La concentración tuvo lugar el 26 de febrero, para exigir que se paralizaran las obras de la Ampliacion Norte del Puerto de Valencia. Organizada por la Comissio Ciutat-Port; la plataforma València no está en Venda; el movimiento BDS-País Valencià de apoyo al pueblo palestino; Arrels del Canvi y el sindicato Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), en la protesta se denunció -ante la sede de la Delegación del Gobierno- la ilegalidad de la nueva infraestructura portuaria.
Un motivo de la convocatoria son las conclusiones del informe que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha solicitado -y que realizó un perito seleccionado por el tribunal- en el contexto del recurso contencioso-administrativo planteado frente al proyecto de ampliación.
En el documento pericial, el experto señala que las obras ya iniciadas “carecen de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al tratarse de obras nuevas y, por tanto, no amparadas por la DIA de 2007”, explicaron en un comunicado las organizaciones.
De este modo, “se está contraviniendo el argumentario defendido hasta ahora por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV, dependiente del Ministerio de Transportes) y el Gobierno español”.
En términos generales, los colectivos valoraron las obras como “colosales” y “carísimas” (una inversión pública que supera los 600 millones de euros); además calculan que, en un contexto de emergencia climática, el proyecto de Ampliación Norte duplicaría el tránsito de barcos y camiones.
Entre los posibles impactos ambientales, apuntados en la nota informativa, destaca la regresión de las playas del Sur de la ciudad y el Parc Natural de L’Albufera (riesgo de salinización de la laguna), de 21.120 hectáreas.
El parque natural tiene el reconocimiento de humedal de importancia internacional y forma parte de la Red ecológica europea Natura 2000; asimismo las infraestructuras conectadas a la Ampliación Norte supondrían una amenaza para las zonas de huerta.
En cuanto a las implicaciones para la salud humana, el Instituto de Salud Carlos III apunta que los ingresos hospitalarios urgentes (a corto plazo) en el estado español, en relación con la contaminación atmosférica, alcanzan los 62.000 anuales (estudio febrero 2025 publicado en Science); en el País Valenciano, 7.500 ingresos al año por el ozono troposférico.
Acció Ecologista Agró (una de las asociaciones integradas en la Comissió Ciutat-Port) solicitó el pasado 27 de enero, mediante un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, la suspensión del Acuerdo del Consejo de Administración de la APV que aprobó el proyecto constructivo del nuevo muelle de contenedores de la Ampliación Norte; el citado Acuerdo data de diciembre de 2022.
El objetivo es que, mientras se resuelve el recurso ante la instancia judicial, la autoridad portuaria suspenda -de modo cautelar- la ejecución de las obras en curso; Agró recuerda que, en julio de 2024, la Autoridad Portuaria de Valencia adjudicó las obras a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Jan de Nul y el grupo Bertolín.
El recurso detalla que, actualmente, están realizándose las obras basadas en el dragado del canal de acceso, y la demolición del dique construido durante la primera fase de ejecución.
Agró subraya algunos argumentos del perito judicial para la necesidad de una nueva DIA, diferente a la de 2007; el informe técnico detalla cambios como el “incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; o las demoliciones de los actuales contradique norte y muelles de cruceros”.
También “el cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque”, o la “probabilidad” de que se hayan formado comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras; no se trataría, en síntesis, de una simple modificación, sino de una obra nueva y que requeriría -en consecuencia- de una nueva evaluación ambiental.
En septiembre de 2024, la APV otorgó a la compañía Terminal Investment Limited (TIL), con sede en Suiza, la concesión para la puesta en marcha, explotación y mantenimiento de la nueva terminal de contenedores en la Ampliación Norte.
A principios de julio otra multinacional, Acciona, informó de que le fueron adjudicadas las obras de construcción (consorcio junto a Jan de Nul y Bertolín): muelle principal, muelles auxiliares y 126 hectáreas de nuevas explanadas.
Pero en la acción reivindicativa del 26 de febrero, las cinco entidades convocantes no sólo denunciaron la macroampliación y sus efectos; “en el puerto podemos encontrar a la empresa israelí (naviera de carga) ZIM y otras compañías que transitan nuestras aguas, con barcos cargados de armas destinadas al régimen genocida de Israel”, subrayaba el comunicado.
Precisamente el 14 de diciembre la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y el BDS-País Valencià, entre otras entidades, convocaron una movilización en el puerto con la consigna Stop Vaixells de la mort. Cap port per al genocidi.
Dos semanas antes, cerca de 200 colectivos de solidaridad con Palestina en el estado español presentaron la Campaña Pongamos fin al comercio de armas con Israel; recordaron que entre 2005 y 2022 se exportó, desde territorio español a Israel, material bélico por valor de 28,67 millones de euros y 40,71 millones en material de doble uso; “la transferencia de armas puede convertir a un Estado en cómplice de crímenes internacionales”, advirtieron las entidades.
En este contexto, los periodistas Olga Rodríguez y Pol Pareja han informado en elDiario.es de que, entre mayo y septiembre del pasado año, se produjeron cerca de 25 trayectos desde Estados Unidos con armamento que -antes de la llegada a Israel- pararon en el puerto de Algeciras.
Las escalas de las embarcaciones, añadieron los dos periodistas, tuvieron lugar pese al anuncio por parte del Gobierno de España (PSOE y Sumar) de que iban a prohibirse las citadas escalas.
No sólo ocurrió en el puerto de Algeciras. La RESCOP, el Centre Delàs y medios independientes como Tercera Información y Kaos en la Red dieron cuenta, a partir de información pública del Puerto de Valencia, que en abril de 2024 el Gobierno español permitió que transitaran 16 toneladas de armamento y munición con destino al puerto israelí de Haifa.
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