Ya nadie discute la necesidad de apoyar al campesinado ecológico y de proximidad, ni siquiera –y esto es lo más sorprendente– ninguna administración.
Les ha costado mucho pero ya han llegado hasta aquí. En algunos casos, seguramente, por la preocupación que genera la dependencia alimentaria de un modelo absolutamente globalizado como hemos visto con la aparición de la pandemia. En otros casos, desde la sensibilidad de entender lo que significa el sector primario para cuidar el territorio. O, tal vez, porque se toma conciencia de que hace falta una alternativa a la agricultura industrial que es parte responsable de la pérdida de biodiversidad que sufrimos, de la crisis climática y, por supuesto, del incremento de zoonosis y posibles pandemias.
Pero para pasar de las palabras a los hechos, para transitar de un modelo agroexportador a un modelo agroecológico, para dejar de entender la alimentación como una mercancía y entenderla como un derecho que garantizar, hace falta valentía política y, esta es la tesis, la actual necesidad de apoyo alimentario para muchas familias precarizadas es una buena oportunidad.
Las entidades que suministran alimentos a las familias vulnerables, como la Fundació Banc dels Aliments y Cruz Roja, tienen tres maneras de acceder a los alimentos. En primer lugar, las campañas de recaudo que hacen por el país, que, como están ligadas a las grandes superficies del comercio alimentario, lo que finalmente recogen son, sobre todo, alimentos industriales y procesados. En segundo lugar, los bancos de alimentos también reciben esporádicamente donaciones de diferentes empresas por pura solidaridad o porque tienen mermas. Y la tercera fórmula se da cuando, unas cuantas veces al año, estas entidades reciben alimentos procedentes de licitaciones para la adquisición de alimentos que son competencia del ministerio de Agricultura a partir de fondo y directrices de la Unión Europea, con un presupuesto total de 80 millones de euros para todo el estado español este año 2020. El resultado es el mismo, producto procesado e industrial. Diferentes fórmulas pero en todas el actor es la industria alimentaria. ¿Por qué no hacemos jugar aquí un papel importante al pequeño campesinado? ¿Podemos hacer de la ayuda alimentaria un mecanismo para activar esta transición de sistema alimentario que sabemos que es absolutamente necesaria? De hecho, el propio departamento de Agricultura de la Generalitat, de manera excepcional, durante el estado de alarma abrió una convocatoria importante, 4 millones de euros, para adquirir comida a productores y productoras de Catalunya.
Lo que está claro es que la fórmula en manos de la administración corresponde en realidad a un mecanismo de “compra pública” y como tal hay que tomar posicionamiento político para definir a quién queremos ayudar cuando se deciden los criterios de selección. En este sentido una buena fuente de inspiración son las pequeñas iniciativas que la sociedad civil ha puesto en marcha, como la AlterBanc Alimentari, que busca este win-win. Han comprado comida fresca, ecológica y de primera calidad a precios justos a productores y productoras agroecológicos locales para abastecer a grupos de apoyo vecinales que la han distribuido, de manera muy cercana y participativa, buscando las fórmulas comunitarias menos estigmatizadoras para las personas beneficiarias. Si, ahora que existe un importante debate respecto a las limitaciones de la compra pública, tratamos de potenciarlas desde las diferentes administraciones y entidades, seguramente ganaremos argumentos y credibilidad para forzar que decisiones que se toman en Madrid o Bruselas tengan presentes valores como proximidad, ecología y economía social.
El sistema actual de suministro alimentario para familias en riesgo es una réplica del sistema alimentario hegemónico, que, aunque eficiente, puede encontrarse en una situación de colapso. En tiempo de pandemias, crisis climática y hambre, la urgencia alimentaria la podemos hacer compatible con la urgencia de cambiar de sistema alimentario.