Proveer y capacitar a los pueblos indígenas de la Amazonía en el uso de tecnología satelital, GPS, drones y alertas tempranas de deforestación, puede resultar la forma más eficiente de proteger la cubierta vegetal de esa vasta región.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Johns Hopkins comprobó que cuando esas comunidades disponen de teléfonos inteligentes con aplicaciones que permitan detectar cambios incipientes en la cobertura vegetal pueden reducir en un año hasta el 52 por ciento de la deforestación, respecto de otras comunidades que no cuenten con esas herramientas, lo que en el trabajo representó 8.4 hectáreas por comunidad.
Los resultados surgen de aplicar a comunidades de Loreto, el departamento amazónico más grande y septentrional del Perú, una metodología desarrollada por Rainforest Foundation de los Estados Unidos (RFUS) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Oriental (ORPIO).
Se trata de un ensayo aleatorio, similar al que se utiliza para probar un nuevo medicamento, y que se apoya en brindar a un grupo de la población una metodología, asignándole al otro el rol de grupo control.
“Es básicamente un programa que puede fusionarse con la estructura de gobierno y las tradiciones comunitarias existentes; las decisiones las toma la comunidad, lo que significa empoderarla y darle opciones adicionales para autogobernarse”, dijo a SciDev.Net Jacob Kopas, autor del trabajo publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences e investigador independiente.
De las 76 comunidades participantes, 36 realizaron monitoreo activo, previa capacitación en lectura de fotos satelitales y empleo de la plataforma de monitoreo Geobosques, patrocinada por el gobierno de Perú. Cada una de las 36 comunidades debió elegir a tres representantes para efectuar patrullajes, percibiendo por ello el pago de 25 soles mensuales, equivalente a US$8 dólares.
Una vez al mes, durante dos años, los datos satelitales recopilados eran cargados en memorias USB y entregados a los exploradores forestales por mensajeros que navegaban el río Amazonas.
A medida que llegaban las alertas, realizaban patrullajes a pie empleando aplicaciones de mapeo de teléfonos inteligentes para verificar la información sobre el terreno. Cuando confirmaban la tala de árboles, lo informaban a los líderes comunitarios, quienes convocaban asambleas a fin de decidir colectivamente qué medidas tomar.
“Esta es la mejor inversión en el futuro de nuestro clima. Si este sistema que utiliza la tecnología para la acción comunitaria fuese escalado en toda la Amazonía podrían ahorrarse hasta 123.000 hectáreas de deforestación anuales, lo que equivale a tomar 100 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono cada año”, dijo el director del Programa RFUS en Perú, Tom Bewick, al presentar los resultados de la investigación en conferencia de prensa.
Bewick agregó que “es una muestra de que contamos con una manera efectiva para salvar a los bosques tropicales, al proteger los derechos de quienes los protegen, las comunidades indígenas”.
“En países con escasa infraestructura para controlar y regular este tipo de problemas (como la deforestación), dotar a las comunidades afectadas con capacidades tecnológicas para ejercer un rol de monitoreo social puede constituir una forma efectiva de intervenir en el problema”. (Pablo Pellegrini, Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT), Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)
Pablo Pellegrini, del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT) de la Universidad Nacional de Quilmes, quien no participó en el estudio, destaca que el programa apunta a que las comunidades amazónicas “dispongan de tecnologías que les faciliten contar con datos que serían beneficiosos para ellos”.
No obstante, señala, “a veces la cuestión de quién se beneficia es un tanto difusa, así como la cuestión de los riesgos. En efecto, ¿qué riesgos pueden terminar asumiendo estas comunidades al oficiar de policías y denunciar dónde o quién está deforestando?”, agrega.
“Esos riesgos, junto al rol del Estado para solucionar estos problemas, no deberían desestimarse rápidamente. Sin embargo, en países con escasa infraestructura para controlar y regular este tipo de problemas (como la deforestación), dotar a las comunidades afectadas con capacidades tecnológicas para ejercer un rol de monitoreo social puede constituir una forma efectiva de intervenir en el problema”, dice a SciDev.Net Pellegrini, por correo electrónico.
Jorge Pérez, líder indígena del pueblo Uitoto, en la frontera entre Perú y Colombia confesó, en el marco de la conferencia de prensa, que abandonó su escepticismo inicial al constatar que las tecnologías “fueron adaptadas hasta lograr una sencillez importante, sin desacreditar su calidad”.
Mientras que hacer un patrullaje les llevaba 15 días, “con la tecnología de alerta temprana podemos identificar la amenaza y llegar en un par de horas”, dijo Pérez, presidente de ORPIO.
Por su parte Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena de Venezuela y coordinador de COICA, organización que representa a las comunidades indígenas de los nueve países de la cuenca Amazónica, señaló que los pueblos indígenas, que ocupan el 32 por ciento de las tierras del planeta, “demostramos con este ejemplo que desde el territorio podemos resolver de manera más efectiva las crisis paralelas a las que nos enfrentamos, como la crisis climática, económica, sanitaria, de alimentos, de biodiversidad y de vida”.
Agregó que “la COP 26, Cumbre Mundial de Cambio Climático, tiene que tomar en cuenta estos estudios. El Acuerdo de París no está dando soluciones territoriales y esta es una gran oportunidad de apoyar a los pueblos indígenas”.
Reprogramada a causa de la pandemia, la COP26 se realizará del 1 al 12 de noviembre próximo en la ciudad escocesa de Glasgow. El Reino Unido es el país organizador, en colaboración con Italia. Reunirá a representantes de aproximadamente 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París.
El estudio está incluido en un informe más amplio, también publicado en PNAS, que analizó en más de 700 comunidades nativas (400 activas y 347 control) de América Latina, Asia y África el impacto de intervenciones externas con diferentes tecnologías para apoyar el monitoreo de aguas subterráneas (Brasil y Costa Rica), agua superficial (China) y bosques (Liberia y Uganda, además de Perú).
Los monitores debían proporcionar informes de seguimiento mensuales o trimestrales, durante al menos un año, que eran difundidos al resto de las comunidades, aumentando la información disponible en la comunidad y la participación de las autoridades relacionadas con la gestión de los recursos.
A pesar de la heterogeneidad de las experiencias, los autores encontraron que el monitoreo comunitario conduce a reducciones modestas, pero sólidas, en el uso de recursos naturales.