CARTA ABIERTA A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA DE LA ASOCIACIÓN ARCHIVO GUERRA Y EXILIO (AGE) Estimada Señora Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para […]
CARTA ABIERTA A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA DE LA ASOCIACIÓN ARCHIVO GUERRA Y EXILIO (AGE)
Estimada Señora Vicepresidenta del Gobierno y Presidenta de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo:
El día 2 de noviembre de 2004 el Equipo Nizkor, representando a todas las asociaciones que presentamos en su día el Informe sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, le envío a usted una carta en la que se alentaba a su Comisión para realizar una convocatoria a todas las asociaciones que venimos realizando un trabajo de recuperación de la memoria histórica desde hace ya años. Entre estas asociaciones se encuentra la nuestra, AGE, con un documento para aportar en la Comisión, en el terreno de la investigación e indagación históricas: el Informe Nizkor, así como los informes y demandas de nuestros representados: las agrupaciones guerrilleras históricas y los niños de la guerra, entre otros colectivos cuyos presidentes son miembros de nuestra directiva
A continuación le expongo que:
Los motivos que nos impulsan a escribir esta carta son variados: en primer lugar hacerle saber que el servicio de correos de que Vd. dispone sea deficiente. Desde su vicepresidencia se ha convocado, por medio de un Real Decreto del Ministerio de la Presidencia la denominada «Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo», comisión que parece ser la misma a la que Vd. se refirió en la referencia oficial del Consejo de Ministros de 23 de julio, en la que Vd. explícitamente aludió a «la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas del franquismo», pero que en el BOE sufrió una extraña errata, quizás achacable al servicio postal de que Vd. dispone. Durante varios días, estando ya publicado el BOE, la página web de su departamento siguió citando «rehabilitación moral y jurídica» mientras que aquel sólo citaba «rehabilitación moral». Suponemos que se trata de una errata sin importancia pero queremos reparar en ella para su corrección. El problema es que ignoramos, los ciudadanos, si la errata se produjo en la primera o en la segunda versión. ¿Podría aclararlo, dada la enorme trascendencia del cambio?
A continuación, el 10 de setiembre se publicó el decreto «por el que se crea la Comisión Interministerial…» en cuyo punto 4 del artículo 3º se estipula: «La comisión deberá asegurar la audiencia y participación de las asociaciones u organizaciones sociales representativas de las personas afectadas o vinculadas a la problemática de sus trabajos». Y como dice ‘asegurar’, nuevamente pensamos que el servicio postal tenga algún problema ya que varias asociaciones «representativas de las personas afectadas» han recibido hasta tres cartas de Vd., sin que nosotros tengamos noticia directa de esa convocatoria por su parte. Naturalmente, que ni Vd. ni sus servicios de vicepresidencia tienen obligación alguna de conocer qué asociaciones representativas existen, pero el hecho es que tras varias comunicaciones en las últimas semanas no hemos obtenido respuesta. Deducimos que es un error del mentado servicio de correos.
Bien sabe Vd. que nuestra «pequeña» asociación incluye prácticamente a todos los guerrilleros antifascistas españoles supervivientes de matanzas, cárceles y exilio, que entre nuestros socios se cuentan más de trescientos niños de la guerra, casi todos los de la antigua URSS, los que allí siguen y los retornados, los que llegaron a Cuba y allá quedaron, los de Chile, de la Agrupación Winnipeg, muchos de los morelianos de México, etc. Que nuestra presidenta, Adelina Kondratieva, fue vino voluntaria como brigadista internacional a combatir en España y por España en defensa del legítimo gobierno y es, además, la vicepresidenta del Comité de Veteranos de toda Rusia. Que nuestra secretaria general conoció las cárceles de la dictadura y que en nuestra Junta Directiva hay antiguos guerrilleros, antiguos maquisards, brigadistas, niños de la guerra, expresos, exiliados y represaliados, además de sindicalistas, historiadores, profesores universitarios, archiveros, periodistas, abogados, etc. hasta un total de dieciocho miembros de la Junta Directiva de los veinticinco que la componen para todos los colectivos citados.
