El pasado 2 de julio se firmó un nuevo Convenio Colectivo en Telefónica de España tras cinco meses de negociaciones y una conflictividad laboral en aumento. El convenio queda abierto en su punto más importante pero también deja nueve expedientes disciplinarios y una fractura de representatividad en los órganos sindicales y entre los sindicatos mayoritarios […]
El pasado 2 de julio se firmó un nuevo Convenio Colectivo en Telefónica de España tras cinco meses de negociaciones y una conflictividad laboral en aumento. El convenio queda abierto en su punto más importante pero también deja nueve expedientes disciplinarios y una fractura de representatividad en los órganos sindicales y entre los sindicatos mayoritarios de difícil recuperación.
Un convenio al gusto de la empresa
Desde un principio, allá por el mes de enero, se atisbó que el caballo de batalla en la nueva negociación colectiva iba a ser la pretendida reestructuración de los grupos laborales. Ante la dirección de la empresa se presentaban dos plataformas diferentes, una aprobada por la mayoría del Comité Intercentros (CCOO-4, UGT-4, STC-UTS-2) y otra por AST con diferentes puntos de vista de cómo se debía afrontar la negociación. Pero tal vez, lo más importante era la introducción en la primera de ellas de un punto en que se instaba a la empresa a reestructurar los grupos laborales por obsoletos y que los defensores de la segunda entendían innecesaria y peligrosa, ya que invitaban a la empresa a meter mano en la Normativa Laboral que tantos años de lucha había llevado conquistarla. La reincorporación a la empresa matriz de Terra y Data, con una estructura de grupos laborales más precaria, hacía necesaria una reordenación en estos colectivos pero peligraba el modelo si la dirección de la empresa intentaba implantar el de las empresas reincorporadas al resto de trabajadores. Algo que desde AST (1 en el CI), CGT (1) y CoBas (1) se entendía iba a ser así y no lo concebían como una reivindicación de los trabajadores en la Mesa de Negociación, a la vez que el CI lo admitía entre sus cláusulas confiando en su poder de negociación. Otros puntos, como la vigencia del convenio, la garantía de empleo, el mantenimiento del poder adquisitivo, la teleformación, el teletrabajo… hicieron imposible una plataforma de consenso y de mínimos que presentar ante la dirección de la empresa. Y se presentaron las dos.
Quedaba por llegar el documento de la empresa. En él, desde el principio, se comprobó la pretensión última de reestructurar los grupos laborales aprovechando la integración de los trabajadores de Data y Terra. Pero adaptando a los 25.000 trabajadores de Telefónica de España a las condiciones laborales de los de estas empresas. De 34 grupos laborales se pasaba a tres y, con ello, la Normativa Laboral quedaba prácticamente anulada al invalidar más de 150 puntos de su articulado. Además, la reestructuración laboral llevaba aparejada una nueva ordenación salarial en la que, por término medio, se reducía el salario fijo en un 30%, que pasaba a ser parte variable y a percibir dependiendo del puesto de trabajo desarrollado y la consecución de objetivos. Se trataba, ni más ni menos, que de la precarización del trabajo indefinido en Telefónica con unas consecuencias fatales para los trabajadores como la drástica reducción de la base para las subidas anuales por el IPC o la incertidumbre salarial al depender de informes de mandos medios, el trabajo realizado (en una empresa con continuas reestructuraciones organizativas), la consecución de objetivos… Y además, como chantaje, establecía que de no aceptarse este punto por la representación social se negaría a negociar el resto de cláusulas del nuevo convenio.
