Por un Mar Menor vivo. Más de 70.000 personas se manifestaron el pasado 7 de octubre en Murcia para reivindicar la defensa de esta laguna salada –una de las mayores del Mediterráneo occidental-, contra las “mentiras” y el “inmovilismo institucional”.
La movilización concluyó en la sede de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, a la que consideran responsable principal de la situación -“lamentable”- del ecosistema (cuenta con la mayor parte de las competencias).
El Gobierno regional “está permitiendo al sector agroindustrial contaminar el acuífero y el Mar Menor con sus abonos y agroquímicos”, denunciaron los convocantes (Pacto por el Mar Menor; Asociación de Naturalistas del Sureste; Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca; Ecologistas en Acción; Asociación para el Desarrollo Pesquero del Mar Menor y su Entorno; Grupo ILP Mar Menor; Colectivo Banderas Negras; Colectivo SOS Mar Menor y Por un Mar Menor Vivo).
En más de 400 puntos del estado español (también en París, Berlín o Amsterdam) se recogen firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su Cuenca; el objetivo es reunir 500.000 firmas en nueve meses, hasta el próximo 27 de octubre, para remitirlas al Congreso de los Diputados.
Promovida por un grupo de activistas, juristas y científicos, la Iniciativa tiene como punto de partida un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia. La Proposición de Ley recuerda que el 30 de octubre de 2019 ya se manifestaron más de 55.000 personas, en Cartagena, para que se adoptaran medidas con el fin de “salvar” este ecosistema marino lagunar, de 135 kilómetros cuadrados.
La ILP hace referencia al largo plazo: las “presiones” e “intensificación de usos” -desarrollo urbanístico y actividad agraria- desde los años 60 del siglo XX sobre este “tesoro natural”; también se menciona la “insuficiencia” de las actuales figuras jurídicas de protección, aunque se valoran las aprobadas en los últimos 25 años (por ejemplo la de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo, ZEPIM).
La página Web de la ILP resume el diagnóstico sobre el estado del Mar Menor en cuatro puntos: 300.000 toneladas de nitratos acumulados en el acuífero del Campo de Cartagena; el 85 % de la vegetación marina del Mar Menor desapareció en 2016; los cultivos ocupan los tres primeros kilómetros de franja litoral; y el 25% del regadío del campo de Cartagena es “irregular”.
El 13 de octubre Acció Ecologista Agró y el movimiento Per l’Horta organizaron en el Jardí Botànic de la Universitat de València un acto de apoyo a la ILP, en el que se recogieron firmas y celebró una mesa redonda con el título de Mar Menor y Albufera de València: colapso ambiental y sociedad civil.
En el acto participó el coordinador de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia, Pedro Luengo. El Informe Banderas Negras-2021, de Ecologistas en Acción, otorga este distintivo por mala gestión al Mar Menor y Campo de Cartagena. “Los procesos de eutrofización (exceso de nutrientes sobre todo nitrógeno y fósforo) han sido tan intensos que se ha roto totalmente el equilibrio, y ha dado síntomas graves como la ‘sopa verde’ de 2016, o la mortandad masiva de peces en 2019”, subraya el documento.
Pedro Luengo apunta que también la entrada de nitratos y fosfatos, provenientes de la agroindustria, está detrás de la “crisis ecológica” del pasado mes de agosto: aumento de la turbidez de las aguas (por crecimiento de fitoplancton) y mortandad masiva de peces; de hecho, “hasta que no se tomen medidas eficaces en el campo de Cartagena, el Mar Menor está condenado a una muerte agónica”. Ecologistas en Acción criticó en agosto la inacción del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, Antonio Luengo Zapata, del PP: “Ni siquiera ha retirado un solo metro de regadíos ilegales, ni se está haciendo un control exhaustivo del uso de fertilizantes”.
Lucía Moreno, de Acció Ecologista Agró, recuerda el “colapso” de l’Albufera de Valencia –a comienzos de los años 70 del siglo XX-, principalmente por el vertido de aguas industriales y urbanas sin depuración; ante la dejadez de las autoridades franquistas, sectores del ecologismo y la universidad denunciaron el estado de L’Albufera.
La situación se repite hoy en el Mar Menor, compara la activista, en un proceso de degradación acelerado a partir de 2016 (se produjo entonces un incremento masivo de las microalgas, lo que dio lugar a una ‘sopa verde’ que no permitía el paso de la luz, entre otros impactos sobre la laguna murciana; murieron, en consecuencia, una parte importante de las praderas subacuáticas).
Acció Ecologista Agró considera que, tras el “colapso” de hace décadas, el estado del humedal valenciano ha mejorado pero dista mucho de hallarse con aguas cristalinas y en un estado óptimo. L’Albufera fue declarada parque natural en 1986, comprende 13 municipios y una superficie de 21.120 hectáreas; forma parte de la Red europea Natura 2000 y está catalogada como “humedal de relevancia internacional” desde 1989 (convenio Ramsar).
Sin embargo, critica la organización ecologista, L’Albufera “continúa sin disponer del caudal de agua de calidad que necesita” y sigue “sin finalizarse la red de saneamiento para impedir la entrada de agua sin depurar”.
Agró se ha adherido a la iniciativa de SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción para la declaración urgente de los tres principales humedales costeros del estado español –el Mar Menor, Doñana y L’Albufera- “hábitats en peligro de desaparición”, en el contexto actual de crisis climática y pérdida de biodiversidad (la propuesta fue realizada en noviembre de 2020).
Lucía Moreno subraya que una de las amenazas sobre el Parc Natural de L’Albufera –y playas como la de El Saler, al sur de la ciudad- es el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia, actualmente en fase de tramitación administrativa; la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, de Compromís, también advirtió en septiembre de estos riesgos.
“La medida de la conductividad en los ecosistemas lagunares costeros es importante para conocer su situación salina”, introduce el estudio Evolución de la conductividad en la Albufera de Valencia entre 1985 y 2018 (Limnética, 2020). El profesor de Ecología e investigador del Instituto Cavanilles de la Universitat de València, Juan Soria, es uno de sus autores.
“En el último decenio hay una tendencia significativa al aumento de los valores mínimos de la conductividad, lo que indicaría una disminución de la cantidad de agua dulce que llega a la laguna. La medida de esa variable sería un buen indicador de las alteraciones que se pueden producir en un escenario previsible de cambio climático con descenso de las precipitaciones y de las aportaciones de agua dulce”, explica Soria en el acto del Jardí Botànic.
Por otra parte, el abogado e integrante de Per l’Horta, Antonio Montiel, explicó el proceso de movilizaciones populares y recogida de firmas, desplegado en 2001, en torno a la ILP para la protección de l’Horta de València. Pese al “contexto poco propicio”, subraya, en plena burbuja inmobiliaria, la campaña logró reunir 117.674 firmas, cuando las rúbricas legalmente requeridas eran 50.000. Sin embargo el Gobierno Valenciano, con Eduardo Zaplana en la presidencia, y la mayoría absoluta del PP en las Cortes Valencianas, rechazaron la toma en consideración de la proposición de ley.
“No hay que entenderlo simplemente como una derrota”, aclara Antonio Montiel. De la lucha por la ILP surgió Per l’Horta. Además se produjeron manifestaciones destacadas, como la que el 22 de junio de 2001 recorrió el centro de Valencia con la consigna Tots i totes per l’Horta, en la que participaron miles de personas. En esas fechas las máquinas derribaron l’alqueria del Barbut, en el contexto de la operación urbanística para construir el nuevo estadio de Mestalla. Y los vecinos de L’Horta de La Punta se enfrentaban al proyecto de implantación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia.
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