Vd. sabe que nuestra asociación no depende de ningún partido político, trabajando en la misma socialistas, comunistas, anarquistas, trostkistas, republicanos, nacionalistas y compañeros sin partido, en fin, antifascistas, hermanados en su lucha contra la dictadura, razón por la que funciona. Desgraciadamente, los partidos de izquierda del arco parlamentario nos muestran, en general, escasa estima, debido quizás a las ocultas inmensas lagunas de la historia.
El caso es que sin noticias ni cartas explicativas por su parte, sí conocemos otras remitidas por asociaciones que en la mayoría de los casos participan en la Directiva de AGE o bien están hermanadas con nosotros. Y dado que el tiempo corre para las «personas afectadas a la problemática objeto de sus trabajos» con respecto a la creada comisión, personas en general de edad muy avanzada, queremos adelantarnos para evitar más pérdidas de tiempo inútiles. Para ello quisiéramos pedirle que nos aclarara algunos conceptos del real decreto que no acabamos de entender.
En primer lugar, quisiéramos que nos aclarara el párrafo a) del artículo 2 del decreto, que dice que corresponde a la comisión la siguiente función: «El estudio de carácter general de los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista». Nos resulta chocante mezclar las víctimas de la guerra civil con los perseguidos y represaliados del franquismo. Víctimas de la guerra civil fueron todos los que la sufrieron y la inmensa mayoría de sus hijos, y hasta nietos y bisnietos, sin discriminación alguna. Nada decimos acerca de las ayudas muy generosas, aunque nos duelan, otorgadas por los vencedores a quienes fueron víctimas de la guerra entre los suyos; toda víctima merece ser ayudada, pero no parece que sea ‘el’ problema a resolver en estos tiempos. Lo fue, generosamente, a partir de 1939 precisamente porque la vida de los derrotados no valía nada. Carece de sentido sacarlo ahora a colación. Estamos hablando de las víctimas de la dictadura, lo hayan sido durante la guerra o en los subsiguientes treinta y siete años de terror franquista. Nada más. Como se ve, el decreto no está elaborado por juristas y quizás sea sólo un simple error, una de esas erratas que se cuelan en los decretos a veces cuando no los elaboran juristas, o quizás sea una exagerada suspicacia nuestra. Por eso le pedimos aclaración.
Por otra parte ignoramos qué significa, en términos jurídicos, el «carácter general de los derechos reconocidos», y menos aún cómo puede ser estudiado el susodicho carácter general. ¿Implica que los derechos existen? ¿Lo sabe el gobierno y considera que, en general, no han sido reconocidos? Porque si se estudian los derechos reconocidos debe ser para poderlos distinguir con claridad de los derechos no reconocidos. No nos cabe otra interpretación y agradecemos que, por fin, un gobierno de España sea plenamente consciente de nuestros derechos y se preocupe por el hecho de que no hayan sido nunca reconocidos. De los escasos reconocidos no es preciso tratar demasiado, pero surge otra duda aún mayor: si se plantea el tema de los derechos no reconocidos, ¿quiere decir que entre los objetivos del gobierno sí está la rehabilitación jurídica de las víctimas de la dictadura? Aclararía, en un sentido definitivo, la duda que le planteábamos al principio de nuestra carta.