El rechazo fue unánime, no solo por parte de los sindicatos sino por las asambleas de trabajadores y se exigió a la empresa la retirada inmediata de esa cláusula. Fue entonces cuando comenzó el juego del gato y el ratón. Mantenerla, quitarla, esconderla, subida de medio punto, consolidación de masa salarial, horario europeo… una serie de rectificaciones en cinco documentos presentados por la dirección de la empresa a lo largo de las trece reuniones de la Mesa Negociadora. Y que consiguió, en parte, lo que la empresa pretendía: eludir las reivindicaciones de los trabajadores otorgando el protagonismo al punto estrella de su propuesta y la progresiva aceptación de esta por parte de la representación de los trabajadores. Pero la firma del convenio también se libraba en la calle y en las asambleas de trabajadores debidamente informados, al menos en las grandes capitales de provincia, tras las reuniones de la Negociadora. Cinco jornadas de huelga secundadas por el 60% de la plantilla y dos manifestaciones en Madrid que reunieron a más de 3000 trabajadores ante la sede de Gran Vía consiguieron los continuos maquillajes del documento de la empresa y los titubeos de las cúpulas sindicales a la hora de estampar la firma.
Este «ruido laboral» impedía la firma del Convenio, algo ya decidido desde hacía tiempo por las direcciones sindicales nacionales y que había quedado plasmado en febrero de 2007 en el Acuerdo Marco firmado junto a la CEOE y CEPYME para la negociación de los convenios colectivos. De hecho, la dirección de la empresa presentaba una plataforma que se basaba en las directrices de ese documento, y así lo expresaba en las diferentes reuniones e informaciones a la plantilla. Pero para aceptar el «trágala», la reestructuración de grupos laborales quedó escondida en una mesa abierta de negociación permanente para desarrollarla a lo largo de la vigencia del convenio. Mesa circunscrita exclusivamente a la dirección de la empresa y los sindicatos proclives a la aceptación del nuevo modelo, pero que transgredía la sentencia del Tribunal Supremo sobre el convenio anterior por excluir de estas mesas a parte de la representación sindical. Y, por otro lado, establecía, como una concesión, el mantenimiento durante el convenio del modelo laboral actual para los trabajadores de Telefónica pero establecía el nuevo para los de Terra, Data y los de nueva incorporación. Pero esto también vulneraba la reciente sentencia del mismo Tribunal contra la empresa Repsol por la firma en convenio de la doble escala salarial para los trabajadores con idénticas funciones. No obstante, la aceptación del modelo, aún solo para parte de la plantilla, suponía la introducción en las relaciones laborales de esta nueva filosofía contractual y que, tarde o temprano, sería aplicada a la totalidad de los trabajadores.
Crisis sindical
Y el Convenio se firmó, a pesar del «ruido laboral» y del «ruido sindical». Porque sindicalmente puede suponer una victoria pírrica para las tres organizaciones firmantes. Las movilizaciones convocadas durante los meses de mayo y junio por AST, CGT, CoBas, CIGA, ELA, LAB, ESK y En Construcció fueron secundadas no solo por la mayoría de los trabajadores sino por gran parte de la afiliación de CCOO, UGT y UTS-STC, contrarios a la firma del Convenio si no era retirada previamente la cláusula sobre nuevos grupos laborales. El cisma también se vivía entre los representantes de estas organizaciones e, incluso, el Comité Intercentros se oponía a la celebración de un referéndum entre la plantilla previo a la firma.
Especialmente grave ha sido el papel que CCOO ha representado durante estos meses. Involucrados en una nueva crisis interna, el mensaje que han transmitido a la plantilla ha sido de lo más ambiguo: contrarios a la firma del convenio unos, a favor otros, un congreso de por medio para elegir los dirigentes solventado a tortas, la presión de los afiliados por abajo y la constante amenaza de la firma por parte de sus cúpulas por arriba. Todo ello se traducía en una llamada a las movilizaciones entre los trabajadores… ¡para que sus delegados no firmaran! La consulta a sus afiliados se saldó con más del 90% en contra de la firma en esas condiciones pero eso no fue impedimento para que sus representantes en la Mesa Negociadora no solo firmaran sino que el del Comité Intercentros declarara que el Convenio era el mejor de Telefónica de los últimos 20 años.
