Con ocasión de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, ocho empresas transnacionales, entre ellas Shell, Chevron, Glencore y Coca Cola, serán juzgadas simbólicamente por violaciones de derechos humanos cometidas en el mundo. Los casos serán conocidos en una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organizada […]
Con ocasión de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, ocho empresas transnacionales, entre ellas Shell, Chevron, Glencore y Coca Cola, serán juzgadas simbólicamente por violaciones de derechos humanos cometidas en el mundo.
Los casos serán conocidos en una sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organizada por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en la que participan activamente desde el Estado español Ecologistas en Acción, Entrepueblos, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, Col·lectiu RETS (Respuestas a las Transnacionales) e Ingeniería sin Fronteras.
El tribunal popular se llevará a cabo de manera paralela a la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), en la cual la República de Ecuador junto con más de 80 Estados miembros, presentarán una iniciativa para preparar un instrumento internacional vinculante que responsabilice jurídicamente a las corporaciones transnacionales y otras empresas. La propuesta está siendo bloqueada por la Unión Europea, EE.UU., Japón y otros Estados donde de la mayoría de las mayores empresas del mundo tienen sus sedes sociales. «Es alarmante que los gobiernos de la Unión Europea, Suiza, Japón, Canadá y los Estados Unidos estén más preocupados por defender los intereses de las corporaciones transnacionales que los derechos humanos», afirma Tom Kucharz de Ecologistas en Acción.
«Los testimonios que escucharemos muestran la necesidad de crear un tratado vinculante que proporcione acceso a la justicia a las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales», explica Mónica Vargas del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
El Tribunal Permanente de los Pueblos examinará casos que manifiestan los continuos abusos de las empresas transnacionales a pesar de la existencia del actual marco político de Naciones Unidas sobre «Negocios y Derechos Humanos», el cual se basa en directrices voluntarias y no en obligaciones legales. Los casos describen como el cumplimiento voluntario de dicho marco de Naciones Unidas, que deliberadamente ha asumido la Unión Europea, se ha traducido en violaciones sistemáticas al derecho de acceso a la justicia.
Así, por ejemplo, las víctimas de la contaminación por hidrocarburos causada por Chevron en la Amazonia ecuatoriana y de la Royal Dutch Shell en Nigeria durante varias décadas, presentarán sus testimonios que ilustran la continua actuación impune de las grandes compañías petroleras.
La industria minera también será juzgada por los graves casos de la minera suiza Glencore en Filipinas, Perú, Colombia, República Democrática del Congo y Zambia. De igual manera, serán presentados los casos en contra de la minera canadiense Pacific Rim en El Salvador y de Lonmin del Reino Unido ubicada en Sudáfrica. Asimismo se denunciarán las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de Coca-Cola en Colombia; por Mekorot, compañía de servicio de agua de Israel, en Palestina; y por las operaciones de la hidroeléctrica Hidralia, empresa española, en Guatemala.
El sacerdote Alegría Pelino del movimiento filipino en contra de las actividades de Glencore/Xstrata’s (GX), declaró que la compañía ha cometido numerosas vulneraciones del derecho a la vida, a la integridad y libertad personal del líder Bla’an y miembros de su familia, quienes se oponen a la actividad minera en la zona. Pelino también sostuvo que «las actuaciones monstruosas de GX deben detenerse y la justicia tiene que llegar ahora».
El Tribunal Permanente de los Pueblos ofrece un espacio a las víctimas de las injusticias de las empresas transnacionales, para presentar públicamente su lucha y exigir la justicia que se les ha negado en sus países. Proporcionan relatos fidedignos sobre las actividades de las compañías y su impacto en los derechos humanos. A través de estos testimonios, la comunidad internacional también reconocerá la necesidad urgente de actuar con medidas efectivas frente a la impunidad de la que gozan las grandes corporaciones.
El jurado del tribunal está conformado personas expertas en las temáticas de los casos: la abogada Dora Lucy Arias de Colombia, el profesor de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta del Instituto HEGOA en el País Vasco, Adriana Martínez Rodríguez, profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Francesco Martone, jurista y ex senador italiano, Roberto Schiattarella, profesor de Economía y vicepresidente de la Fundación Lelio Basso, Beverley Keene, economista y ex-coordinadora de la red latinoamericana Jubileo Sur y Renata Reis, abogada y experta en Derechos de Propiedad Intelectual y Salud Publica.
Dicho jurado escuchará los testimonios de las víctimas y presentará conclusiones acerca de las actividades de las empresas acusadas en base a los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes y en relación al derecho de acceso a la justicia.
Sobre la Campaña Global
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad fue creada en junio 2012, para promover acciones de solidaridad entre movimientos sociales y redes existentes locales y nacionales, con el fin de aumentar la visibilidad de las campañas sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue establecido el 24 de junio de 1979 por Lelio Basso, abogado, senador y uno de los redactores de la Constitución italiana. Es un tribunal de opinión, se basa en la Declaración de Argel sobre el Derecho de los Pueblos del año 1976 y se inspira en las experiencias de los Tribunales Russell en Vietnam (1966-1967) y las dictaduras en América Latina (1974-1976). Tiene como objetivos aumentar la conciencia pública sobre las deficiencias jurídicas que afectan a las comunidades marginadas, y por otro lado reconocer y reparar las violaciones de derechos humanos de los pueblos que no son vistos como sujetos de derechos.