La fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que 130 funcionarios públicos de esa entidad han incurrido en irregularidades y omisiones durante la investigación. También descartó que todos los móviles de los asesinatos sean de carácter sexual. Al rendir su segundo […]
La fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó que 130 funcionarios públicos de esa entidad han incurrido en irregularidades y omisiones durante la investigación. También descartó que todos los móviles de los asesinatos sean de carácter sexual.
Al rendir su segundo informe, la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, María López Urbina, señaló que en esta ocasión 49 funcionarios aparecen por primera vez mencionados por omisiones y responsabilidades o cualquier otra irregularidad.
En el primer informe, presentado en junio pasado, se habló sobre la probable mala actuación de 81 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, de los cuales 51 fueron mencionados de nuevo en este segundo reporte.
Los funcionarios son fiscales, ministerios públicos, subagentes del Ministerio Público, jefes de oficina, peritos y elementos de la Policía Judicial del estado de Chihuahua.
La fiscal especial, designada en enero del 2004 para investigar el feminicidio (asesinatos de mujeres sólo por el hecho de ser mujeres), dijo que en esta ocasión se analizaron 105 expedientes, con lo que se duplicó la cifra que se había prometido analizar en el programa de trabajo.
López Urbina informó que del análisis se determinó que la mitad de expedientes de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, responden a móviles de diverso tipo y no son necesariamente de carácter sexual.
También señaló que la mayoría de los homicidios de mujeres estudiados «no son el resultado de la acción de homicidas seriales o producto de la delincuencia organizada», lo que fue descalificado por algunas madres de las víctimas.
En el informe se indica que hay homicidios cometidos por algunas bandas de delincuentes e incluso por un hombre de origen extranjero -actualmente en prisión cumpliendo una condena de 20 años- cuyos móviles fueron de índole sexual.
«Empero, estos casos no pueden considerarse como producto de homicidas seriales por múltiples razones, dado que sus características de ejecución son muy diversas e inclusive algunos de ellos se cometieron, al parecer, por instrucciones de un tercero que contrató por el pago respectivo la realización de los mismos (asesinos a sueldo)», señala el reporte.
La fiscalía, integrada a la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta en total con 278 expedientes que contienen los casos de 340 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, desde 1993 a la fecha.
Organizaciones civiles, como Amnistía Internacional, han dicho que el número de asesinatos es mayor a 400.
López dijo que cada cuatro meses presentará un análisis de nuevos expedientes hasta cubrir la totalidad de los casos registrados en su fiscalía.
En el reporte se critica a «organismos no gubernamentales o visitantes extranjeros», sin mencionar nombres específicos, por haber emitido comentarios y documentos en los últimos años que reflejan una postura que «suele carecer, normalmente, de todo sustento objetivo».
Las reacciones al informe
«Es pura basura», dijo sobre el informe Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años cuyo cuerpo apareció en febrero del 2001.
«El asesino de mi hija no me lo han detenido, así es que mientras no tenga nada, yo digo que no están haciendo nada», añadió la también presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que integra a madres de asesinadas en Ciudad Juárez.
Por su parte, la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, indicó que no se debe desestimar ningún esfuerzo del gobierno federal para erradicar este fenómeno.
Reconoció la voluntad de la fiscal López Urbina para encontrar a los responsables directos de estos homicidios que aquejan a las mujeres de esa ciudad fronteriza, así como a los servidores públicos que han actuado de forma irregular o han omitido sus responsabilidades.
Sin embargo, hizo notar que se experimenta un colapso del estado de derecho, por lo que se tiene que reestructurar la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, y prueba de ello es el nombramiento de la nueva procuradora, Patricia Lucila González Rodríguez, para poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas.
Reconoció que se ha registrado un avance en el combate a estos crímenes, pues los mismos han registrado un descenso de 58,8 por ciento.
Subrayó que este problema no debe enfrentarse sólo desde el punto de vista criminal, al mismo tiempo que no se debe caer en «una política de resultados obtenidos a cualquier costo».
Esto, en alusión a la sentencia que se le dictó a Víctor García Uribe, responsable de haber asesinado a una mujer, y en cuyo proceso se detectaron irregularidades, como torturas durante la investigación, lo que en su momento fue denunciado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.