Desde que en 1978 se impuso el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento en la Euskal Herria peninsular, el primero como única opción posible (estatuto o nada), y el segundo como imposición indiscutible, ambos derivados de una Constitución rechazada previamente, escuchamos, de modo rutinario, que aquel «histórico consenso», que permitió pasar de puntillas por los […]
Desde que en 1978 se impuso el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento en la Euskal Herria peninsular, el primero como única opción posible (estatuto o nada), y el segundo como imposición indiscutible, ambos derivados de una Constitución rechazada previamente, escuchamos, de modo rutinario, que aquel «histórico consenso», que permitió pasar de puntillas por los 40 años previos de franquismo terrorista para no herir sensibilidades y así hacer de la transición una efectiva Ley de Punto Final, aún vigente, ha de superarse. Efectivamente, pero dicha superación no debe entenderse como una inercia reformista para la creación de un proceso paralelo a crearse un cuarto de siglo después. De nada sirve ampliar un consenso con objeto de vertebrar un nuevo estatuto que «responda a las inquietudes de esta generación». Aquel consenso histó- rico era deficitario, no sólo porque no era tal consenso, sino porque además era un mero pacto instrumental. Un pacto parcial que no respondía a las reivindicaciones populares y que aceptaba sólo lo posible en virtud del poder totalitario que ostentaban los nacionalistas españoles. Un verdadero consenso democrático sólo puede hilvanarse en función de que se respeten legítimamente todas las opciones. Y ese respeto no puede ser sólo testimonial. De nada sirve el respeto falaz a los que son independentistas, si las opciones jurídico políticas para desarrollar esa propuesta chocan con el muro coercitivo constitucional del que emana el vigente Estado de Derecho. De ahí que para lograr posibles consensos, el primer elemento, básico y radicalmente democrático es el de la igualdad entre todos los actores y todas las propuestas. Todos han de tener idéntico rango y capacidad potencial a la hora de defender sus respectivas posiciones. Nunca existirá opción de consenso si alguno de los actores tiene vetada su propuesta y ha de ceder. Esa cesión forzosa es lo que invalida el concepto consensual. En otras palabras, consensuar sobre la base de que «los ciudadanos tienen la palabra» no significa nada, si los independentistas no pueden hacer viable su proyecto en igualdad de condiciones que el resto: cosoberanistas, federalistas, unionistas. Y es necesario resaltar un dato. Al igual que España luchó y ganó su independencia contra los franceses (1808-1814) y no tuvo que consultar nada a sus ciudadanos; Euskal Herria, el Estado de Navarra tiene derecho a disponer plenamente, como Estado sojuzgado, de su soberanía. Pero la radical esencia democrática de los independentistas vascos, conscientes de que siglos de conflicto generan transformaciones sociales ineludibles, ha permitido que hoy, en 2005, la recuperación del Estado vasco independiente venga de la mano de un proceso de libre determinación de todas las personas que viven y trabajan en Euskal Herria. Es decir, de un proceso radicalmente democrático fruto del consenso mayoritario. De ahí que real- mente, la asignatura pendiente que imposibilita avanzar hacia ese escenario radica, única y exclusivamente, en la actitud inflexible y dogmática de los sectores que imponen el actual marco constitucional como escenario para «la búsqueda de consensos». El consenso como concepto es un variado recurso dialéctico de muchos, no más. Pero en realidad hay dos tipos de consensos. Los instrumentales-coyunturales y los estratégicos-mayoritarios. Ambos son complementarios para lograr un consenso real, integral y vertebrador. Los primeros son básicos para vertebrar los segundos, que son realmente los determinantes. Consenso instrumental La mesa política para la normalización que está por constituirse debiera lograr desde la honradez y lejos del oportunismo político y el posibilismo, el consenso decisivo para la vertebración de un nuevo escenario que permita, no sólo la superación del conflicto, sino la reestructuración y normalización política de la nación vasca. Evidentemente, esta propuesta también sería anticonstitucional, pero es obvio, que sólo en la superación de dicha dialéctica están los mimbres de la normalización definitiva. Así es. El reconocimiento nacional de Euskal Herria como sujeto y el respeto a la voluntad democrática de sus ciudadanos y ciudadanas, incluso en el caso de que optasen por la constitución de un Estado independiente, son los mimbres sobre los que habría de consensuar su propuesta de resolución la mesa política. Consenso estratégico Es más. Las doctrinas partidarias no son el reflejo fiel de la pluralidad multilateral de la sociedad. Estoy seguro, por ejemplo, de que decenas de miles de votantes no nacionalistas optarían, en un escenario libre, por la independencia nacional, a sabiendas de las ventajas y progresos que esto traería y a pesar de no ser abertzales. Pero para comprobarlo es necesaria esa valiente propuesta consensuada para la superación del conflicto de carácter anticonstitucional. ¿Política ficción? Nada de eso. El futuro de España como proyecto nacional sólo se puede garantizar desde la superación de una constante que lo imposibilita desde su origen: la unión por la fuerza. Y parece que algunos se han dado cuenta. Habrá quien proponga participar de dicho proyecto y habrá quien no. La búsqueda de ese escenario está en marcha. ¿Quién apostaba en 2003 por un escenario como el actual? ¡Pachi López hablando de Nación! ¡Elorza de consulta! Fuera del Consenso queda la marginalidad totalitaria. Los no nacionalistas, que festejan el Día de la Raza, de la Hispanidad, ahora Fiesta Nacional, izando inmensas banderas españolas y reivindicando con fervor patriótico el crucial papel garante de la Unidad Nacional de las Fuerzas Armadas españolas, una minoría marginal en Euskal Herria, aunque eso sí, armada. –