la perforación de nuevos pozos petroleros en Ecuador y movilizar recursos internacionales para pagar al país por no contaminar ha ganado adhesiones notables, como la del propio vicepresidente Lenin Moreno. Moreno, ex ministros y organizaciones indígenas y ecologistas piden al mandatario Rafael Correa que suspenda la licitación de nuevos yacimientos. […]
Una campaña civil para suspender la perforación de nuevos pozos petroleros en Ecuador y movilizar recursos internacionales para pagar al país por no contaminar ha ganado adhesiones notables, como la del propio vicepresidente Lenin Moreno.
Moreno, ex ministros y organizaciones indígenas y ecologistas piden al mandatario Rafael Correa que suspenda la licitación de nuevos yacimientos.
Los ex ministros de Ambiente, Jaime Galarza, Rodolfo Rendón, Yolanda Kakabadse y Edgar Isch cuestionaron el proyecto de extracción de crudo en el bloque petrolero ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha), ubicado en la zona protegida del Parque Nacional Yasuní, en el oriente del país.
«La propuesta de campaña del gobierno, del cual usted es parte, anunció una moratoria petrolera como una de las condiciones para la construcción de un nuevo país; sin embargo, los anuncios de explotación del proyecto ITT suponen serias amenazas para nuestro futuro y contradicen el espíritu de dicha propuesta», dijeron los ex ministros a Correa en carta fechada el 9 de febrero y difundida esta semana.
Como medida urgente proponen postergar todo proceso de contratación o desarrollo del bloque ITT, cuyo principal interesado es la empresa brasileña Petrobras, «hasta encontrar alternativas que respondan al conjunto de intereses del Ecuador» así como buscar «otras fuentes financieras para los retos del desarrollo y garantizar la justicia social».
El vicepresidente Moreno dijo a IPS que su país debería «declarar una moratoria petrolera» y suspender temporalmente la explotación de crudo en la Amazonia para comenzar a «remediar el daño ambiental» que ha causado allí esa actividad.
En el Yasuní ya opera Petrobrás, en el Bloque 31, mientras otros dos yacimientos, los bloques 18 y 17, están en manos respectivamente de la canadiense EnCana y de la hispano-argentina Repsol-YPF, situados junto a los límites del parque, al que afectan.
«Si la decisión estuviera en mis manos, sería partidario de una moratoria en la exploración petrolera, porque he visto el daño que ha causado en las personas, los animales y las plantas», afirmó Moreno.
«A mí nadie me ha contado el daño ecológico que ha causado la actividad de las empresas petroleras en la Amazonia. He visto las enfermedades en las personas, y he visto como mueren plantas y animales», argumentó.
El vicepresidente aclaró que su opinión no representaba la del gobierno.
Correa encargó a los ministros Alberto Acosta, de Energía, y María Fernanda Espinosa, de Relaciones Exteriores, encontrar una forma de «sustituir los recursos que dejaría de percibir el país –unos 1.500 millones de dólares anuales–, y que se podrían invertir en programas de salud, educación, infraestructura».
Sin embargo, el mandatario fue categórico en declaraciones hechas en febrero a un diario provincial.
«Respeto mucho esa posición de los ambientalistas», pero «el remedio es más caro que la enfermedad», dijo Correa.
«El campo ITT hay que explotarlo, caso contrario quiénes van a darnos los 1.500 millones de dólares anuales que producirá. El gobierno necesita dar salud, educación, trabajo», aseguró.
En 2007, las exportaciones de crudo rondarían entre 4.700 y 5.300 millones de dólares. En 2006, el producto interno bruto nacional llegó casi a 44.000 millones de dólares.
Por su parte, la organización no gubernamental Acción Ecológica lanzó una campaña nacional contra la extracción petrolera en el Yasuní.
«En lugar de explotar el crudo y destruir inevitablemente el Parque Nacional Yasuní, proponemos salvarlo con un esfuerzo colectivo. Comprar individual o colectivamente el crudo con el compromiso de no sacarlo y de que el Estado, como garantía, declare el área intangible para la explotación comercial de recursos», afirmó a IPS la activista Esperanza Martínez
Acción Ecológica invitó a la cooperación internacional a inscribirse en esta campaña para contribuir con el Estado a salvar el Yasuní, mediante la compra de crudo represado.
«Esta sí es una solución que aporta a los problemas de calentamiento global, no así los proyectos de servicios ambientales o venta de oxígeno como lo conocen las comunidades, que provocan nuevos conflictos con las poblaciones y el país», argumentó la ambientalista, experta en temas petroleros.
La propuesta incluye declarar el área del bloque ITT vedada a perpetuidad para la extracción comercial de recursos, con el reconocimiento expreso del derecho al uso tradicional de los pueblos indígenas, particularmente de aquéllos en aislamiento voluntario.
«La extracción y quema de petróleo, gas y carbón en el mundo no puede continuar aumentando, porque la emisión de dióxido de carbono es ya el doble de lo que los océanos, suelos y nueva vegetación absorben, y por tanto la concentración en la atmósfera continúa aumentando», aseguró Acción Ecológica en un comunicado público.
Según estudios de la petrolera estatal Petroecuador, el bloque ITT tiene reservas cercanas a los 1.000 millones de barriles de crudo pesado, con una relación de 80 barriles de aguas tóxicas por cada 20 de petróleo extraído.
«Han llegado mensajes vía correo electrónico de decenas de países en los cuales instituciones y personas apoyan la iniciativa y se comprometen a realizar una campaña en defensa del Parque Yasuní», dijo Martínez.
El economista y catedrático español Joan Martínez Alier afirmó al apoyar la propuesta que hay que vender menos petróleo y a un precio más caro, que incluya impuestos por agotamiento del capital natural y una compensación por daño a los ecosistemas amazónicos.
«La recaudación producida por estos impuestos debe ser utilizada para políticas sociales y para el desarrollo de energías alternativas renovables. Cada pozo que se cierra es una contribución a la lucha contra el aumento del efecto invernadero y contra el cambio climático», argumentó Martínez Alier en uno de los mensajes.
El Parque Yasuní fue creado en 1979 con el objetivo de proteger una de las áreas de mayor diversidad biológica del mundo. Tiene una extensión de 982.000 hectáreas, y en 1989 fue declarado Reserva de Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Organizaciones ambientalistas como Oilwatch, Acción Ecológica, Ecociencia, Fundación Natura y Greenpeace, aseveran que en una sola hectárea de estos bosques hay tantas especies de árboles y arbustos como en toda la superficie de Estados Unidos y Canadá juntos.
Yasuní es además territorio del pueblo huaorani y zona de tránsito, pesca y caza de los taromenani y tagaeri, que viven en aislamiento voluntario.
En Yasuní se han identificado más de 500 especies de aves, 173 de mamíferos, 100 de anfibios, 43 de ranas arborícolas y otro centenar de reptiles, entre ellas 62 de serpientes.
Constituyen casos especiales las tortugas charapas –las más grandes de agua dulce del mundo, con un caparazón que puede llegar a medir un metro de largo– y el delfín rosado.
El 10 de mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso medidas cautelares a favor de los pueblos taromenani y tagaeri, para proteger los derechos y garantizar la vida de estos grupos.