UGT fue quien más claro tuvo desde el principio que había que aceptar el documento presentado por la dirección de la empresa. Su opacidad interna no dejó entrever las más que seguras contradicciones pero la defensa de la firma contrariaba la opinión de sus delegados en las asambleas de trabajadores en su endeble ataque al nuevo modelo de estructuración laboral. En un alarde de democracia interna también convocó una consulta entre sus afiliados para decidir su postura ante el nuevo convenio. Solo el 30% de la afiliación se opuso pero los que se decidieron por la no participación en la consulta fueron añadidos a la lista de los favorables a la firma con el peregrino argumento de que si no habían acudido a votar era porque estaban de acuerdo con la dirección del sindicato de rubricar el nuevo convenio colectivo.
Y el tercero en discordia, UTS-STC, también sale escaldado. Contrarios a la firma desde la sección de Madrid, participando en las movilizaciones, otorgando sus votos en el Comité de Empresa… pero sin el respaldo de su dirección estatal ni en el resto de provincias. El 70% de sus delegados votaron en congreso la firma del Convenio colectivo mientras sus banderas ondeaban en las manifestaciones en su contra.
El calado que han tenido estas disputas internas ha sido enorme. Y de hecho, incluso, una cláusula del nuevo convenio recoge la administración de los delegados sindicales provinciales (léase los díscolos de Madrid y Barcelona) dando esa competencia a las direcciones estatales. ¿Cabe mayor capitulación que el sometimiento de las designaciones internas sindicales a la firma de un convenio con la empresa?
La firma del convenio cierra la puerta en falso
El Convenio va a ser recurrido ante los tribunales por excluir de las mesas de negociación a parte de la representación sindical, tal y como sentenció el Supremo sobre el convenio anterior. Eso supondría que esas negociadoras no podrían constituirse y, de esa manera, se evitaría el desarrollo de los nuevos grupos laborales como así pretende.
Además deja abierta una crisis de representatividad solo un año después de las elecciones sindicales. El rechazo de la mayoría de la plantilla, y de gran parte de la base social de los propios sindicatos firmantes, a la firma del convenio evidencia la enorme distancia existente entre los trabajadores y las cúpulas sindicales más pendientes de mantener su propio status que de los intereses de los que dicen representar. La participación en los beneficios de la gestión del Plan de Pensiones, los despachos, los liberados, las subvenciones… exigen el pago de esta servidumbre. Y parece el momento idóneo para promover una recogida de firmas entre los trabajadores para repetir las elecciones sindicales e intentar renovar el Comité Intercentros y, con él, las mesas negociadoras que se puedan abrir. Un 50% de firmas en cada provincia permitiría la repetición de los comicios en esa provincia.
Pero sobre todo deja abierta una conflictividad que se prevé de larga duración. Una concentración en el edificio de Las Tablas ante los locales vacíos de UGT y CCOO y convocada por el Comité de Empresa de Madrid (y en el que ambos ostentan la secretaría y la presidencia respectivamente) se saldó con un cristal roto. El día de la firma del Convenio, el representante estatal de CCOO no solo lo firmó sino que requirió a la dirección de la empresa para que sancionara a los responsables de los hechos. Como ejemplo, el abandono de las tres organizaciones firmantes de la mesa cuando tocó intervenir a los representantes de AST y CGT, al «negarse a hablar con violentos». Algo que se ha venido repitiendo en las siguientes reuniones del Comité Intercentros.
Pero esta criminalización de quienes se pusieron al frente de la ira de los 2.000 trabajadores concentrados ante los locales vacíos de los sindicatos ha sido la predecesora de los nueve expedientes disciplinarios impuestos por la dirección de la empresa a seis afiliados de AST, uno de CGT, uno de CoBas y uno de UTS-STC. Faltas muy graves que pueden acarrear el despido pero que enrarecen el clima laboral ya no solo entre los sindicatos sino para la propia empresa, que esperaba la firma del convenio para ir introduciendo sus propuestas y se va a encontrar ante los tribunales, ante unas presumibles elecciones sindicales y, con toda seguridad, ante los trabajadores, contrariados por la firma de un Convenio Colectivo que les dirige hacia un recorte en sus derechos laborales y muy sensibilizados ante la agresión que han sufrido quienes han canalizado, a lo largo de las negociaciones del nuevo Convenio Colectivo, su desencanto.
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Luis Miguel Busto Mauleón es delegado sindical de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST)