Los últimos informes de la OCDE y de la Unión europea sobre la situación económica y social en España muestran un panorama de incertidumbre de la situación socioeconómica para millones de personas.
Los datos son muy conocidos: desempleo del 13% y desempleo juvenil del 30%. En la Unión Europea, España es uno de los países de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad social y el INE lo certifica. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 21, 7%, solo por detrás de Bulgaria, Rumania y Grecia. Es decir, unos 13 millones de personas están en riego de pobreza y aproximadamente 5 millones tienen una situación de vulnerabilidad extrema con dificultades de pobreza severa.
En nuestro país entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de otra manera a como están. Pongamos el caso de la renta mínima garantizada, aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas de inserción cubren a muy pocas personas. En el año 2022 las personas beneficiadas no alcanzaron las 350.000 y la cuantía media fue de 418 euros. Pero lo más curioso es que el programa, entre todas la CCAA, no alcanza los 1.500 millones de euros. Además de esta cantidad la mitad lo gasta el País vasco, la nación con menos desempleo de España. Así, en el año 2022, los perceptores de la renta mínima el País Vasco fueron 70.000 personas y la renta mínima media se situó en 663 euros; paradójicamente, en Extremadura, la región con más desempleo de España, los perceptores no alcanzaron las 6.000 personas y la renta mínima media 400 euros. En Galicia los perceptores no llegan a 8.000 personas y una cuantía que no llega a 450 euros mensuales pese a existir cerca de 250.000 personan en pobreza severa. En cuanto al tan cacareado Ingreso mínimo vital la cuantía media se situó, en el 2022, en 432 euros correspondiente a unos 400.000 titulares en toda España. Todo esto en un contexto de reconocimiento por hogares de este tipo de rentas y no por personas y con un sistema burocrático deficiente y farragoso que desanima a la solicitud de esas rentas que son denegadas en un 80% de las solicitudes.Se presentan este tipo de subsidio como derechos subjetivos de las personas y en verdad no están constituidos como tales además representan una parte insignificante del gasto público social .Se constituye así un sistema de protección social de rentas casi caritativas acompañada, últimamente, por los bonos de ayuda tipo el de 200 euros que se configura como un mero recurso publicitario electoral del peor tufo populista.
Y en medio de este turbulento presente donde la protección social a los más pobres es cuasi una caridad publica, los fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales ávidas de fondos para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una iglesia católica muy activa en la asistencia social, -generalmente utilizando fondos públicos – empobrece el sistema público de protección social. Cuanta más caridad hay, menos protección social existe. En los intersticios confusos de la asistencia social no reglada es donde se introduce la iglesia y ahora también el denominado tercer sector. En cuarenta años de democracia las instituciones sociales católicas- la iglesia, sus órdenes religiosas, sus ONGS y fundaciones- han salido reforzadas. El catolicismo, pese a la pérdida de influencia debido al proceso de secularización social, se ha convertido, paradójicamente, en la primera corporación del llamado Tercer sector y en el primer empresario en la enseñanza privada. Se puede dar un dato relevante en este asunto: la asistencia social a ancianos; en este sector la iglesia católica y sus geriátricos disponen demásplazas que todo el sector público en conjunto. Se estima que de las 390.0000 plazas de residencias de ancianos más de 140.000 son controladas directamente por organizaciones religiosas la mayoría financiadas por los ayuntamientos, diputaciones o Comunidades Autónomas. Recientemente hemos visto del caso del Padre Ángel donde sus residencias han sido denunciadas y diversas comunidades autónomas han tenido que suspender sus conciertos por la utilización negligente de los fondos públicos en aras del lucro y la rapiña ya que el sistema del Padre Ángel parece basarse en obtener muchos fondos públicos y ahorrar en gastos y por ello estas residencias obtienen beneficios tan importantes para su promotor.
Veamos el caso de los niños tutelados: en España hay 30. 000 niños tutelados en residencias o en familias retribuidas y cerca a de 19.000 lo hacen en residencias gestionadas privadamente y muchas por órdenes religiosas. El 90% de este negocio es subvencionado por el Estado. En sectores como las comunidades terapéuticas de toxicómanos, los proyectos de origen religioso se han hecho ya con este negocio y pasa lo mismo con los proyectos sociales en las prisiones.
Los albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres también son otro ejemplo ya que la mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de CARITAS sino a través de un sinfín de ONGS y fundaciones y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha sido el Banco de alimentos, organización más que discutible y con extrañas conexiones de sus dirigentes con sectas religiosas y a intereses de grandes superficies. En el capítulo de las ONGs, las eclesiásticas copan las subvenciones del Estado, de los ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autónomas y del Fondo Social Europeo. Entidades como CARITAS, Secretariado Gitano, Manos Unidas etc reciben cantidades ingentes de dinero público. Y en cuanto a su labor es más que cuestionable. Es difícil hacer una estimación de las subvenciones públicas vinculadas a los servicios sociales que recibe la iglesia católica en España, pero seguro que nos sorprendería. Se estima que el denominado tercer sector mueve unos 15.000 millones de ingresos anuales de los cuales más de 10.000 millones corresponde a subvenciones públicas. Realmente es necesario reconsiderar todo este sector ya que en vez de reforzar la solidaridad social puede que se esté apuntalando la caridad privada, pero eso sí, con dinero público.
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