Desde las organizaciones civiles señalan que las deportaciones realizadas desde los centros de internamiento no superan el 1% de las personas que emigran.
Varios agentes de policía te reciben y te hacen entrega de una fina colchoneta -parecida a las que hay en los calabozos de las comisarías-, un juego de sábanas y un pequeño kit de aseo. Te llevan a una habitación con literas que compartes con entre cinco y siete personas más. Con un poco de suerte no tendrás que conocer la sala de aislamiento durante los hasta 60 días que podrás estar ingresado aquí. Acabas de llegar al Centro de Internamiento (CIE) de Aluche, una de las nueve instalaciones que existen en el Estado español destinadas a encerrar a las personas en situación irregular hasta que son deportadas.
Los CIE se crearon en España, a nivel legal, con la primera Ley de Extranjería de 1985, como uno de los escalones de una política migratoria que pasa por la instalación de cuchillas para evitar el salto de la valla en Melilla y Ceuta; convenios con países como Mauritania y Marruecos para la gestión de centros de este tipo en su territorio; redadas por perfil étnico dentro de nuestras fronteras -ordenadas por el Ministerio de Interior de Pérez Rubalcaba en 2010- y por la posterior deportación.
En su artículo 26.2, la Ley de Extranjería establece la «posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente». Cuando, quince años más tarde, se puso en marcha el primer centro de internamiento, sus instalaciones no parecían una cárcel, pero sí un campo de concentración.
El CIE de Tenerife, el primero a nivel estatal, abrió sus puertas en 1999 en las instalaciones del antiguo aeropuerto de la isla. Las cerró cinco años después, a raíz de las continuas denuncias realizadas desde organizaciones sociales por las condiciones infrahumanas que se vivían dentro. En sus 1.500 metros cuadrados, llegaron a estar hacinadas alrededor de 1.300 personas.
El CIE de Aluche fue inaugurado el 28 de junio de 2005 -durante el Gobierno de Zapatero- en un complejo de 10.000 metros cuadrados que supuso una inversión de 11 millones de euros, ubicado en el mismo sitio donde antes se encontraba el hospital de la antigua cárcel de Carabanchel. Un año después abrió sus puertas el CIE de Zona Franca (Barcelona).
Antes de la apertura del primer CIE ya se utilizaban dependencias policiales para internar a gente a la espera de su deportación, según explica a Diagonal el abogado Andrés García Berrio, miembro de la plataforma Iridia. «A medida que los procesos migratorios se fueron agudizando, se fueron utilizando espacios específicos», señala. Actualmente existen nueve CIE repartidos por todo el Estado: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Fuerteventura, Las Palmas, Algeciras y Tarifa. Cada uno tiene capacidad para albergar hasta 250 personas por un máximo de 60 días.
Los CIE se crearon siguiendo el modelo de Estados Unidos, que desde finales del siglo XIX comenzó a confinar en la isla Ellis -islote situado en el puerto de Nueva York- a los europeos que intentaban llegar a la tierra de las oportunidades hasta que fueran deportados, una práctica que siguió después en 1980, ya con haitianos y cubanos, en el Centro de Detención de Guantánamo, y que no se legalizó hasta 1996.
Por su parte, el Parlamento Europeo contempló en la legislación comunitaria la figura del CIE en diciembre de 2008, con la aprobación de la Directiva 2008/115/CE, también conocida como ‘de Retorno’ o ‘de la vergüenza’, sobre la política común europea para la devolución de ciudadanos en situación irregular.
«La mera existencia de los CIE es en sí una vulneración de los derechos humanos al suponer un castigo de privación de libertad por una falta administrativa», afirma Clara García, de SOS Racismo.
Entre las principales críticas a los CIE, desde esta organización apuntan a la vulneración del derecho de asilo o la deficiente atención médica, problema que se visibilizó especialmente en 2011 con la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche y de Ibrahim Sissé en el centro de Zona Franca, en Barcelona. También la vulneración del derecho a asistencia jurídica.
