El derecho a decidir se puede ejercer en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, como corresponde a un Estado social y Democrático de Derecho.
Es urgente el reconocimiento de la plurinacionalidad y del derecho a decidir, por el bien de todas y todos. El tema estuvo en el pasado y sigue estando en los debates políticos actuales. Feijóo, admite que hace falta buscar un encaje del problema territorial de Cataluña dentro de la Constitución, lo que es reconocer que el problema existe y hay que darle una solución, lo que no se hizo en la Constitución de 1978.
Las declaraciones de Feijóo desde Santa Cruz de Tenerife proponiendo un nuevo encaje al problema territorial catalán sorprendían negativamente en el PP catalán, ya que han remarcado que el encaje de Cataluña ya está perfectamente definido en la Carta Magna. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido al líder del PP, que Catalunya no aspira a buscar un encaje: No aspiramos a encajes, nosotros lo que queremos es decidir. Catalunya como nación debe decidir su futuro, no buscar encajes; y será decisión de la ciudadanía de Catalunya.
En su artículo 2, la Constitución española establece que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones; sin terminar de explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Conceptos ambiguos, con múltiples interpretaciones y connotaciones políticas. Fue la solución consensuada en 1978, al tan traído tema de la unidad de España, superando el concepto utilizado por la dictadura: España, unidad de destino en lo universal, que diciendo mucho supuestamente, no terminaba de saberse que quería de decir en su más estricto sentido. Además, con la fórmula que se adoptó, se salvaba la situación creada durante la Segunda República Española con Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación y la existencia de nacionalidades cuestionada.
El término nación tiene, al menos, dos diferentes acepciones: político–jurídico y socio–ideológico. Anthony. D. Smith define la nación como una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites. Generalmente la nación surge sobre bases mitológicas, cuentos fantásticos de batallas ancestrales y de héroes poderosos o villanos, inventados para gloria de quienes lo cuentan y para la manipulación de la voluntad de los humildes alrededor de una bandera, que generalmente representa los intereses del poder.
La Constitución de Cádiz dedicaba sus cuatro primeros artículos a la nación española, en términos acordes con el principio, entonces revolucionario, de soberanía nacional. La Constitución de 1931 constituye un precedente directo, al establecer que la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones y sobre esta base se aprobaron los Estatutos de Cataluña (1932), el País Vasco (1936) y Galicia (1938). Se trata del modelo que, con importantes modificaciones, seguirán los constituyentes en 1978.
Durante el debate constituyente de 1978, las posiciones críticas a este precepto, fueron múltiples. Se produjo una oposición frontal al término nacionalidades por considerarlo ambiguo, discriminatorio y peligroso, confuso e innecesario (fue la posición de Alianza Popular). Otra posición contraria, minoritaria, de los nacionalistas más extremos, eran partidarios de suprimir el vocablo Nación, por entender que España no es una Nación sino un Estado formado por un conjunto de naciones. Otra posición más ambigua respecto a los rasgos nacionales unitarios la defendió el PNV que se limitaba a declarar que la Constitución se fundamenta en la unión, la solidaridad y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran España. Por último la Minoría Catalana defendió que aun reconociendo la unidad nacional proponía que la Constitución se fundamenta en la unidad de España, la solidaridad entre sus pueblos y el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran.
Llegados a este punto, me permito referirme al artículo De la Nación de Naciones que publiqué en 2012 y que aparece en mi libro Reflexiones Republicanas, en el que analizo estas ideas y conceptos que estuvieron de actualidad ya por entonces, sobre la cuestión española, catalana y otras nacionalidades.
Han pasado cuarenta y cinco años desde que se promulgó la Constitución española, –nacida tras una cruel dictadura, que nos privó hasta de los más elementales derechos fundamentales–, tiempo suficiente como para que la sociedad española se plantee una lectura actualizada del texto, que apoyamos en aquel tiempo, quienes anhelábamos libertad y democracia. Una buena parte de la población de hoy, no pudieron participar en el referéndum constitucional de 1978 y no tienen por qué asumir como suyos, ni los miedos, ni los anhelos de entonces. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que de respuestas, acordes con los tiempos que corren, a los problemas que los siglos acarrean.