El apartado b) de ese mismo artículo 2 indica que la comisión tiene también entre sus funciones «Elaborar un informe sobre las condiciones que permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida». Más dudas: las condiciones de acceso a los archivos públicos propiedad del Estado que son estrictamente necesarios para la rehabilitación de las víctimas de la dictadura están claramente marcadas por las leyes ad hoc y no requieren ningún informe sino la simple aplicación de la ley, reiteradamente incumplida por los archivos que «custodian» la documentación de la represión: Archivo Histórico de la Guardia Civil, el de la Policía e Interior y el del Ministerio de Defensa, con los militares, aunque ahora este último depende de qué, quien, cómo y donde se esté investigando, y así señora Vicepresidenta no se puede seguir. Este país debe cumplir la normativa del Consejo Internacional de Archivos. En cuanto a los archivos privados que pueden tener relación con el tema puede haber cientos de ellos, incluyendo los de las empresas que se lucraron con el trabajo esclavo en el Valle de los Caídos, las minas de Wolframio, el Canal de los Presos, y un descomunal etcétera que incluiría a los que vendían los balones que se fabricaban en las cárceles hasta la misma muerte del dictador para redimir pena, o el mismo ejército para quien se fabricaron gratuitamente por las mujeres presas miles de uniformes durante más de una década. Obviamente todos tendríamos mucho interés en consultar los archivos de la familia Serrano Suñer y otras cuyas empresas, especialmente la célebre HISMA, fueron la infraestructura del régimen nazi en la España de posguerra, y ¡cómo no! los del Sr. Fraga Iribarne, o los de Monseñor Escriva de Balaguer. Pero en esto también la ley es clara y siendo privados ¿o no?, los ciudadanos no tenemos nada que esperar por ahora. ¡Lástima! Obviamente, también damos por supuesto que los que el propio dictador consideró suyos, como todas las vidas y haciendas de los vencidos, no pueden bajo ningún concepto ser considerados privados, ya que quien se proclamó Jefe de Estado mediante el golpismo y como tal ejerció, y ¡cómo!, durante cuarenta años, no merece más que la condena.
En conclusión, creemos que pueden elaborarse todos los informes que parezcan pertinentes, pero resolvamos antes el simple cumplimiento de las leyes por el gobierno encargado de hacerlas cumplir a todos los ciudadanos. Los archivos de la guardia civil, del ejército y de la policía son públicos y pueden ser consultados todos los documentos conservados en ellos sin más cortapisas que la de los plazos y nombres que marcan las leyes vigentes ¿O no? Les rogamos también aclaración sobre este importantísimo punto.
El mismo artículo en su apartado c) reza «Elaborar, para su elevación al gobierno, un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas». Nuevamente el enunciado nos confunde. En primer lugar, para el reconocimiento y satisfacción moral nos sobra cualquier gobierno. Es una cuestión entre nosotros y la sociedad, y tras cuarenta años de silencio y veintiocho de la muerte del dictador, estamos haciendo un gigantesco esfuerzo para que se sepa la verdad del régimen franquista, se conozcan sus cárceles, sus muertes, sus torturas, sus exilios, su terror cotidiano y su gigantesca miseria moral y política. Lo hacemos nosotros y si ustedes quieren pueden colaborar, que ya va siendo hora, y muy agradecidos, pero es labor nuestra y de la ciudadanía, no de decretos oficiales. De ustedes lo que exigimos, lo exigimos como gobierno, y por tanto lo exigimos del Estado gobierne quien gobierne, es otra cosa. Por causa de la dictadura perdimos familia, trabajo, estudios, pasamos años de prisión o de exilio o huidos en el monte o escondidos. No fue algo querido y voluntario, fue obligado, nadie fue a la cárcel o al exilio por su voluntad sino por la determinación de un gobierno y la acción concreta del Estado. Ahora en muchos casos no tenemos más que pensiones miserables; no pudimos cotizar a la Seguridad Social, no pudimos trabajar legalmente, no pudimos vivir en nuestro país, no pudimos educar a nuestros descendientes, ni en muchos casos darles nuestros apellidos. Muchas veces ni siquiera sabemos donde yacen los restos de nuestros familiares ejecutados y enterrados en cualquier cuneta. Lo que queremos es que legislen el reconocimiento de pensiones dignas para todos los que involuntariamente por causa de la dictadura no hemos tenido acceso a ellas en la vejez o en la viudedad u orfandad, que los años de cárcel, exilio o guerrilla sean considerados como cotizados a la Seguridad Social, que se nos reconozcan esos periodos a todos los efectos para el cobro de pensiones. Nada más.
