«Gracias por compartir felicidad», nos dice el último anuncio de Coca-Cola, pero mirando de cerca parece que Coca-Cola de felicidad más bien reparte poca. O sino que se lo pregunten a los trabajadores de las plantas que la multinacional pretende cerrar ahora en el Estado español o a los sindicalistas perseguidos, y algunos incluso secuestrados […]
«Gracias por compartir felicidad», nos dice el último anuncio de Coca-Cola, pero mirando de cerca parece que Coca-Cola de felicidad más bien reparte poca. O sino que se lo pregunten a los trabajadores de las plantas que la multinacional pretende cerrar ahora en el Estado español o a los sindicalistas perseguidos, y algunos incluso secuestrados y torturados, en Colombia, Turquía, Pakistán, Rusia, Nicaragua o a las comunidades de la India que se han quedado sin agua tras el paso de la compañía. Por no hablar de la pésima calidad de sus ingredientes y el impacto en nuestra salud.
Cada segundo se consumen 18.500 latas o botellas de Coca-Cola en todo el mundo, según datos de la propia empresa. El Imperio Coca-Cola vende sus 500 marcas en más de 200 países. Quién se lo hubiese dicho a John S. Pemberton, cuando en 1886, diseñó tan exitoso brebaje en una pequeña farmacia de Atlanta. Hoy, en cambio, la multinacional ya no vende tan solo una bebida sino mucho más. A golpe de talonario y campañas multimillonarias de marketing, Coca-Cola nos vende algo tan preciado como «la felicidad», «la chispa de la vida» o «una sonrisa». Sin embargo, ni su Instituto Coca-Cola de la Felicidad es capaz de esconder todo el dolor que ocasiona la compañía. Su currículo de abusos sociales y laborales recorre, como sus refrescos, todo el planeta.
Ahora, le ha tocado el turno al Estado español. La compañía acaba de anunciar un Expediente de Regulación de Empleo que implica el cierre de cuatro de sus once plantas, el despido de 1.250 trabajadores y la recolocación de otros 500. Una medida que se toma, según la multinacional, «por causas organizativas y productivas». Un comunicado de CCOO, en cambio, desmiente dicha afirmación, y señala que la empresa tiene enormes beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones.
Las malas prácticas de la empresa son tan globales como su marca. En Colombia, desde 1990, ocho trabajadores de Coca-Cola han sido asesinados por paramilitares y 65 más han recibido amenazas de muerte, según ‘El informe alternativo de Coca-Cola‘ de la organización War on Want. El sindicato colombiano Sinaltrainal ha denunciado que tras dichas acciones se encuentra la multinacional. En 2001, Sinaltrainal, a través del International Labor Rights Fund y la United Steel Workers Union, consiguió interponer en Estados Unidos una demanda contra la empresa por dichos casos. En 2003, la corte desestimó la petición alegando que los asesinatos tuvieron lugar fuera de Estados Unidos. La campaña de Sinaltrainal, de todos modos, había conseguido ya numerosos apoyos.
El rastro de abusos de Coca-Cola lo encontramos prácticamente en cada rincón del planeta donde tiene presencia. En Pakistán, en 2001, varios trabajadores de la planta de Punyab fueron despedidos por protestar y los intentos de sindicalización de sus trabajadores en Lahore, Faisal y Gujranwala chocaron con las trabas de la multinacional y la administración. En Turquía, sus empleados denunciaron, en 2005, a Coca-Cola por intimidación y torturas y por utilizar una rama especial de la policía para dichos fines. En Nicaragua, el mismo año, el Sindicato Único de Trabajadores (SUTEC) acusó a la multinacional de no permitir la organización sindical y amenazar con despidos. Y casos similares encontramos en Guatemala, Rusia, Perú, Chile, México, Brasil, Panamá. Uno de los principales intentos por coordinar una campaña de denuncia internacional contra Coca-Cola fue en 2002 cuando sindicatos de Colombia, Venezuela, Zimbabwe y Filipinas denunciaron conjuntamente la represión sufrida por sus sindicalistas en Coca-Cola y las amenazas de secuestros y asesinatos recibidas.
Aunque la compañía no es únicamente conocida por sus abusos laborales sino, también, por el impacto social y ecológico de sus prácticas. Como ella misma reconoce: «Coca-Cola es la empresa de la hidratación. Sin agua, no hay negocio». Y ésta succiona hasta la última gota allá donde se instala. De hecho, para producir un litro de Coca-Cola, se requieren tres litros de agua. Y no sólo para su bebida sino para lavar botellas, maquinaria… Agua que a posteriori es desechada como agua contaminada, con el consiguiente perjuicio medioambiental. Para saciar su sed -una embotelladora de Coca-Cola puede llegar a consumir hasta un millón de litros de agua por día, la empresa toma unilateralmente el control de acuíferos que abastecen a comunidades locales dejándolas sin un bien tan esencial como el agua.
En la India, varios estados (Rajastán, Uttar Pradesh, Kerala, Maharastra) se encuentran en pie de guerra contra la multinacional. Varios documentos oficiales señalan la disminución drástica de los recursos hídricos allá donde ésta se ha instalado, acabando con el agua para el consumo, la higiene personal y la agricultura, sustento de muchas familias. En Kerala, en 2004, la planta de Plachimada de Coca-Cola fue obligada a cerrar después de que el ayuntamiento denegara la renovación de su licencia acusando a la compañía de agotar y contaminar su agua. Meses antes, el Tribunal Supremo de Kerala sentenció que la extracción masiva de agua por parte de Coca-Cola era ilegal. Su cierre fue una gran victoria para la comunidad.
Casos similares se han dado en el Salvador y Chiapas, entre otros. En el Salvador, la instalación de plantas de embotellamiento de Coca-Cola han agotado recursos hídricos tras décadas de extracción y han contaminado acuíferos al deshacerse de agua no tratada procedente de dichas plantas. La multinacional siempre ha rehusado hacerse cargo del impacto de sus prácticas. En México, la compañía ha privatizado numerosos acuíferos, dejando a comunidades locales sin acceso a los mismos, gracias al apoyo incondicional del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), antiguo presidente de Coca-Cola México.
El impacto de su fórmula secreta sobre nuestra salud está también extensamente documentado. Sus altas dosis de azúcar no nos benefician y nos convierten en «adictos» a su brebaje. Y el uso del aspartamo, edulcorante no calórico substitutivo del azúcar, en la Coca-Cola Zero, se ha demostrado, como señala la periodista Marie Monique Robin en su documental ‘Nuestro veneno cotidiano‘, que consumido en altas dosis puede resultar cancerígeno. En 2004, Coca-Cola en Gran Bretaña se vio obligada a retirar, tras su lanzamiento, el agua embotellada Dasani, después que se descubriera en su contenido niveles ilegales de bromuro, substancia que aumenta el riesgo de cáncer. La empresa tuvo que apartar medio millón de botellas, que había anunciado como «una de las aguas más puras del mercado», a pesar de que un artículo en la revista The Grocer señalaba que su fuente era agua tratada del grifo de Londres.
Los tentáculos de Coca-Cola, asimismo, son tan alargados que, en 2012, una de sus directivas, Ángela López de Sá, alcanzó la dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. ¿Qué postura va a tener, por ejemplo, la Agencia ante el uso del aspartamo cuando la empresa que hasta hace dos días le pagaba el sueldo a su actual directora lo usa sistemáticamente? ¿Conflicto de intereses? Lo señalábamos ya antes con el caso de Vicente Fox.
La marca que nos dice vender felicidad más bien reparte pesadillas. Coca-Cola es así, dice el anuncio. Así es y así se lo hemos contado.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.