Desde que en diciembre pasado el Parlament de Catalunya -CIU, ERC, ICV-EUiA y CUP- aprobó el texto de la consulta y la fecha de su celebración para el próximo 9 de noviembre, en el panorama político catalán hay dos trenes que circulan por una misma vía y en direcciones contrarias. Por un lado, el tren […]
Desde que en diciembre pasado el Parlament de Catalunya -CIU, ERC, ICV-EUiA y CUP- aprobó el texto de la consulta y la fecha de su celebración para el próximo 9 de noviembre, en el panorama político catalán hay dos trenes que circulan por una misma vía y en direcciones contrarias.
Por un lado, el tren democrático del derecho a decidir, impulsado desde abajo por la sociedad catalana, que en las dos Diadas pasadas ha salido a la calle por millones de personas en demanda de palabra y decisión. Por otro, el tren de la imposición, de la España indisoluble e indivisible -ayer «una, grande y libre»-, aterrorizada por el hecho de tener que mirarse en el espejo y comprobar una vez más que sus eternas verdades de fe carecen de base política alguna.
Quizás sea aventurado afirmarlo -en política hay veces en que lo menos previsto termina haciéndose en realidad- pero yo no veo en el horizonte otro escenario para los próximos meses en Catalunya que no sea el de ese choque de trenes. Si bien es cierto que no puede saberse con cuantos vagones contará cada uno de ellos (el de la democracia y el de la imposición) y a que velocidad se producirá el impacto, todo hace indicar que habrá accidente ferroviario.
Los millones de manifestantes de las Diadas no fueron algo llovido del cielo. Se debieron, en primer lugar, a la frustración profunda del pueblo catalán como consecuencia de un proceso estatutario en el que el proyecto aprobado mayoritariamente por su Parlament fue «cepillado» a conciencia en el Congreso madrileño y, no solo eso, sino que incluso ese mismo Estatut ya cepillado, fue nuevamente desbastado por ese intérprete infalible de las esencias de España que es el Tribunal Constitucional.
La segunda razón se basa en el intenso trabajo de sensibilización y organización realizado en los últimos años por un amplio sector social que no estaba dispuesto a tragar esas imposiciones centralistas. Pueblo a pueblo, barrio a barrio, referéndum a referéndum.., el proceso soberanista catalán ha nacido y ha tomado cuerpo a través de un ingente trabajo de base cuyos frutos fueron finalmente las Diadas millonarias de 2012 y 2013.
Y así ha sido que éstas se han convertido en un auténtico torpedo en la línea de flotación del que parecía sólido entramado institucional español. En tan solo unos pocos años, el propio futuro del régimen, ése que nos legó la tramposa Transición dejándolo todo «atado y bien atado», se ha resquebrajado. Y así es que, hablar hoy, no del futuro de España, sino de si España tiene futuro, no es ya un tema de ciencia ficción propio tan solo de los amantes del género, sino algo presente en todo tipo de artículos, programas y tertulias.
Por eso pienso que la confrontación será inevitable, pues de un lado hay un pueblo en pie que reclama sea reconocida su identidad como tal y el respeto pleno de su derecho a decidir y, del otro, más allá incluso que el PP y el PSOE, están los poderes fácticos de esa España dogma de fe -Ejército, Iglesia, gran capital,…- para quienes su unidad es algo con lo que no se puede ni jugar, tal como dejaron bien claro en la Transición. Y rebobinar esa situación y llevarla a la vía muerta del regateo de pasillo y el cambio de cromos en la que CIU y sus Gobiernos encarrilaron en el pasado la vida política catalana resulta ser hoy algo bastante impensable. La confrontación se muestra así como inevitable.
Ante ello, la postura de todo demócrata (el derecho a decidir no es ninguna exigencia nacionalista, sino pura democracia, dar sin más la palabra al pueblo y no tomar por sagrada ninguna otra cosa que no sea la voluntad de éste), no puede ser sino la de expresar nuestra más estrecha solidaridad con ese proceso impulsado en Catalunya y nuestra más firme oposición a todos los chantajes, juegos sucios e imposiciones practicadas por del Gobierno del PP con la condescendencia de fondo del PSOE.
De cómo resulte el pulso catalán dependen muchas cosas que trascienden las propias fronteras de Catalunya. Aquí, en Euskal Herria, esto resulta más que indudable. Superar el discurso neo-estatutario y lentejero del PNV y avanzar por la vía soberanista marcada por la gran movilización del «Gure esku dago!», así como romper el espinazo de la política del PP, opuesta visceralmente a mover ficha alguna en el proceso de la paz y la normalización democrática iniciado en nuestro pueblo, son dos espacios en los que el futuro del proceso catalán puede tener una influencia directa.
Pero también a nivel estatal la incidencia será notable. La opción por el silencio o el distanciamiento con el que buena parte de la izquierda política y social española está abordando el proceso catalán no es de recibo. Oportunismos electorales y políticos de distinto tipo planean sobre el tema -remover aún más las turbias aguas de la «unidad» española no aporta muchos beneficios- pero más pronto que tarde el resultado del choque de trenes catalán terminará por afectarlo todo y de poco servirá hacer la del avestruz.
«Un pueblo que oprima a otro no puede ser libre», afirmó Carlos Marx hace un tiempo. Por esta razón, si el Gobierno del PP sale victorioso, se reforzará aún más no solo el Estado centralista, negador de los derechos de las naciones de esta cárcel de pueblos que es España, sino también sus pilares franquista-autoritarios opuestos a las propias libertades democráticas del conjunto de la sociedad. La actual reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana podrían ser así, sin más, los primeros pasos en la generalización de ese derecho penal del enemigo nacido en Euskal Herria con la excusa de la lucha «antiterrorista» y extendido cada vez más por toda la geografía estatal persiguiendo todo tipo de disidencia política o social radical.
Por eso, la causa del pueblo catalán y la defensa activa de su proceso de decisión es también la causa de todos los pueblos del Estado y de todas las personas y grupos de convicciones democráticas y de izquierdas.
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