Aparte de eso, sí que se pueden legislar aspectos concretos muy útiles para evitar la vuelta del fascismo, tal y como andan los tiempos, por ejemplo que sea preceptivo que todos los libros de historia aceptados por el Ministerio de Educación para la enseñanza media incluyan explícitamente la condena de la dictadura franquista, que se fomente la creación de museos de la dictadura, lo que en otros países se llama casas del horror, y que los jóvenes estudiantes acudan a verlos y conocer lo que fue el franquismo, que se cuiden y protejan los lugares donde se sabe que yacen víctimas ejecutadas por la dictadura, y especialmente los cementerios de guerra que deben, como en todo país civilizado, ser propiedad del Estado y permanecer bajo su cuidado, correcta conservación y tutela, y así toda una serie de medidas que no pueden depender de un decreto singular sino de una actitud clara de este gobierno que decida hacer de los valores de la libertad y la solidaridad su centro de gravedad ideológico, no de pura palabra, sino con hechos fehacientes que están por realizarse y que creemos la sociedad exige ya con verdadero interés.
El cuarto apartado del ya mentado 2º Artículo de este decreto habla de que será también función de esa comisión «cualesquiera otras que la comisión considere necesarias para lograr sus fines, siempre dentro del ámbito de sus competencias». Al ignorar sus competencias ignoramos cuales puedan ser esas cualesquiera otras funciones. ¿Pueden por fin considerarse aquí las verdaderamente decisivas que son pocas y clarísimas?
La primera es la rehabilitación jurídica, que consiste no, como algunos quisieran, en revisar las sentencias dictadas por los tribunales franquistas contra los supuestos delitos políticos, sino en declarar por el gobierno y las cortes de manera rotunda la nulidad jurídica de toda la legislación represiva del régimen dictatorial, que no es lo mismo. ¿O es que queremos aceptar que las leyes emanadas por la dictadura, sin elecciones democráticas, dictadas como consecuencia del poder adquirido ilegalmente a consecuencia del triunfo de una rebelión militar específicamente condenada por las leyes y hasta por el sentido común, forman parte de nuestro corpus legislativo? La Disposición Derogatoria de la actual Constitución anula cuanto a ella se oponga y, por tanto, pero no considera la inanidad jurídica de esa legislación represiva. ¿Es el régimen de libertad y democracia en el que ahora vivimos heredero del fascismo o de la anterior democracia? No es cuestión baladí y quizás convendría que, de una vez, el Parlamento Español decida a quien debe la libertad, si a Franco o a quienes luchamos por ella desde el primer día del golpe de Estado franquista. Esto sí requiere un anteproyecto de ley claro y diáfano que se debe considerar ya, si es que no estaba en las previsiones iniciales.
Somos conscientes de las enormes consecuencias de una legislación que anule toda la jurisprudencia represiva de la dictadura. Además del enorme impacto moral y el tremendo revulsivo contra toda tentación de renacimientos fascistas, el Estado tendría que hacer frente a la exigencia de devolución de aquellas arbitrarias multas que el régimen imponía por doquier arruinando a tantos de nosotros, tendría que resarcir los años de cárcel, los malos tratos y torturas, tendría que pagar por el trabajo esclavo, etcétera. Lo ha hecho Alemania, lo sigue haciendo, y el gobierno español suponemos que es consciente de que puede promover una legislación adecuada al respecto o esperar, como pasó hace sólo tres años respecto a Alemania, la sentencia de un tribunal extranjero. Es de elemental justicia.
Para finalizar nos parece que queda una cosa pendiente si todo lo antedicho se plantea en tales términos: iniciar al fin honradamente un proceso de encuentro civil entre todos los ciudadanos hijos o nietos de unos y de otros, con la verdad encima de la mesa. Escribir nuestra historia que es la de todos y la que la dictadura, el terror, el silencio, la comodidad de algunos, ha querido borrar, y con ello lo más noble, digno y valioso de esta historia común: quienes fuimos, qué hicimos y por qué luchamos, ayer, ahora y siempre. «Solo queremos que se escriba la historia y nos den en ella el lugar que nos corresponde» dejó escrito en aquellos tiempos uno de los nuestros.
En fin, le agradecemos la atención demostrada si ha leído esta carta abierta y quedamos a la espera de su respuesta que no dudamos se habrá demorado por motivos ajenos a su voluntad.