«Vemos que muchas veces hay personas que pasan sus 60 días sin haber visto a su abogado, y sin más información que un folleto que, a veces, es prácticamente ilegible», detalla Clara García. En muchas ocasiones, los internos ni siquiera tienen ocasión de contar con un intérprete.
Sin embargo, una de las vulneraciones más denunciadas tiene que ver con las agresiones y malos tratos que sufren muchos internos en este tipo de centros y que la mayoría de las veces no llegan a la justicia porque las víctimas son deportadas.
Es posible cerrar los CIE
El pasado 28 de octubre, Madrid se convirtió en la tercera ciudad que aprobó una moción para exigir el cierre de los CIE. «Aunque la decisión es del Gobierno central, es importante que desde las instituciones locales se inste al cierre», señala Clara García, que destaca también el papel de los internos que llevaron a cabo una protesta el pasado 18 de octubre en el CIE de Aluche y de la ciudadanía que se movilizó en su apoyo. «Han conseguido que la agenda mediática mire a donde nunca mira», apunta.
Antes de Madrid, Barcelona y Valencia ya hicieron declaraciones institucionales en este sentido. En el caso de Barcelona, seguidas por acciones desde la Alcaldía para presionar al Gobierno central, utilizando herramientas administrativas. Desde el Gobierno central, la respuesta ha sido reforzar las medidas de seguridad y, desde el PSOE, pedir explicaciones en cuanto a las vulneraciones de derechos humanos en estos espacios, pero sin cuestionar su existencia. Sin embargo, ¿es posible echar el cierre a los CIE?
«La Directiva de Retorno permite, pero no obliga, a los Estados miembros tener centros de internamientos», explica García Berrio. A día de hoy, este tipo de centros existen en todos los países de la Unión Europea. «El contexto europeo es absolutamente vulnerador de derechos», considera este abogado, que lamenta que la normativa europea permita hasta 18 meses de encierro.
García Berrio valora el modelo en política migratoria de países como Ecuador o Argentina, país este último donde no ha sido hasta el actual gobierno de Mauricio Macri cuando se ha abierto un centro de internamiento de extranjeros. «Son dos países que reconocen el derecho a la migración, y eso hace que se plantee una política de flujos migratorios más realista y menos represiva hacia el propio hecho de migrar», explica el abogado.
Según detallan desde Iridia, la incidencia de estos centros en el control de flujos migratorios es «absolutamente irrisoria en cifras, pero no en cuanto a sufrimiento».
Los datos del Instituto Nacional de Estadística les dan la razón: en 2014 hasta 300.000 personas abandonaron el Estado de manera voluntaria. Ese mismo año, la cifra de personas expulsadas desde los CIE no superó las 4.000. «Se podrían cerrar los CIE mañana y limitar las deportaciones forzosas al mínimo sin afectar los flujos migratorios. ¿Para qué te vas a gastar el dinero y producir sufrimiento deportando de forma forzosa cuando mucha gente está dispuesta a volver a su país de forma voluntaria en otro tipo de circunstancias?», se pregunta García Berrio. «Lo que hace falta es un cambio de paradigma», concluye.
Una atención sanitaria privatizada
La atención sanitaria en todos los CIE está gestionada, desde agosto de 2014, por la empresa privada Clínica Madrid. El contrato, por cerca de 1,05 millones de euros anuales, contempla la presencia de un médico desde las 8h hasta las 22h entre semana y de 10h a 13h los fines de semana sólo en los centros de Aluche y Valencia.
En el resto de centros de internamiento, la presencia de un médico es aún más reducida. En Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura, el médico está presente sólo durante un par de horas en los días laborables, dejando a los internos sin ningún tipo de atención sanitaria en fin de semana.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/32128-cie-inutiles-carceles-sin-papeles.html