Soy contrario a las armas, cualquiera que sea su especialización, no porque las cargue el diablo, que no existe, como no creo en su dios, sino porque las utilizan los malos. La mala gente, los países sin escrúpulos y por los que tienen el gatillo fácil. Malo me pongo cuando veo a un policía con […]
Soy contrario a las armas, cualquiera que sea su especialización, no porque las cargue el diablo, que no existe, como no creo en su dios, sino porque las utilizan los malos. La mala gente, los países sin escrúpulos y por los que tienen el gatillo fácil. Malo me pongo cuando veo a un policía con la pistola en la cartuchera.
Muchas certezas, dudas, afirmaciones y rectificaciones está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la venta de armas a Arabia Saudí. No es el único tema sobre el que rectifica. Primero, el Ministerio de Defensa mostró su intención de cancelar el contrato, algo que habría supuesto devolver los 9 millones de euros que el país saudí ya había abonado a España. Fue en 2015, con el popular Pedro Morenés como titular de Defensa, cuando España firmó la venta a Arabia Saudí de 400 bombas. Este mismo mes, la ministra Margarita Robles anunciaba la paralización de la venta. Finalmente el Ejecutivo ha decidido seguir adelante con la transacción. Moncloa redujo a una «declaración de intenciones» el anuncio de Defensa de frenar la venta. Margarita Robles ha pasado de ser fichaje estrella de Sánchez en el PSOE a ser desautorizada en el Consejo de Ministros donde ocupa un rol secundario.
El Gobierno se ha visto obligado a rectificar en la decisión ante la reacción del reino absolutista y la presión de los trabajadores de Navantia por la posibilidad de perder el proyecto para la construcción de cinco navíos, que suponen unos ingresos de alrededor de 1.800 millones de euros y 6.000 empleos. Presentar la cuestión de la venta de armas para la guerra o mantener los puestos de trabajo, es una trampa en la que no podemos caer. Los partidos en Cádiz han elegido trabajo. La elección, entre paz o pan, por usar palabras de Kichi o entre muerte y precariedad, si se eligen las palabras de la ONG, provoca contradicciones irresolubles en el plano local. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anuncia que ha acordado con Pedro Sánchez, «garantizar sin fisuras» el contrato de las corbetas con Arabia Saudí y, por tanto, los puestos de trabajo.
Las bombas vendidas a Arabia Saudí pertenecen al modelo Paveway. Han sido fabricadas por la empresa Raytheon en Estados Unidos y se trata de un artefacto que, según describe el propio Ministerio de Defensa, «permite aumentar la precisión de las bombas con un sistema económico y fiable» gracias a su guiado láser. Esta descripción viene a cuento por las declaraciones, convertidas en auténtico despropósito, de la ministra portavoz Celaá: «El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por tanto, no se van a equivocar matando a yemeníes«. Del sí al lo estamos estudiando, del no a declaraciones que no hubiera mejorado ni el propio Gila: «Me gusta la guerra porque puedo matar sin que me diga nada la policía«.
Tras días de anuncios esperanzadores y desesperanzadores, el Ministerio de Exteriores ha anunciado que no ha encontrado «ninguna irregularidad que impidiese poner en práctica» la entrega de las famosas 400 bombas. Además señaló que se trata un «armamento de precisión», guiado por láser, que «no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria«. Borrell no ha querido polemizar con su colega de Defensa, ni valorar si ha quedado desautorizada por la gestión. Lo cierto es que España casi duplicó la venta de armas a Arabia Saudí el año que estalló la guerra de Yemen. Entre palomas y gavilanes, están ganando los gavilanes.
El mundo sigue mirando hacia otro lado mientras la vida es aniquilada en Yemen, donde millones de personas están en peligro. Más de 6.000 civiles muertos. Más de 50.000 personas heridas. Tres millones de desplazados internos. Más de 22 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Más de 30 ataques aéreos que podrían constituir crímenes de guerra, que han causado muerte de personas en escuelas, mercados, hospitales o viviendas, según fuentes ofrecidas por Amnistía Intrnacional. Detrás de estas cifras hay otras terribles que esconden amistades peligrosas; entre 2015, año en que se iniciaron los bombardeos sobre Yemen y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros en material bélico. Que no nos confundan, mejor dicho, que no nos engañen. Con las armas que España vende a Arabi Saudí, se han cometido atrocidades en Yemen. Arabia Saudí ataca a vehículos civiles hospitales, colegios, mercados, bodas y funerales.
Moncloa trató de suavizar la decisión de Margarita Robles: «Defensa ha hecho una declaración de intenciones», aseguraban fuentes gubernamentales, que dejaban entrever que la decisión no se consultó previamente con los demás departamentos involucrados. Esas mismas fuentes subrayan que en el caso del armamento se produce un «cruce de competencias» que afecta a Defensa, Comercio, Exteriores y Hacienda.
La Resolución 2216 de la ONU fue apoyada por España y publicada el mismo año en el que se firmó el contrato de venta de armas a Arabia Saudí, sellado por el entonces presidente Mariano Rajoy y el jefe del Estado, Felipe de Borbón, La Resolución insta a los países miembros a «adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran armas». Un año después, el Parlamento Europeo señaló a la coalición liderada por Arabia Saudí como responsable de «ataques indiscriminados (en Yemen) contra la población civil, personal médico y trabajadores humanitarios» y mandó un mensaje a los países de la UE para que dejaran de suministrar armas al país saudita por las «graves acusaciones de incumplimiento de Derecho internacional comunitario de este país en Yemen».
ONG como Amnistía Internacional, Fundipay, Oxfam Intermón o Greenpeace han mostrado su preocupación por la decisión final de Defensa: «Nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra. Solo el cortoplacismo y los intereses de aquellos que nos quieren obligar a elegir entre paro y muerte pueden sentirse satisfechos (…), debe primar el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho internacional frente a cualquier otro argumento»
Ahora, la pelota está en el tejado del órgano interministerial que regula el comercio de Armas Marca España. El próximo día 19 de septiembre debe suspender las exportaciones que están pendientes, con carácter inmediato y no autorizar nuevas licencias, porque hay decisiones que matan.
Querer enfrentar a las víctimas de un conflicto bélico con las víctimas de la precariedad laboral es obsceno. Junto con las ONG humanitarias y de cooperación, ni por activa ni pasiva, quiero ser partícipe de atrocidades. Como ciudadano español, elevo mi protesta al Parlamento y al Gobierno, que tiene la gran oportunidad de pasarse al lado de aquellos que no quieren ser cómplices de crímenes de guerra, por decencia y dignidad.
@caval100
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