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Los dueños de la empresa compradora, Comercializadora Peninsular de Viviendas, están en prisión condenados por estafar a 1.200 madrileños

Comisiones multimillonarias al vender Juan Carlos de Borbón la casa de su padre

Fuentes: 20 minutos

Dos familiares del Rey, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros (248,4 […]

Dos familiares del Rey, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros (248,4 millones de pesetas).

El precio de venta fue de 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas), por lo que la comisión representó un inusual 55,5% sobre el total.

La transacción se formalizó el 21 de febrero de 2002 con la entrega de tres cheques al portador de 901.518,16 euros cada uno tanto al Rey como a sus dos hermanas, Pilar y Margarita.

El comprador fue Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), empresa implicada en una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a más de 1.200 personas. En total, comisiones incluidas, CPV desembolsó 4,2 millones.

Los honorarios cobrados por los Gómez Acebo se instrumentaron en cuatro pagos, según documentación de CPV a la que ha tenido acceso 20minutos.es.

Bruno Alejandro Gómez Acebo y Borbón, sobrino del Rey, recibió personalmente 200.000 euros y la empresa de la que es administrador único, Gómez-Acebo Consultores Inmobiliarios S.L., otros 636.472 euros.

Marcos Gómez Acebo ingresó 250.000 euros y su sociedad, Gómez Acebo Internacional Group, S.L., 407.485.

Bruno Alejandro es administrador y socio de Labiernag 2000, la sociedad de inversión colectiva (sicav) desde la que Pilar de Borbón, hermana del Rey, canaliza sus inversiones.

Las sicav son las entidades favoritas de las grandes fortunas para colocar su patrimonio y disminuir notablemente su factura fiscal.

Preside una promotora inmobiliaria radicada en Melilla -Inmomelilla Obras y Promociones, S.A.- y es administrador único de Easy Flat, empresa domiciliada en Madrid y dedicada a estudios de mercado.

Marcos Gómez Acebo es presidente de Sociedad Anónima de Comunicación y Publicidad (Saco) y consejero delegado de Lietama Comunicación Integral y Xelios Biometrics, una firma dedicada a la informática, según indica su objeto social.

Es también administrador de una promotora inmobiliaria, Compañía Urbanizadora del Coto, y de una firma de transporte de mercancías, Urbanhop.

Para la compra de la propiedad, un chalet de 871 metros cuadrados construido en una parcela de 4.230 metros, CPV obtuvo un crédito de Ibercaja, entonces presidida por Manuel Pizarro, hoy diputado electo del PP.

Fue la última adquisición de la sociedad. A la firma de la escritura CPV estuvo representada por los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, actualmente en prisión.

Las partes implicadas no se quieren pronunciar

20 minutos trató ayer de recabar de manera infructuosa la versión de Bruno Alejandro Gómez Acebo, mientras que Marcos Gómez Acebo rehusó efectuar comentario alguno.

Por su parte, un portavoz de la Casa Real manifestó que se trataba de un tema privado de la Familia Real, de los que nunca realiza comentarios.

CPV, una estafa de 25,7 millones

La Justicia ha cifrado en 25,17 millones de euros el quebranto económico que los administradores de CPV causaron a los más de 1.200 afectados por la estafa.

Los perjudicados pagaron entre 300.000 y 500.000 pesetas de señal y otro millón como entrada por pisos en el norte de Madrid que nunca se construyeron.

Ocho años después de que se presentara la primera denuncia, la Audiencia de Madrid condenaba el pasado 14 de enero de 2008 a Francisco García Moreno, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, Miguel Ángel Morillo, Adelina Erles y Alfredo Vázquez a penas de entre siete y dos años por varios delitos de estafa.