En España los fondos de inversión han penetrado en sectores clave: vivienda, sanidad, energía, residencias, telecomunicaciones o educación.
1. Una era de hegemonía financiera
Vivimos una etapa marcada por la supremacía de las finanzas sobre la economía productiva. La combinación de desregulación neoliberal, revolución digital y globalización ha dado paso a un escenario donde el capital financiero dicta las reglas. Aunque el dinero siempre ha sido central en el capitalismo, hoy su poder se ha intensificado. En lugar de limitarse a facilitar la producción de bienes y servicios, ahora el dinero se genera en los propios mercados financieros y en las complejas estructuras de los bancos y fondos.
Dentro de ese entramado, los fondos de inversión se han convertido en actores claves. Su función es intermediar: captar dinero, invertirlo y generar beneficios. Lo novedoso no es su existencia, sino su volumen y alcance. Hoy estos fondos gestionan cerca del 50% de los activos financieros globales. Su auge responde a factores como la liquidez inyectada tras la crisis de 2008 y la creciente sofisticación de los mercados.
El surgimiento de nuevas formas de financiación fuera del sistema bancario tradicional, como el shadow banking, ha ampliado su radio de acción. Entre estos mecanismos destacan las SOCIMIs, los fondos de capital riesgo, los hedge funds, los business angels, y plataformas como el crowdfunding. Paralelamente, la ingeniería financiera ha creado productos cada vez más complejos y opacos, con un alto riesgo sistémico.
2. Impactos de una lógica financiera total
En 2024, el volumen de activos gestionados por fondos de inversión ha alcanzado niveles históricos, tanto a nivel global como en España. A nivel mundial los activos bajo gestión (AUM) de la industria global de gestión de activos sumaron aproximadamente 128 billones de dólares americanos. Para ponerlo en perspectiva, los AUM en 2024 representan en torno al 116 % del PIB global, lo cual muestra que el capital gestionado en fondos supera el valor de toda la producción económica anual del planeta.
En España los fondos de inversión españoles cerraron 2024 con un patrimonio de 399 000 millones de euros ( equivalente a unos 430 000 millones USD). El PIB nominal de España ronda los 1,4 billones de USD (≈ 1,3 billones de euros) en 2024 lo que indica que los fondos gestionan una cuarta parte del PIB anual español lo que refleja un mercado de inversión importante pero no desproporcionado como el global.
El dominio de los fondos tiene consecuencias concretas y visibles así su presión por maximizar beneficios ha transformado la gestión empresarial. Muchas grandes compañías, atentas a los intereses de estos inversores, han optado por la deslocalización, la subcontratación y la precarización laboral. A la vez, el valor social o ambiental ha quedado relegado.
La tierra, el agua, la energía o la vivienda son ahora activos financieros. Esto ha propiciado un encarecimiento de precios y un proceso de privatización acelerado. Las áreas urbanas han crecido de forma desordenada, orientadas al beneficio de fondos que buscan plusvalías en la construcción y el alquiler.
3. La financiarización de empresas y familias
Las empresas no financieras también se han visto arrastradas. Muchas han empezado a operar como inversores, buscando rentabilidad en mercados bursátiles. Este giro ha reforzado el papel de los fondos como accionistas, lo que implica decisiones centradas en el corto plazo y la rentabilidad inmediata: fusiones, recortes, despidos.
En paralelo, las familias han sufrido una financiarización aún más profunda, especialmente mediante el crédito hipotecario. El consumo se ha sostenido sobre deuda, en un contexto de estancamiento salarial. Este modelo ha sido impulsado por expectativas irracionales que, como advirtió el Nobel Robert Shiller, suelen acabar en crisis.
4. La presencia de los fondos en España
En España, los fondos de inversión han penetrado en sectores clave: vivienda, sanidad, energía, residencias, telecomunicaciones o educación. A finales de 2022, el 12,5% del valor de la bolsa española estaba en manos de solo cuatro grandes fondos.
Firmas como BlackRock, Vanguard o State Street son ahora accionistas de referencia en empresas del IBEX 35. Otras, como Cerberus, Macquarie o Nuveen, controlan infraestructuras y servicios a través de empresas privadas (“private equity”). Estas firmas invierten poco capital propio y se nutren de fondos de pensiones, seguros o bancos. Como resultado, buscan recuperar rápidamente su inversión, lo que suele traducirse en subida de precios y deterioro del servicio.
Casos paradigmáticos son el de Blackstone, gestor de más de 300.000 viviendas en EE.UU. y miles en España mediante su empresa Anticipa, o el fondo DomusVi, que gestiona 138 residencias en nuestro país. Sus estrategias apuntan a reducir costes, precarizar al personal y maximizar beneficios.
También destacan los llamados «fondos buitre», como Elliot Management, que adquirieron deuda de países como Argentina para luego exigir condiciones de pago abusivas. En el ámbito local, el caso del municipio sevillano de Burguillos ilustra cómo estos fondos pueden llegar a controlar ayuntamientos enteros mediante deuda.
5. Quién paga la factura
Pese a sus enormes beneficios, los fondos de inversión presionan para no pagar impuestos. Al mismo tiempo, dependen de las infraestructuras financiadas por el Estado. Esta contradicción se agrava con el uso de mecanismos fiscales como las SOCIMIS, que permiten evitar la tributación de las rentas inmobiliarias.
El caso de la SOCIMI Cerberus, creada para gestionar activos del BBVA, es representativo. Muchas de las viviendas que administra proceden de familias desahuciadas, y están exentas de impuestos clave.
6. ¿Qué podemos hacer?
La regulación de los fondos de inversión es urgente. Se necesitan medidas que limiten su apalancamiento, impongan transparencia y restrinjan su participación en sectores estratégicos. Además, los inversores deben poder controlar y conocer mejor dónde se canaliza su dinero.
Finalmente, se debe fomentar la economía social y solidaria, que ya representa el 10% del PIB en España. Con 43.000 empresas y más de dos millones de empleos, este modelo puede ser una alternativa sostenible a la hegemonía financiera.
Angel Luis del Castillo es economista. Coordinador de ATTAC España.