En su derecho legítimo de buscarle solución a los conflictos agrarios, las familias campesinas han llegado a ocupar las instalaciones y retener a funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario, han tomado las oficinas de la Cruz Roja y se han apostado en Iglesias Católicas.
Costa Rica, país centroamericano de escasos 51 mil kilómetros cuadrados de superficie, no escapa a los conflictos agrarios generados por las políticas neoliberales que producen hambre, pobreza, desocupación y desalojo de familias campesinas e indígenas de sus tierras de labranza. Por un lado existe una gran cantidad de fincas y propietarios con terrenos relativamente pequeños; y por el otro, una gran concentración de terrenos en manos de pocos propietarios, debido al fomento de las políticas de exportación que desincentivan la producción para el mercado nacional y promueven la llegada de transnacionales, entre ellas, las empresas bananeras motivadas por la expansión masiva de la actividad a partir de 1985.
En Talamanca, La Estrella y Turrialba, región Caribe del país los pueblos indígenas localizados se ven acosados por sus recursos forestales, mineros y alto potencial energético de sus territorios.
En la Península de Osa, situada al sur del país, 33 familias de agricultores ubicados en el Asentamiento Finca Boruca en Salamá de Osa esperan pacientemente que la burocracia y negligencia administrativas les permitan cultivar la tierra en una finca de 140 hectáreas, que pretende ser adquirida por el Instituto Costarricense de Desarrollo Agrario (IDA) y cuyo propietario lo es el actual Secretario de la O.E.A. y expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez.
En Sarapiquí, región localizada en la Región Huetar Norte, el conflicto lo genera la Standard Fruit Company, transnacional bananera que acaparó ilegítimamente desde 1967 las 900 hectáreas de terrenos ociosos e improductivos que hoy reclaman los campesinos y campesinas que conforman la Asociación Campesina de Bambuzal.
En su defensa por la tierra, a los campesinos y campesinas costarricenses se les violentan cada día derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, como son el derecho al trabajo, el derecho al salario digno, el derecho a la salud, el derecho a la educación de los niños y niñas que han abandonado sus escuelas para acompañar a sus padres en el reclamo de la tierra. A cambio de ello han tenido que enfrentar el terror, la angustia y la incertidumbre por las balas, los gases, las detenciones violentas, la negligencia de parte de la Fuerza Pública y de grupos paramilitares que actúan sin control. También han tenido que soportar la actitud complaciente, sumisa y burócrata de funcionarios de instancias administrativas y judiciales, mientras sus hijos e hijas están impedidos para seguir disfrutando del ambiente del hogar y derecho a la educación.
En su derecho legítimo de buscarle solución a los conflictos agrarios, las familias campesinas han llegado a ocupar las instalaciones y retener a funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario, han tomado las oficinas de la Cruz Roja y se han apostado en Iglesias Católicas.
Actualmente, desde el 25 de abril 2004, 120 adultos y 16 niños y niñas reclaman el derecho a tener un juicio agrario que les permita volver a la tierra.
Esas familias campesinas han sido desalojadas de sus parcelas, han tenido que sufrir la muerte violenta de dos de sus compañeros campesinos, han sido despojados de sus escasos bienes y han tenido que sobrevivir con los aportes de limosnas de transeúntes que apenas si se detienen a depositar algunas monedas sin analizar las causas de la presencia de ?tanta gente rara? en el principal templo católico de la capital costarricense, que ha servido de maternidad para niños que han nacido extrañando el calor del hogar campesino y donde no se han escapado a los ultrajes de algunos curas que en las misas del domingo, les han llamado ?usurpadores? y ?sanguijuelas? luego de haberles restringido hasta el uso del agua potable.
Las familias campesinas de Bambuzal, recientemente, entonaron un grito que aún resuena en las escalinatas de los Tribunales de la Corte de Justicia en Guadalupe y que debe llamar a la reflexión inmediata de las autoridades antes que este conflicto tiña de sangre el suelo costarricense: ?Somos hijos de la Tierra? y por eso, de la Catedral nos vamos para Bambuzal.?
Sonia Torres es secretaría CEUS del Golfo de Nicoya.