Las declaraciones del consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña a la Agencia EFE de octubre de 2011 no sólo son socialmente inadmisibles sino que son una agresión directa y sin tapujos a la razón pública ilustrada. Los motivos de crítica se agolpan; veamos algunos de ellos. La salud no es un bien privado […]
Las declaraciones del consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña a la Agencia EFE de octubre de 2011 no sólo son socialmente inadmisibles sino que son una agresión directa y sin tapujos a la razón pública ilustrada. Los motivos de crítica se agolpan; veamos algunos de ellos.
La salud no es un bien privado que depende exclusivamente de cada ciudadano, como afirma el señor Boi Ruiz. Desde principios del siglo XX, con precedentes en otros momentos históricos, se considera -con consenso generalizado- que la salud es un bien público que incumbe a la sociedad en su conjunto; en absoluto es un bien estrictamente privado.
La salud no es meramente la ausencia de enfermedad, sino -de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosas instancias y organismos afines- un estado físico, psicológico y social adecuado al correcto desarrollo de las personas. De ahí deriva el concepto de Salud Pública que engloba todos los determinantes implicados en la salud -entre muchos otros: las condiciones de vida, la salubridad del medio, el control de infecciones, la calidad de los alimentos, la vacunación, la higiene, la potabilidad del agua, la erradicación de la malaria, del tifus, de las fiebres de malta y muchas otras enfermedades, las reglamentaciones laborales sobre condiciones de trabajo y enfermedades, la creación de una red pública de atención primaria y hospitalaria (que en España ha llegado a ser de alta calidad gracias al esfuerzo de numerosas personas fuertemente implicadas en esta gran conquista social)-, determinantes sociales, decíamos, respecto a los cuales un individuo aislado, por sí mismo, poco puede hacer.
Ello no quiere decir, obviamente, que las formas de vida de cada sujeto -que, como es evidente para quien no quiera cegarse socialmente, muchas personas no siempre pueden elegir libremente: las circunstancias en las que se ven inmersos impiden o dificultan gravemente su autodeterminación real-, no tengan influencia en su estado de salud. Aunque el criterio de «vida saludable» no deja de tener unos componentes que dependen o son funcionales a cada cultura, conviene insistir en el ya muy antiguo concepto de que el enfermar es la resultante de muchos factores (entre ellos y entre muchos otros, la constitución biológica de cada individuo). De esta forma, para algunos individuos, su «vida disipada» tiene efectos sobre su salud muy diferentes a los que ocasiona en otras personas. Pensemos en lo que ocurre entre personas fumadoras: algunas de ellas, a los 90 años, se encuentran bastante bien de salud; otras, en cambio, a los 50 padecen cáncer de pulmón. Eso sí, es indiscutible que desde la perspectiva de la salud pública el conjunto de fumadores de una determinada población padece con mayor frecuencia una serie de patologías que los ciudadanos no fumadores, falleciendo también antes. Estamos ante el concepto poblacional frente al estrictamente individual.
Tampoco puede sostenerse que la salud no dependa en ninguna medida del Estado como afirmó el consejero de Salud en esas mismas declaraciones a no ser que nos remontamos al feudalismo, a las monarquías medievales, o bien a Estados capitalistas puros donde rija en exclusiva la ley del más fuerte y el grito despiadado (o afín) de «¡Viva el mal, viva el Capital!» El que conocemos -o se dice conocer- como Estado de bienestar es otra cosa. El señor Boi Ruiz tal vez tenga como modelo de Estado de las plutocracias estatales.
No hay olvidar, por otra parte, y este vértice es esencial, que la investigación en medicina y salud es posible gracias a recursos públicos dirigidos a estos fines, es decir, gracias a la intervención de un Estado que no tenga anulada ni demediada ni olvidada su componente social. Sin esta investigación, muchos éxitos que se han conseguido -y que benefician a toda la ciudadanía sin exclusiones- no se habrían alcanzado.
El consejero de salud catalán aseguró también que la salud no es un derecho. Los apartados del artículo 43 de la Constitución de 1978 parecen desmentirle: «1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio». Derechos, por otra parte, que están también recogidos en el Estatuto de Cataluña, que quizá el Sr. Boi Ruiz no haya podido leer hasta el momento. Se mire como se quiera mirar, se lea como sea quiera leer, la cCnstitución española y las normas estatuarias amparan el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Precisamente, para justificar lo contrario, que la salud no es un derecho, el señor Boi Ruiz ha argumentado del modo siguiente: la salud «depende del código genético que tenga la persona, de sus antecedentes familiares y de sus hábitos». No es así, en absoluto. Los trastornos genéticos constituyen una ínfima parte de la morbilidad observada (alrededor del 1%). Existen predisposiciones genéticas a determinadas patologías. Sin duda. Pero tales predisposiciones representa sólo un determinado porcentaje de probabilidad para su manifestación, la cual depende de numerosos factores en relación con el medio y las condiciones de vida. Consiguientemente no es inexorable la manifestación del trastorno por la carga genética. Ningún resultado científico contrastado y aceptado avala esa supuesta tesis defendida por el consejero. Se puede colegir de ello, no parece arriesgada ni precipitada la inferencia, que el Sr. Boi Ruiz -al menos según sus declaraciones a la agencia EFE- no está muy puesto en lo relativo a los conceptos actuales sobre la salud y las enfermedades. Sus múltiples actividades gestoras en las últimas décadas deben de haberle robado tiempo para su puesta al día en temas científicos-culturales.