Hoy es un día de fiesta e Catalunya. Un día reivindicación y toma de conciencia colectiva, que es como darse cuenta de las cosas tal cual son. Cuatro de cada diez catalanes creen que Catalunya debería ser un estado independiente. El independentismo parece que sufre un retroceso, debido a las políticas seguidas por el gobierno progresista de coalición, aunque triplicado en los últimos diez años. Nada es casual; cuanta más represión más ansias de libertad y en este caso, cuanto más se hace contra el soberanismo desde las instituciones del Estado, más ansias por ejercerlo.
Todo se remonta a cuando el rey Felipe sometió a Catalunya y al reino de Aragón; Felipe V, el Animoso, primer monarca en España de la casa francesa Borbón. La Guerra de Sucesión contra el archiduque Carlos de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, supuso la perdida de posesiones en Europa, Gibraltar entre otras. Con los Decretos de Nueva Planta, se derogaron fueros y derechos territoriales catalanes, considerados derechos de conquista, como castigo por su «rebelión. La Diada conmemora la caída de Barcelona (11 septiembre 1714) en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick, que dirigió la represión. Franco hizo algo parecido en el mismo territorio.
El origen de la causa catalana se remontaba al Pacto de Génova en 1705. El reino de Gran Bretaña se comprometía a garantizar la conservación de las Constituciones de Cataluña y todos los derechos de que gozaban los catalanes, si se sumaba a la causa del archiduque Carlos, en su pugna por el trono español. En 1710, solicitó de Felipe V que concediera una amnistía general a los austracistas españoles y particularmente a los catalanes, permitiéndoles conservar sus fueros. La respuesta fue tajante: Por esos canallas, esos sinvergüenzas, el rey no otorgará jamás sus privilegios, pues no sería rey si lo hiciera, y esperamos que la reina no nos los quiera exigir. Sabemos que la paz os es tan necesaria como a nosotros y no la querréis romper por una bagatela. Ni la democracia ni la decencia se conocían, de lo que algunos siguen careciendo hoy.
Pese al tiempo transcurrido, se sigue hablando de Felipe, Catalunya y el soberanismo, y no se ha solucionado la razón primera. Hay intereses mutuos que defender y las normas siguen sin dar una solución satisfactoria a todas las partes. Todos son responsables, algunos más que otros. La fuerza se ha utilizado más que la palabra y la violencia más que la razón. La buena fe negociadora no ha estado presente y no se la espera.
Años después, en la historia cercana, el 14 de abril de 1931, con la proclamación de la República, Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de una federación de pueblos ibéricos, motivo de conflicto en los círculos no nacionalistas. Todo quedó normalizado con la restauración de la Generalidad, tras la aprobación de la Constitución de la República, que reconocía la autonomía regional y se aprobó el Estatuto de Autonomía de 1932. El 20 de noviembre se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña, que permitieron la construcción de instituciones propias democráticas.
El franquismo puso fin a todo. Como en el resto de España, se anularon las libertades, los derechos, la democracia y se eliminaron las instituciones republicanas. Con su insulto preferido no hables como un perro, habla el idioma de imperio, se persiguió la lengua y la cultura catalana. Los vencidos fueron vencidos en todos los frentes. Núñez Feijóo y su partido pretenden perpetuar esta forma totalitaria de hacer política.
Demasiada invocación a la Constitución sobre el soberanismo y poco para defender derechos, libertades y servicios públicos esenciales. Yo soy más, de que las aspiraciones de la clase obrera y los marginados, se defienden mejor en el amplio marco internacional que en el estrecho nacional. La gente, el pueblo, la ciudadanía, deben ser libre para decidir su futuro.
No cabe encaje territorial; Catalunya ya forma parte de España. Lo que hay que conocer es la opinión del pueblo. No soy nacionalista ni defiendo discursos nacionales; soy internacionalista y estoy por el derecho a decidir de los pueblos, así como avanzar hacia la República Federal
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