PD: nuestra asociación ha presentado por mediación de varios partidos una propuesta de enmienda a los presupuestos generales del Estado para el próximo año acerca de la necesidad de dotar a los niños de la guerra y a los ex guerrilleros de pensiones dignas y resarcirles de una vez con una cantidad fija y suficiente. Vd. sabe que los llamados niños de la guerra son ese colectivo de personas que durante la guerra fueron acogidos en otros países para evitarles los bombardeos y el hambre y no pudieron ya regresar a su tierra por causa de la dictadura, ya que o bien no tenían a donde ir ya que sus padres habían muerto en la contienda o estaban en prisión o en la guerrilla. Sus vidas fueron muy terribles pues salvo los de México, que tampoco lo pasaron precisamente bien, todos los demás sufrieron la ocupación nazi de los países de acogida o los bombardeos alemanes, perdieron familia, y en muchos casos hasta lengua y costumbres. Hoy quedan unos cientos de edades entre los setenta y ochenta y cinco años, que en muchos casos carecen de consideración administrativa específica en España: fueron exiliados involuntarios por partida doble pues ni siquiera pudieron decidir irse o volver por causa de su corta edad. Hemos solicitado esa enmienda a los presupuestos en que se les resarza adecuadamente de sus muchas veces penosas condiciones, especialmente a los niños acogidos en las repúblicas de la antigua URSS que han perdido prácticamente todos los derechos de un lado y nunca han tenido los del otro. Parece que esta solicitud está siendo contemplada con simpatía por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción, como no, del Partido Popular, heredero en tantas cosas del franquismo. Agradeceríamos, habiendo sido los impulsores de esta enmienda, que se nos notificara el acuerdo adoptado por el gobierno ya que son numerosísimas las personas afectadas que nos envían sus mensajes, interrogaciones y preguntas, sin poderles comentar nada concreto acerca de lo que ustedes hayan dispuesto, y sobre todo cómo se va a ejecutar el acuerdo ya que no todos los registros son coincidentes ni todas las personas afectadas figuran. El otro problema es que parece que en toda esa tramitación se ha despistado la idéntica propuesta que incluye al pequeño colectivo de exguerrilleros antifranquistas, puntos de apoyo, enlaces y viudas. Son no más de un centenar de personas, pues es bien sabido que la represión contra la guerrilla se saldó con algo más de cinco mil ejecutados y muertos en acción por la Guardia Civil y la legión. Nos indican que ese colectivo no ha sido considerado porque desde ciertas instancias castrenses se ha prohibido a los parlamentarios tocar el tema. Como eso es algo que nadie en su sano juicio puede creerse en un estado de derecho, queremos invitar a Vd. y a su partido a que tomen seriamente el asunto en sus manos y legislen las necesarias compensaciones justas para este importante y reducido colectivo de héroes. Sin duda sabe Vd. que en la vecina Francia cuando un gendarme se dirige a un antiguo maquisard tiene la obligación de cuadrarse y saludarle rindiéndole honores de combatiente. Sin duda sería un verdadero testimonio de normalidad democrática que siempre que en nuestro país un guardia Civil se dirija a un antiguo guerrillero antifranquista se le cuadre y le salude rindiéndole esos mismos honores, que con tanto sufrimiento se han ganado. Ese será el día de la verdadera reconciliación nacional.
En nombre y representación de la Junta Directiva de AGE, a 12 de noviembre de 2004
Dolores Cabra (secretaria general)
Junta Directiva AGE: Presidenta: Adelina Kondratieva. Secretaria General: Dolores Cabra. Vocales: Gerardo Antón, Juan Barceló, Mercedes Corbato, Vicenta Cortés, Jesús de Cos, Florencio Dímas, Jon Irazabal, Luis Lera, Jorge Llácer, Francisco Mansilla, Esperanza Martínez, Francisco Martínez, Odette Martínez, José Murillo, Pelai Pagés, Marie Panabiere, Victor Pina, José Luis Pitarch, Eduard Pons Prades, Juanita Prieto, Julián Antonio Ramírez, Carolina Udovicki, Manuel Velasco
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