Por lo demás, aunque fuera el caso sin serlo, aunque la salud dependiese del código genético, de los antecedentes familiares y de los hábitos de cada uno de nosotros, no se inferiría de todo ello que las instituciones públicas tuvieran que jugar un papel secundario, acaso marginal, en temas de salud. De lo primero, de esa suposición que no debe admitirse, no se infiere de ninguna manera lo segundo. ¿Dónde se ubica el ámbito de la ética para el consejero de salud? El criterio del Sr. Ruiz es estrictamente político, neoliberal, no tiene ninguna base científica. Los conocimientos científicos actuales en absoluto justifican sus consideraciones y proclamas.
El señor Boi Ruiz también aludió en la entrevista con EFE que en Cataluña hay unas 1.300 citas diarias de pacientes que no asisten a la consulta. Desconocemos la validez de la cifra, ni qué citas están incluidas en ese número, y si el coste real que ello supone para arcas públicas es el que el consejero señala y que cuantifica, con imprecisión manifiesta, en «más de 10 millones de euros». Si fueran correctos los datos, habría que intentar corregir la situación. Nadie lo duda, nadie ha dudado de ello. Pero ello no justifica, aunque se pretenda hacernos creer lo contrario, penalizar la atención a la inmensa mayoría de pacientes y, menos aún, adoptar medidas privatizadoras. Diga lo que diga el Sr. Boi Ruiz, de quien desconocemos su vinculación a la sanidad pública como paciente, la ciudadanía -que no usuarios-, en su conjunto, no es un grupo de irresponsables que malgasten los recursos públicos sin miramientos. Lo afirmado por el consejero es humo, una máscara que quiere encubrir una determinada política -que, evidentemente, no defiende él en solitario- cuya orientación y finalidades resultan cada día más evidentes.
La racionalización del gasto -que no implica en absoluto una privatización-, sin mermar la asistencia, no es algo a lo que los defensores de la sanidad pública nos opongamos. Al contrario, llevamos años insistiendo en ello, en especial en el uso excesivo de tecnologías y medicaciones no justificadas. La política que se está defendiendo, diga lo que diga el señor consejero, no tiene nada que ver con la racionalización. Racionalizar, ser o actuar responsablemente, con prudencia, con justicia, es cosa muy distinta. ¿Por qué hay que recortar inexorablemente en sanidad cuando apenas se hace nada contra el fraude fiscal de las grandes fortunas, de las grandes empresas, y se aprueban por otra parte mega-ayudas a la banca y leyes de sucesiones y contrarreformas fiscales que favorecen a sectores sociales muy pero que muy privilegiados? Puestos a racionalizar, ¿no habría que racionalizar esas políticas con urgencia? ¿De qué habla realmente el señor Boi Ruiz cuando habla de «racionalización»? ¿De qué está hablando realmente?
El consejero de economía, el señor Mas-Colell, un antiguo y destacado cuadro del PSUC en su etapa universitaria, inauguró el curso académico del Círculo de Economía haciendo un llamamiento a los empresarios a que ocuparan el espacio que los recortes están dejando en el espacio público. Ni más ni menos, bien a las claras. El Sr. Boi Ruiz, en la misma línea, también ha hecho más de un llamamiento para la contratación de seguros en las mutuas privadas. La Cecot -una patronal multisectorial que, según sus propios anuncios, «promueve y defiende los intereses de las empresas catalanas»- ha sabido corresponder al consejero: le ha concedido el galardón «Mejores prácticas de la Administración Pública», un premio que el señor Boi Ruiz ha recogido de manos del presidente Artur Mas. Como lo leen.
¡Qué horror, doña Leonor!, ¡qué barbaridad, doña Trinidad! No se premia a los mejores sino -cosa muy distinta- a los mejores privatizadores. El gobierno de CiU, con los aplausos entusiastas del PP y otras fuerzas políticas de menor escala, está aplicando su programa, su duro programa neoliberal, mientras los sectores sociales minoritarios que tan bien representan jalean sus oídos y llenan sus vanidades, sin olvidar, por otra parte, que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2010 no hicieron referencias directas ni a recortes ni a privatizaciones de los servicios públicos. Era parte de agenda oculta.
¿Cuánto tardará la ciudadanía en darse cuenta? ¿Hasta cuándo vamos a permitir este atropello casi sin precedentes? La calle exige de nuevo, como quería el poeta e ingeniero Gabriel Celaya, que nos paseemos a cuerpo y anunciemos y exijamos algo nuevo.
Eduard Rodríguez Farré es Doctor en medicina, farmacólogo y radiobiólogo, y profesor de fisiología y farmacología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC). Actualmente es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERSP) del IDCIII. Autor de numerosas publicaciones internacionales sobre toxicidad de contaminantes ambientales, energía nuclear y salud en revistas científicas de primera línea, es miembro del Comité Científico de la UE sobre nuevos riesgos para la salud. Su próxima publicación lleva por título Ciencia en el ágora (El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), en prensa).
Salvador López Arnal es colaborador de rebelión y de El Viejo Topo, y coautor, junto a Eduard Rodríguez Farré, de Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente, Mataró (Barcelona), El Viejo Topo, 2008 y de Ciencia en el ágora Mataró (Barcelona), El Viejo Topo (en prensa).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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