El cinismo manifiesto en sectores de la casta política se traduce a pie de calle en trilladas falacias inoculadas a fuerza de hipocresía. A España debería darle vergüenza el trato que los gobiernos de distintos signos le han dado a la problemática de la inmigración. El manoseo de los derechos fundamentales de un buen número de menores que han llegado solos a tierras ibéricas, es material de estudio de diversas ONGs que denuncian el atropello sistemático contra menores y adolescentes por parte del gobierno español.
La reforma del reglamento de extranjería sigue esperando ser tratada en el Consejo de Ministros. Y mientras se dilatan los tiempos, miles de niños y jóvenes a los que Vox cosifica minimizándolos con el despectivo mote de “menas”, malviven en una situación de extrema vulnerabilidad.
La estigmatización contra los menores inmigrantes iniciada por la ultraderecha no ha podido ser contrarrestada por el gobierno de Pedro Sánchez que, tras dos años en el poder –y tras haber intentado devoluciones en masa de menores migrantes- no ha logrado imponerse en pos de una reforma que ya no puede esperar. El texto de dicha reforma estaría listo y habría sido negociado con las entidades y organizaciones no gubernamentales que la exigen como derecho. Sin embargo, sin ninguna explicación, ha quedado fuera del orden del día del Consejo en reiteradas ocasiones.
El pasado 10 de septiembre varias de estas organizaciones junto a 400 jóvenes migrantes extutelados se concentraron a las puertas del Ministerio de Migraciones para exigir esta modificación. La respuesta desde el Ministerio del Interior fue una copia fiel de los argumentos que esgrime la extrema derecha a la hora de justificar la violación de derechos que se comete contra los menores inmigrantes en España: El temor al “efecto llamada”, una explicación que bien podría haber salido de la boca de Santiago Abascal.
El cinismo de la casta política española no esquiva paradojas: Ante la falta de mano de obra provocada por las restricciones de la pandemia, el proceso repleto de trabas y obstáculos al que debe someterse el inmigrante para lograr su derecho al permiso de residencia, fue suspendido en el verano de 2020 en pos de facilitar la incorporación de casi 500 jóvenes a la recolección agraria. Es decir que cuando existe una necesidad por parte de los sectores del poder económico concentrado, el gobierno no demora en atender el tema migratorio.
Es curioso que los miles de españoles residentes legal o ilegalmente en el extranjero estén “luchando por tener un futuro” mientras que otros tantos miles de emigrados a España “quiten el trabajo”. En este sentido debería revisar España su propia y no tan lejana historia. Tal vez de esta manera logre comprender de qué se trata ser un inmigrante.