Tras catorce meses de negociación, con un silencio casi sepulcral, a lo largo de todo este tiempo y sin ningún tipo de consulta previa a la mayoría social de nuestro país, Gobierno, patronal y sindicatos acaban de suscribir un acuerdo con el único fin de seguir reformando un mercado laboral que desde principios de los […]
Tras catorce meses de negociación, con un silencio casi sepulcral, a lo largo de todo este tiempo y sin ningún tipo de consulta previa a la mayoría social de nuestro país, Gobierno, patronal y sindicatos acaban de suscribir un acuerdo con el único fin de seguir reformando un mercado laboral que desde principios de los años ochenta viene funcionado en base a las exigencias de un mundo basado en la globalización de la economía y la competitividad de los mercados.
La nueva reforma laboral que se acaba de aprobar, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, supone un nuevo ataque a las condiciones laborales de los trabajadores, y no servirá, lo mismo que no han servido otras reformas que se han aplicado con anterioridad, para reducir las altas tasas de precariedad laboral. Mientras el despido sea libre y barato, la inestabilidad laboral se va a seguir incrementando por mucho que insistan en querernos hacer ver lo contrario.
Las experiencias de la competencia en la globalización, en el nuevo contexto tecnológico, están sirviendo en bandeja al neoliberalismo la dirección del cambio en la sociedad laboral y, en consecuencia, en los valores sociales imperantes. En la nueva economía, la flexibilidad y la desregulación son las tesis a invocar necesariamente; sin ellas, es lo que nos quieren hacer ver, no hay ni creación de empleo ni progreso.
La sociedad de la comunicación (rápida, instantánea, pero superficial) nos ofrece muy pocas ocasiones para debatir con detenimiento las consecuencias sociales y culturales de este cambio. Al final, cuando llegan, nadie sabe cómo ha sido, parecen fenómenos naturales como el «tsunami» o el «Catrina». Y, sin embargo, han sido el resultado de unas políticas erróneas, basadas en el pacto social y de unos presupuestos teóricos que luego se repartirán. Distintos expertos en el mundo de la economía nos advierten insistentemente sobre las consecuencias del nuevo modelo laboral al que estamos sometidos: desestructuración del contrato social básico, dualismo laboral, precariedad; y una vida social desquiciada por el estrés, los horarios de trabajo prolongados y el aumento de la responsabilidad individual en el trabajo y en las relaciones laborales. La contrapartida es el empleo como cifra, más empleo, aunque sea malo.
Ésta es la filosofía del Gobierno español, muy alejado de la actual preocupación de otros países europeos por la calidad del empleo. La política española ha querido aprovechar de forma intensa el ciclo para mejorar las cifras del empleo, utilizando como ventajas competitivas nuestras diferenciales en su calidad, es decir, bajos salarios, alta temporalidad, máxima subcontratación, mínima seguridad, etcétera. Por eso a la actual ralentización en el descenso del paro que indican las estadísticas hay que añadir, además, notables divergencias estructurales respecto a Europa en un mercado laboral crecientemente devaluado en sus salarios, estabilidad, protección social y condiciones laborales generales.
La crítica, sin embargo, no puede limitarse solamente a los aspectos negativos de esta reforma. Hay también ausencias clamorosas de una intervención necesaria en otras anomalías de nuestro mercado laboral que el Gobierno desoye o aplaza indefinidamente.
¿Hay una vía intermedia entre liberalización e intervencionismo? ¿Podemos encontrar el camino entre la flexibilidad que exige la competencia y la estabilidad que piden los trabajadores? Ésta es la cuestión. Pero dejar hacer, desregular y flexibilizar al máximo, como lo está haciendo el Gobierno con el beneplácito de los «agentes sociales», es apostar por el mercado como regulador de una cuestión social, y todos sabemos muy bien que si el mercado impone su ley, la nueva economía establecerá una sociedad laboral en la que el contrato laboral se devalúa, el dualismo laboral se acrecienta y empeoran las relaciones laborales de los más desfavorecidos. Es acentuar el riesgo de una sociedad fragmentada en la que los vaivenes del mercado nos afectan a todos pero en el que nadie se siente responsable de nadie.
Que el mercado regula la actividad económica es evidente. Que la política y el diálogo social deben regular la sociedad laboral con sus equilibrios sociales y apuntar a la civilización con el estilo de vida al que aspiramos no debería serlo menos.
Es intolerable que nos digan que vivimos un gran momento de crecimiento económico en nuestro país y a la vez nos impongan esta nueva reforma del mercado laboral, la cual debemos rechazar porque es igual que las anteriores y no va a servir para disminuir los altos porcentajes de precariedad laboral.
*Cándido González Carnero es sindicalista del CSI de los Astilleros de Gijón.