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El precio de defender el puesto de trabajo y el sindicalismo independiente

Carnero y Morala encarcelados

Fuentes: Rebelión

El sábado a las ocho de la tarde, cuando regresaban a sus domicilios acompañados de sus respectivas familias fueron detenidos, en plena calle, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, ex Secretario y actual Secretario General de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, para ser trasladados, primero a la comisaría y conducidos, a los […]

El sábado a las ocho de la tarde, cuando regresaban a sus domicilios acompañados de sus respectivas familias fueron detenidos, en plena calle, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, ex Secretario y actual Secretario General de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI, para ser trasladados, primero a la comisaría y conducidos, a los pocos minutos, a la cárcel de Villabona donde quedaron recluidos. El pasado mes la Audiencia Provincial confirmó la sentencia de tres años de cárcel (que han de cumplir íntegramente por aplicación de leyes asociadas con el terrorismo) e indemnización de 5.625 euros al ayuntamiento de Gijón, único denunciante y damnificado. La sentencia es firme. El día 25 finaliza el plazo para presentar el recurso de Amparo ante el TC que en estos momentos se está ultimando, aunque el mismo no detiene la ejecución de la sentencia.

Tanto Carnero como Morala, han declarado repetidas veces que son inocentes y que por ello no pedirán el indulto ni pagarán multa ni indemnización alguna.

A la misma hora de la detención, los concejales de la corporación municipal del PSOE y de IU, brindaban por el acuerdo de gobierno que prorrogaban por otros cuatro años continuar gobernando juntos. Algo similar, también, se está negociando a nivel regional autonómico en donde esencialmente se trata de repartir puestos de gobierno. Ambos tienen, como fondo, acuerdos similares que giran en torno a las privatizaciones de servicios y al urbanismo como temas básicos de gobierno. La política social, empleo, vivienda, etc, queda para los telediarios y el derecho constitucional al trabajo, en cuanto se plantee como una reivindicación, se paga con la cárcel incluyendo prioritariamente a sus representantes sindicales como acaba de suceder.

Precisamente, la defensa de sus puestos de trabajo en los astilleros de la bahía de Gijón, chocó frontalmente con el proyecto municipal y autonómico de recalificar las decenas de miles de metros cuadrados, que todavía quedan de uso industrial, situados en lo mejor de la bahía, en el centro de Gijón. El pelotazo que se avecina, mientras la burbuja inmobiliaria aguante, es tremendo.

La biografía de Carnero, de Morala y del sindicato que lideran -la Corriente Sindical de Izquierda, CSI- puede resumir y hacer fácilmente compresible las razones de su persecución durante años y su actual encarcelamiento. Carnero, a sus 55 años, lleva cotizados a la Seguridad Social 40 años, comenzó a trabajar en los astilleros a los catorce y fue prejubilado forzoso hace un año. Algo similar ocurre con Morala con 35 años de cotización a la S.S. y también prejubilado con 54. En cuando al sindicato, este se financia exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y, en sus estatutos, consta expresamente que no puede haber liberados, es decir, las tareas sindicales se suman a las laborales y en ningún caso constituyen un empleo ni ninguna otra promoción personal. El sindicato y sus dirigentes se deben exclusivamente a los afiliados; no tendría sentido cualquier otra dependencia. De este modo todo escapa al control de cualquiera de los poderes, político, económico o empresarial; ni el ayuntamiento ni el gobierno autonómico han podido «negociar» empleo a cambio de la recalificación del magnífico solar del astillero que ahora está rodeado de viviendas y no precisamente sociales. Las recalificaciones de solares industriales entorno del astillero fueron realizadas por el gobierno del PSOE e IU tanto a nivel municipal como autonómico.

Las movilizaciones, de todo tipo, que han precedido a este encarcelamiento, se han caracterizado por la clamorosa ausencia de de CC.OO y de UGT y por supuesto de los dos partidos políticos PSOE e IU quienes han sido, precisamente, los verdugos de este encarcelamiento y de otras represiones similares en su apuesta por defender, de hecho y de derecho, un modelo económico neoliberal a ultranza, encabezado por el Delegado del Gobierno, el Gobierno autonómico de Asturias y el municipal de Gijón. Las declaraciones de los representantes políticos de ambos partidos lo han confirmado, aunque, por otra parte, niegan su participación e incluso arremeten incomprensiblemente contra sus víctimas. La represión es inherente y necesaria en este modelo político económico. El PP no ha participado directamente, pero sí es responsable, como partido en la oposición, por su silencio o con complicidad en los beneficios de esta política especulativa en beneficio de los grandes constructores y promotores.

La Plataforma contra la Represión y por las Libertades, integrada por una treintena de organizaciones, y la Plataforma de Profesionales han organizado numerosas movilizaciones y en este momento estudian, además, emprender otras actuaciones que van desde entrevistas con determinadas autoridades a cómo estudiar, con toda urgencia, la solicitud del indulto para estos dos trabajadores.

El juicio estuvo plagado de irregularidades y la sentencia fue considerada como un linchamiento, sin paliativos. No sólo no se presentó prueba alguna o testigo concluyente sino que el propio vídeo grabado por la policía, que el juez negó por dos veces su proyección en la vista oral, demuestra que no fueron ellos. La confirmación de la sentencia por la Audiencia Provincial sirvió para añadir más despropósitos a los ya conocidos.

El neoliberalismo es algo más que una palabra, no augura buenos tiempos para la democracia. Crece la economía -la bolsa y el PIB- pero el reparto social empeora y la represión es la solución que dan al desempleo, a la precariedad laboral, vivienda y a la degradación de los servicios públicos; la solución que da «la izquierda plural» del PSOE e IU, como así mismo se denominan, que forman el gobierno municipal de Gijón y el autonómico de Asturias, es encarcelar a dos trabajadores, a la mejor gente conocida, a lo mejor que tenemos; a ellos les estorban.