Una de las tendencias menos felices de las reformas en Cuba es la inestabilidad en las regulaciones y en los plazos de evaluación y ajuste. Esto genera incertidumbre respecto al fomento, competencias, consolidación y expansión de las formas de propiedad y gestión económica que contempla el modelo de desarrollo. El caso más significativo (y paradójico) […]
Una de las tendencias menos felices de las reformas en Cuba es la inestabilidad en las regulaciones y en los plazos de evaluación y ajuste. Esto genera incertidumbre respecto al fomento, competencias, consolidación y expansión de las formas de propiedad y gestión económica que contempla el modelo de desarrollo.
El caso más significativo (y paradójico) es el de las cooperativas no agropecuarias, cuyas adecuaciones más recientes se enunciaron en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Más allá de una valoración específica, reiteran que las cooperativas no agropecuarias nacieron «torcidas» y los ajustes en el camino, por más que lo pretendan, no lograrán enderezarlas si no se revisan las fallas de origen.
El primero de ellos es que surgieron para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios, que no se consideren principales. Es decir, no se concibieron como una fórmula alternativa en la que productores y productoras gestionen directamente la propiedad social y potencie valores de cooperación, reciprocidad y responsabilidad social. No se retoma el espíritu del artículo 20 de la Constitución en el cual la «propiedad cooperativa (…) constituye una forma avanzada y eficiente de producción socialista».
En segundo lugar, el carácter experimental que se le confiere incrementa la incertidumbre sobre su futuro, conjugado con el entuerto administrativo establecido para su aprobación y el congelamiento de facto en el que se encuentra.
Todo lo anterior redunda en el carácter paradójico del proceso. Si bien las cooperativas, por su proyección social, tienen preferencias en cuanto a impuestos, acceso a créditos, insumos, entre otras ventajas, y se reitera que son parte constitutivas del modelo, en la práctica resultan un sí… pero no. Un cúmulo incesante e incomprensible de escollos entorpece su desarrollo. Esto puede responder a que, o no se comprenden a cabalidad los alcances y sentidos del cooperativismo, o no se quiere asumir su verdadera dimensión: concreción del empoderamiento de la clase trabajadora.
Una tercera falla de origen es lo que pudiéramos denominar tratamiento de empresa estatal recibido. Más del 75 por ciento de las aprobadas provienen del sector estatal. Es decir, son inducidas, lo que pone en tensión la potencial evolución de los principios cooperativistas, entre ellos, la gestión democrática por parte de los asociados/as, el interés o compromiso con la comunidad y, sobre todo, la autonomía e independencia respecto a otras formas productivas.
Al indagar en este particular vemos que en el acápite concerniente a los órganos de dirección, previstos en el decreto ley que las regula, se definió la figura de Presidente de la Asamblea de Asociados que, dada las prerrogativas contempladas, se convierte en un órgano casi unipersonal. El mismo ejerce la representación, sin límites declarados, frente a los propios socios y a terceros, así como la potestad de suscribir contratos. Con sus actos puede afectar a la cooperativa y a los cooperativistas, lo que se concreta no solo en casos de ingresos excesivos para los directivos, sino en robos, relaciones jerárquicas y subordinación del resto de los miembros de la asociación productiva.
¿Por qué reproducir los roles directivos centralizadores de la empresa estatal? ¿Por qué estimular la subjetividad de dueño de facto también presente? ¿Si la Asamblea es el órgano principal de dirección del que dimanan las decisiones y su control, por qué otorgar tales prerrogativas a su Presidente?
Los indicios de tratamiento de empresa estatal se refuerzan en que el Presidente de la Asamblea lo es, a su vez, de la Junta Directiva; y en esa condición propone o exige que se adopten las medidas necesarias para que se cumplan recomendaciones de actores externos a la cooperativa y controle su cumplimiento. ¿Es una manera novedosa de repetir el esquema de representante de los trabajadores y el no control directo de estos? ¿Será una fórmula nueva para reproducir el control burocrático sobre las unidades productivas?
Al conocer las alarmas respecto a la conducta de algunos directivos de cooperativas, y al tener delante estas distorsiones originarias, no ha de extrañar que algunos asuman actitudes y decisiones de dueño privado, o que reproduzcan las relaciones omnipotentes de un director/a de empresa. ¿Qué debe cambiar, esencialmente, para que esta distorsión no continúe «torciendo» el árbol?
Si el problema, como parece, es estructural (en forma y contenido), la solución debe tener el mismo enfoque. Para «enderezar» el árbol, los órganos de dirección de las cooperativas deben ser reformulados. Lo cual resulta necesario, pero no suficiente. Las cooperativas tienen un principio educativo, cuyo enfoque es ético, político y democrático. Su alcance y complejidad se resume en un enorme reto cultural. Un cambio en las maneras de comprender las relaciones productivas que no se decretan, se aprenden en un proceso formativo, fruto de una transparente y permanente intencionalidad política.
La formación no se reduce a programas de preparación, con prioridad para sus directivos, donde se privilegian temas como la gestión de negocios, el sistema de contabilidad y la organización del sistema de control interno. La formación implica, además y esencialmente, el conocimiento, uso y defensa de los derechos de sus miembros, quienes deben estar en condiciones de ejercer, desde el consentimiento informado, las nuevas relaciones productivas. Formación que implica aprender, en la práctica, el control y enraizamiento de los derechos.
La formación ha de contribuir, igualmente, a cumplir el principio de que cada socio o socia es un voto, con independencia del rol que ocupe. Voto desde el cual, al ejercer la soberanía conscientemente, se acorrale a la corrupción, a los feudos privados y a las jerarquías indecentes. Tales hábitos tienen dos rivales de consideración: la transparencia en el uso de la información y el control colectivo.
Es por ello que los asalariados/as deben ser los más interesados en crear cooperativas, ya que las relaciones salariarles son un contrasentido allí donde se colegia en asamblea la distribución de las utilidades. De esta manera, será posible aspirar a que un «presidente/dueño/director» no reciba catorce veces más ingresos que los operarios, a que las funciones administrativas no sean más importantes que las productivas, y que la soberanía de la Asamblea ponga límites a sus representantes.
Si bien las cooperativas inducidas enfrentan muchas dificultades, no hay porque renunciar al intento de crear en esa transición relaciones más justas y eficientes. Sería sano valorar también sus logros y resaltar ejemplos de buenas prácticas existentes. Sin embargo, deberán incrementarse las cooperativas creadas por grupos motivados (tampoco libres de pecado). Y desde esa lógica estimular experiencias productivas en las comunidades, sobre todos en aquellas en franca desventaja.
Ha de comprenderse que el sentido de la cooperativa no es descargar al Estado, sino contribuir a la modificación de paradigmas económicos enquistados en el sentido común. Esos que lastran la búsqueda de relaciones más justa por su alcance social, ético y democrático: espíritu de la organización productiva cooperativa.
En una revisión integral de este asunto, sería deseable otorgar autonomía a los gobiernos locales para la aprobación de estas, así como la creación de una entidad que, al tiempo que coordine, viabilice y proteja de toda distorsión esta forma de gestión, honre los principios cooperativos en su modo de funcionar. El apego a esos principios implica entender que la cooperativa no es una empresa estatal, ni privada, y que no hay jerarquías entre directivos y productores dentro de la gestión democrática, sino mandato colectivo, responsabilidad mutua y comunión de intereses. Lo contrario será siempre un árbol torcido.
Fuente: http://cubaposible.com/arbol-nace-torcido-cooperativas-no-agropecuarias/