Madrid es una de las regiones donde más ha aumentado el terreno ocupado por inmuebles e infraestructuras. Pese a las consecuencias negativas, una alianza público-privada de bancos, constructoras, partidos políticos y otros agentes sociales hace posible que los planeamientos urbanísticos de los diferentes municipios prevean la construcción de un millón de nuevas viviendas. El supuesto […]
Madrid es una de las regiones donde más ha aumentado el terreno ocupado por inmuebles e infraestructuras. Pese a las consecuencias negativas, una alianza público-privada de bancos, constructoras, partidos políticos y otros agentes sociales hace posible que los planeamientos urbanísticos de los diferentes municipios prevean la construcción de un millón de nuevas viviendas.
El supuesto éxito del modelo madrileño, del que tanto hacen hincapié las administraciones autonómicas, ha tenido en el desarrollo de la construcción y del mercado inmobiliario uno de sus factores clave. El uso intensivo del territorio ha sido así el eje central de este crecimiento económico. Sus consecuencias son conocidas, si bien han sido poco analizadas : recalificaciones masivas de suelo generalmente destinado a la construcción residencial (con una rentabilidad más alta que cualquier otro destino), fuertes inversiones en infraestructuras, agotamiento de recursos y amenaza sobre los espacios naturales, desigual distribución de infraestructuras no deseadas y, finalmente, un rosario de escandalosas macro operaciones urbanísticas (Cuatro Torres, Valdebebas, Operación Chamartín, los PAU, M- 30, etc.). Vayamos por partes. En primer lugar, en la Comunidad de Madrid, durante el período 1993-2003, el suelo comprometido (el suelo destinado a la urbanización) ha aumentado un 49%. De hecho, un importante número de municipios ha visto cómo se duplicaba la superficie de suelo urbano o susceptible de urbanizarse, llegando a casos extremos como el de Arroyomolinos, que ha multiplicado por nueve la superficie de suelo destinado a usos urbanos.
Evidentemente, la explosión urbanística ha impulsado y repartido las expectativas de crecimiento sobre amplios espacios de la región, antes considerados periféricos. Decenas de municipios se encuentran así en proceso de tramitación de su planeamiento general, lo que invariablemente se realiza sobre unas expectativas de un gigantismo desmesurado. Un solo dato puede ser aquí significativo : el número de viviendas previstas en la Comunidad de Madrid alcanza el millón y su distribución parece confirmar, a todas luces, esta tendencia hiperexpansiva de la conurbación madrileña, y aun a pesar de la crisis en ciernes. La morfología de la metrópolis madrileña está experimentando de este modo una radical transformación : el centro, que hasta hace bien poco siempre había concentrado a más del 50% de la población de la Comunidad, tiende a perder peso relativo. En su lugar, según los crecimientos previstos, las coronas suburbanas y las áreas adyacentes del resto de la región son las áreas más dinámicas en términos demográficos. Por otra parte, zonas y comarcas que hasta ahora habían permanecido completamente al margen de las dinámicas metropolitanas viven ahora una enorme explosión urbanística y demográfica que anuncia su incorporación a las dinámicas de la conurbación metropolitana. Es el caso de la Sierra Norte, la Sierra Oeste, las Vegas del Sureste o el límite sur de la región o, incluso, más allá, La Sagra en Toledo, Segovia y su alfoz, Guadalajara y los municipios manchegos del Henares, e, incluso más lejos, Ávila y Toledo. En segundo lugar, el despliegue, tanto en términos físicos como económicos, de este proceso ha estado apoyado, invariablemente, en las fuertes inversiones públicas en infraestructuras.
La proliferación de vías rápidas que hoy conforman la malla de autopistas madrileñas ha convertido la región en la metrópoli europea con más kilómetros de vía rápida por millón de habitantes, a pesar de la persistencia del mito del déficit de infraestructuras. Esta red constituye el armazón estructural de todos los nuevos suelos clasificados. Sobra decir que esta inflación de autovías y carreteras supone, además, la mayor amenaza sobre importantes zonas naturales, como los parques regionales del Manzanares, Guadarrama y Sureste, o las zonas de especial protección de aves del Alberche y las estepas cerealistas. El proyecto emblemático del nuevo Plan de Carreteras 2007-2011 de la Comunidad de Madrid es la M-61 (más conocida como «cierre norte de la M-50»), que atravesaría el monte de El Pardo y el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Frente a este proyecto y a otros tantos que amenazan todos los rincones del territorio madrileño, comienza a organizarse una resistencia aún incipiente aunque prometedora, que se materializa en espacios como la coordinadora Salvemos la Sierra, en la zona del Guadarrama, una de las más afectadas por estos planes. En tercer lugar, el banquete desarrollista está unido a la competencia territorial entre los distintos municipios con el fin de atraer inversión, normalmente bajo la forma de nuevos desarrollos inmobiliarios, que son todavía considerados sinónimos de dinamismo económico y bienestar social por buena parte de la población. Una puja entre municipios que se condensa en la desigual distribución territorial entre las zonas más favorecidas de esta división metropolitana (el norte y el noroeste) y las menos agraciadas (el sur y el sureste). Concretamente la zona sureste concentra la práctica totalidad de las infraestructuras no deseadas, aunque fundamentales para el sostenimiento de la ciudad, tanto en términos productivos (infraestructuras de distribución y logística) como metabólicos (depuradoras, incineradoras, centrales de abastecimiento energético, graveras, etc). Una desigualdad ambiental que refuerza la polarización socioeconómica noroeste-sureste de la geografía madrileña.
Y todo esto no se ha producido únicamente mediante corruptelas o actuaciones caciquiles, sino en la mayoría de las ocasiones bajo el amparo institucional y legal de unas políticas públicas basadas en un supuesto aumento del bienestar social y de una mejora de la calidad de vida, y una supuesta intención de facilitar el acceso a la vivienda. Un apoyo institucional que se ha visto subordinado a las nuevas oligarquías empresariales madrileñas, compuestas por los grandes bancos y empresas inmobiliarias y de la construcción. Al hilo del cual han desarrollado una confluencia de herramientas legislativas, tanto urbanísticas (modificaciones sucesivas de las distintas leyes del suelo) como fiscales (regulación del mercado hipotecario y generación de beneficios fiscales a la inversión inmobiliaria), que ha visto el territorio como una de las primeras fuentes de experimentación y desarrollo, creando una suerte de growth machine -una alianza público-privada encaminada a garantizar el crecimiento- que gobierna la ciudad.
Almudena Sánchez / Rodrigo Calvo, son miembros del colectivo Laboratorio Urbano, de la Escuela de Arquitectura de Madrid.